Isabel Díaz Ayuso no se ha quedado indiferente tras el acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. La líder madrileña llevaba tiempo cortejando al votante latino, apelando a la thought de hispanidad o al “Madrid de todos los acentos” como guiño a la nueva realidad demográfica en su región. Sin embargo, la ultraderecha ha logrado generar contradicciones en ese relato, forzando al PP a defenderse e incomodando nada menos que a Ayuso.
Se pudo intuir con la rapidez con la que reaccionó la presidenta de Madrid tras hacerse público el pacto por parte de María Guardiola: afirmó que la “prioridad nacional” de la que habla Vox no period authorized. Por un lado es cierto que, en basic, no se puede discriminar por nacionalidad en el acceso a servicios públicos —sanidad, educación…— o para la obtención de ayudas. Por otro, el matiz está en los requisitos administrativos. Por ejemplo, el PP asume en el acuerdo extremeño la exigencia de 10 años de empadronamiento para acceder a la compra de una vivienda pública, y cinco para el alquiler, además de otorgar puntos por arraigo (trayectoria de cotización o familiares en la región). Ahora bien, podría darse el caso de que un nacido en el extranjero cumpliera los requisitos y accediera antes a la vivienda que un catalán recién llegado a Cáceres, dejando las presumibles intenciones del pacto de Vox en papel mojado, paradójicamente.
Sin embargo, el objetivo inmediato del partido de Santiago Abascal no parece tanto su aplicación inmediata —en Extremadura el fenómeno migratorio es de poca magnitud y no es una región con la vivienda tensionada— como el mensaje político. Para la ultraderecha es una victoria que Alberto Núñez Feijóo haya salido a negar la idea de la “prioridad nacional”: buscan presentar al PP como una formación más preocupada por los inmigrantes que por los nativos. El rechazo de la izquierda al acuerdo sirve incluso a Vox para reforzar ante sus seguidores la impresión de que el bipartidismo no defiende a los “de aquí” frente a los “de fuera”. El caso es que el acuerdo extremeño llega en un momento essential para Abascal. Su formación ha experimentado un importante crecimiento en los últimos tiempos, pero parece haberse frenado en las encuestas. Que Vox haya decidido ahora entrar en gobiernos regionales, cuando parecía apostar por seguir creciendo a lomos del malestar, rinde cuenta de cierta debilidad: necesitan mostrar utilidad a sus votantes, porque lo contrario es arriesgarse a caer en la irrelevancia.
En el corto plazo, el pacto en Extremadura —y el alcanzado este mismo miércoles en Aragón, un calco del extremeño en el principio de “prioridad nacional”— tiene consecuencias. Mientras el Gobierno de España impulsa la regularización de migrantes, Vox atenaza al PP en un momento en que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, lucha por mantener la mayoría absoluta. Se aplica aquí la teoría de la manta corta: si Moreno se alinea con los socios de su partido, da aire a la izquierda andaluza; si no, refuerza a la ultraderecha en su región.
Pese a ello, la pieza de caza mayor para Vox no es hoy Andalucía, Aragón o Extremadura, sino el Madrid de Ayuso: el partido de Abascal aspira a romper su mayoría absoluta. La ultraderecha combina su rechazo a la inmigración en dos planos. El primero, una retórica antiélites frente a la idea de la “miamización”: es la percepción de que Madrid se está convirtiendo en un territorio para gente con dinero, con independencia de su nacionalidad. Sostiene algo parecido Más Madrid, cuando habla de una región “robada” por los poderosos o los inversores, sin citar origen. Por otro lado, Vox ha lanzado una potente campaña en el sur de la ciudad, apelando a los barrios humildes con mayor población migrante. Es ahí donde dirige su consigna de que “los españoles primero”, intentando azuzar una supuesta injusticia. El objetivo es movilizar a la base social de la ultraderecha y lanzar la thought de que, cuanto más fuerte sea su partido, mayor será su capacidad de presión en eventuales comicios nacionales para impulsar políticas en esa línea.
Tanto es así que la segunda batalla de Vox pasa por forzar al PP a reformar la Ley de Extranjería para materializar la “prioridad nacional”. Ahora bien, no es cierto que ello vaya a permitir discriminar a los inmigrantes por nacionalidad; en todo caso, la preferencia operaría entre ciudadanos comunitarios —de la Unión Europea— y extracomunitarios. Sin embargo, Abascal ha configurado el tablero regional en esa clave, supeditando parte de sus exigencias a la formación de un eventual Gobierno nacional. La paradoja es que Vox ha logrado que Ayuso aparezca también en una especie de dilema —ficticio, pero inducido— entre colectivos de voto. En realidad, la presidenta madrileña había impulsado ya una ley —que entrará en vigor en julio— con requisitos similares a los de Extremadura para acceder a viviendas de protección oficial, con la diferencia de que evita hablar de “prioridad nacional”; se centra en los baremos que favorecen a quienes llevan más tiempo en la región —sean inmigrantes o autóctonos—. Y pese a ello, la ultraderecha desafía a Ayuso, cuando cada vez hay más voces que piensan que hasta Abascal querría lograr que le apoyaran también los madrileños latinos.
