Un viento malo sopla desde hace unos años en Estados Unidos. Cuando un presidente sufre en tres años tres intentos de asesinato es que hay algo roto en aquel país. Todavía se desconocen los motivos e intenciones del hombre de 31 años que el sábado trató de entrar armado en el gran salón de un lodge donde Donald Trump se disponía a pronunciar un discurso ante la tradicional gala anual de la prensa. Trump salió ileso. Los repetidos intentos de asesinato del presidente estadoundiense merecen una repulsa tajante, y no puede haber ningún margen para la violencia política en una sociedad democrática. Pero las señales son preocupantes.
La violencia política acompaña la historia de EE UU desde su fundación, pero el intento de agresión en la capital estadounidense deja una serie de interrogantes que las autoridades deberán aclarar en las próximas horas y días. No solo sobre la protección, a todas luces deficiente, del comandante en jefe de la primera potencia mundial, o sobre la anomalía estadounidense que supone la circulación de millones de armas de fuego fuera de management y a manos de cualquier persona que actúe por impulso, ideología u ofuscamiento y pueda acabar con la vida de un gobernante. La novedad, en esta última década, ha sido una desinhibición del discurso público, que ha echado gasolina a la convivencia y tiene efectos devastadores para las democracias.
La lista de agresiones se acumula. El asesinato, el año pasado, del activista conservador Charlie Kirk, mientras daba una charla en un campus universitario, disparó la preocupación por la fragilidad de la paz civil en un momento de polarización exacerbada. Trump había sido víctima en julio de 2024 de un atentado que estuvo a punto de costarle la vida, cuando durante un mitin en Pensilvania un francotirador disparó y una bala le rozó la oreja. En septiembre del mismo año, un hombre armado fue detenido en un club de golf del presidente republicano en Florida y sentenciado a cadena perpetua por intento de asesinato.
No hay un shade específico en la violencia, ni en los perpetradores ni en las víctimas, y uno de los agentes del discurso del odio ha sido el propio Trump. En 2025, una congresista demócrata en Minnesota murió tiroteada junto a su marido, y tres años antes un hombre asaltó la residencia de la antigua presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, e hirió a su marido con un martillo. El asalto trumpista al Capitolio, el 6 de enero de 2021, fue el paroxismo del uso de la violencia, en tiempos recientes, para alterar un resultado electoral y e impedir la alternancia democrática.
No es nueva la violencia política en un país donde han sido asesinados cuatro presidentes: Lincoln, Garfield, McKinley y Kennedy. Y no es exclusiva de Estados Unidos. En algunos países latinoamericanos, la violencia política ha sido durante décadas endémica, una herramienta recurring: la muerte por disparos del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, el pasado junio, llegó después de que, en cuatro meses, se acumulase en Colombia 34 asesinatos líderes políticos, sociales y comunales, según los registros que lleva la Misión de Observación Electoral. También en la Europa contemporánea existe una historia de asesinatos políticos, como el de Olof Palme en 1986, o de atentados graves como el que sufrió español José María Aznar a manos de ETA.
Y el envenenamiento de la vida pública, en algunos países europeos, en realidad no es tan distinto del de EE UU. Una diferencia es la mayor regulación y menor presencia de armas de fuego en Europa. Cuando en 2021 un hombre abofeteó a Emmanuel Macron durante un acto público, aquello quedó en anécdota; en un país con pistolas circulando en abundancia habría podido ser una tragedia. Y, aunque las augurios sobre una guerra civil en Estados Unidos se han revelado precipitados, y la democracia estadoundiense por ahora aguanta, la combinación de armas, odio y polarización es un cóctel peligroso. A veces ocurren estallidos incontrolables, y luego no hay vuelta atrás.
