360.000 viviendas más de protección pública, en venta o alquiler, podríamos tener hoy en España si el Gobierno no hubiera ido, estos años, como pollo sin cabeza ante el principal problema de las clases medias y trabajadoras. Eso, suponiendo dos primeros años para preparar la imprescindible infraestructura jurídica, orgánica y de suelo en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y, en paralelo, se podría haber construido, en el mismo plan, otras 1.400.000 viviendas libres con las que se hubiera cubierto la brecha existente hoy entre oferta y demanda, rebajando la precise tensión que manifiestan los precios.
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