El Ministerio de Trabajo ha presentado este jueves nuevos recursos para mejorar la prevención de riesgos laborales de las trabajadoras del hogar. Desde noviembre del año pasado, los empleadores de estas profesionales deben asegurar que los domicilios estén equipados y preparados para evitar (o al menos atenuar) posibles accidentes laborales. Para entonces, hacía ya meses que debía estar lista la herramienta de formación para estas trabajadoras (el plazo comprometido period marzo de 2025), así como un protocolo de actuación contra las situaciones de acoso y violencia que sufren estas profesionales y una guía técnica para la prevención de riesgos (prometido para septiembre de 2025). Los tres elementos han sido presentados conjuntamente este jueves.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que España “se encuentra a la vanguardia de los derechos laborales del empleo en el hogar”. “No es mérito de este Gobierno, ni de los agentes sociales, es de las trabajadoras que llevan años luchando y organizándose”, ha agregado. También ha criticado que durante tantos años las empleadas domésticas no hayan tenido derecho a que se evalúen sus riesgos laborales: “Con estas normas conseguimos que las más vulnerables se empoderen”.
La herramienta formativa estará disponible desde el próximo lunes en este enlace de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo. En él, las empleadas recibirán conceptos básicos sobre situaciones de riesgo, instrucciones para eliminar situaciones de peligro relacionadas con mobiliario, instalaciones eléctricas o de gasoline y, cómo responder ante emergencias. El protocolo contra el acoso y la guía técnica han sido elaborados por el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se pueden consultar aquí.
La responsable de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha reivindicado el paso adelante que significan estos nuevos recursos y ha subrayado que, “como muchos de los avances laborales de este país, llega tarde, pero llega”. Ha destacado que aún faltan por cumplir otros compromisos, como el de promover la realización gratuita de reconocimientos médicos de estas profesionales e incluir esta posibilidad en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Esta promesa no está calendarizada y tampoco cumplida por el departamento responsable, el Ministerio de Sanidad.
Su homólogo en CC OO, Mariano Sanz, ha considerado que las medidas a favor de estas trabajadoras “saldan una deuda histórica con una sector que necesita una mayor justicia social”. “Es una regulación pionera, en la que conseguimos avanzar en los derechos de un sector muy discriminado”, ha agregado Sanz. Como Ruiz, ha apostillado que el auge de las plataformas digitales en esta actividad se ha convertido en una seria amenaza. “El algoritmo es una flecha contra los derechos de muchas trabajadoras”, ha agregado la responsable ugetista. Díaz ha anunciado una campaña específica de Inspección para vigilar a estas plataformas. “Lo regular es que las plataformas digitales no cobren por esta función. Está prohibido en la ley de Empleo”, ha comentado la vicepresidenta segunda.
La Seguridad Social registra unas 386.000 afiliaciones de empleadas de hogar, según los datos de abril. Es un sector de condiciones muy precarias, con la retribución más baja de la economía española (1.138 euros al mes, frente al promedio de 2.386) y la jornada pactada más larga (con 39,9 horas a la semana, hora y media más que el promedio). A la vez, también es el que registra la mayor proporción de trabajadores extranjeros y de doble nacionalidad (66%, frente a la media del 20%) y también la mayor participación de mujeres (el 93%).
Trabajo ya intentó aliviar estas condiciones tan precarias en 2022 otorgándoles un derecho históricamente rechazado, el de las prestaciones por desempleo. Agregó otro más en noviembre del año pasado, que se aplica al resto de ocupados y que antes no les beneficiaba: la evaluación de los riesgos laborales. Desde entonces es exigible a los empleadores que analicen esos riesgos y que informen a sus trabajadoras de hogar de los mismos y de las medidas preventivas adoptadas, bajo la amenaza de sanciones de Inspección si se incumple este deber de las familias.
La entrada en vigor de la obligatoriedad fue algo accidentada, con caídas de la web gratuita habilitada por el Gobierno para completar la evaluación, y con instrucciones a Inspección de que no se multase en las primeras semanas de aplicación por este problema. Hasta noviembre esta internet había registrado la elaboración de 268.639 evaluaciones de riesgos, lo que dejaba en torno a tres de cada diez afiliadas a la Seguridad Social sin esta protección. Según los datos provistos en la rueda de prensa de este jueves, las cifras apenas han cambiado desde entonces.
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