El ex ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García acusan el cansancio. Están internados en la prisión de Soto del Actual. Desde el pasado 7 de abril se levantan a las cinco de la madrugada para trasladarse a las sesiones matinales en la sede del Tribunal Supremo, en el centro de Madrid, donde se les juzga por un ramillete de presuntos y graves delitos: cohecho, pertenencia a organización prison, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
También se sienta en el banquillo Víctor de Aldama, comisionista y presunto conseguidor de la trama. Se le ve más relajado. Aldama cooperó con la justicia y se enfrenta a una pena menor, siete años de cárcel frente a los 19 y medio que la Fiscalía pide para Koldo García. El Ministerio Público reclama nada más y nada menos que 24 años para Ábalos, el otrora poderoso ministro de Fomento.
El juicio ha alcanzado ya las seis sesiones por las que han desfilado una cincuentena de testigos que han sido interrogados por las defensas y las acusaciones sobre diversas cuestiones, porque las actividades de la presunta trama discurrieron por derroteros bien distintos. Durante esta semana se ha abordado el meollo del asunto que ha llevado a los reos al banquillo: la contratación irregular par aobtener mascarillas en plena pandemia.
El caso mascarillas
La instrucción del caso concluyó que los miembros de la trama se enriquecieron gracias a las comisiones que cobraron por la compra de mascarillas durante la pandemia del coronavirus. La tesis de la acusación estriba en que al declararse el Estado de alarma, los acusados vieron una oportunidad de sacar tajada. Aldama, como conseguidor, habría contactado con una empresa que importaba mascarillas de China, Soluciones de Gestión. Junto a Koldo García habría organizado una compra masiva, que Ábalos habría autorizado gracias a sus poderes ministeriales.
En realidad habrían sido dos las compras. La primera, de ocho millones de mascarillas se realizó a través e Puertos del Estado y se puso en marcha el 19 de marzo de 2020 de forma urgente que permitía evitar los contrales habituales existentes en la contratación pública, algo que permitía de forma excepcional el decreto de declaración del Estado de alarma, dictado solo unos días antes, el 12 de marzo de 2020. La segunda se realizó en abril a través de Adif y fue de cinco millones de mascarillas. Ambos contratos se adjudicaron a Soluciones de Gestión.
Por el estrado han pasado distintos testigos que han corroborado la existencia de estos dos contratos de compra de mascarillas. Pero el testimonio clave ha sido el de Juan Manuel Gómez, que period subsecretario en el Ministerio de Fomento en aquel momento. Gómez relató que el 19 de marzo se le encargó la compra de las mascarillas. Tras estudiar las necesidades, propuso comprar cuatro millones calculando que durarían 15 días. Koldo García le dijo que el adjudicatario sería Soluciones de Gestión, pero no le informó de “cómo le había llegado la oferta”.
El subsecretario redactó el contrato y lo tuvo listo al día siguiente. El ministro lo firmó, pero “luego Koldo dijo que había que cambiarlo porque Soluciones de Gestión había dicho que eran ocho millones de mascarillas o nada”. Se hizo un nuevo contrato por ese volumen y Ábalos lo firmó de forma definitiva.
En abril, el Ministerio decidió realizar un nuevo pedido de mascarillas. Optó por hacerlo a través de Adif y no de Puertos del Estado. El testigo Michaux Miranda, que entonces period responsable de private de Adif, declaró que se le encargó realizar la compra de cinco millones de mascarillas y que la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, le habló de Soluciones de Gestión “sin plantear ninguna otra oferta”.
Todos los cominos conducen a Koldo, porque Pardo de Vera explicó ayer ante el Tribunal que fue el ex asesor de Ábalos quien le habló de esa empresa y le comentó que ya había suministrado mascarillas para Puertos del Estado. Otro empleado de Adif, Francisco Toledo, relató ayer que había “otra oferta” mucho más económica, pero que, al last, se decidió contratar el suministro de mascarillas con Soluciones de Gestión.
Los pagos
La existencia de los contratos de mascarillas ha quedado acreditado con la prueba testifical que se ha evacuado hasta el momento. Pero las presuntas comisiones todavía no han salido a relucir. Sin embargo, sí se habló en las primeras sesiones del juicio de los pagos indebidos a los que apuntaba el juez teacher, Leopoldo Puente, quien considera que Aldama daba 10.000 euros al mes a Koldo García y que este los repartía con Ábalos. A veces, Aldama no disponía de efectivo suficiente en España y realizaba las entregas en República Dominicana.
En la sesión inaugural del juicio declaró Joseba García, hermano del exasesor. Explicó que viajaba con frecuencia a Santo Domingo (República Dominicana) para conocer a su novia (la relación sigue funcionando) y que en alguna ocasión estando en la capital le pidieron que fuera a Punta Cana a recoger un sobre cuyo inside no miró. Una testigo, empleada de una empresa de un socio de Aldama en República Dominicana, concretó que se vio con Joseba al menos en dos ocasiones en Punta Cana y le entregó sendos sobres con 10.000 dólares en el inside de cada uno.
La abogada de Koldo García aprovechó el interrogatorio de Joseba para preguntarle si había recogido sobres con dinero en la sede del PSOE y Joseba aseguró que sí, en varias ocasiones, pero insistió en que no los abrió pues no es esa su costumbre. Y la ex mujer de Koldo, Patricia Úriz, declaró que también había ido a la sede de los socialistas en la calle Ferraz de Madrid a recoger sobres con dinero.
En cambio, Carmen Pano explicó que ella había ido a la sede del PSOE a entregar dinero por encomienda de Aldama. En concreto, Pano aseguró que hizo dos entregas de 45.000 eros cada una. Su chófer corroboró una de las entregas en la que estuvo presente. Pano trabajaba en Villafuel y esa es otra historia.
Villafuel
Varios testigos como Pano y su hija Leonor González, han relatado que la empresa Villafuel, propiedad de Claudio Rivas, quería conseguir una licencia para operar en el mercado de los hidrocarburos, pero no cumplía los requisitos para obtenerla. Pano presentó a Rivas y Aldama, quien habría utilizado su cercanía con Koldo y Ábalos para conseguir una cita a Rivas en el ministerio de Industria. A cambio, el ministro pidió un chalet y Villafuel le alquiló con opción a compra a través de otra empresa, Have gotten time, una casa en La Alcaidesa (Cádiz).
El piso de Jéssica
La de La Alcaidesa no es la única casa que ha salido a colación durante las seis sesiones de este juicio, que concluirá el próximo 30 de abril. Jéssica Rodríguez, ex novia de Ábalos, explicó que el ministro alquiló para ella un piso de lujo en la plaza de España de Madrid. Un socio de Aldama testificó que él se encargaba de pagar el alquiler “porque Aldama me lo pidió y es como mi hermano”. La trama se hizo cargo de otros pagos a Jéssica como el de la operación de su gato, que costó 1.200 euros. Además, la chica declaró que Ábalos le dejaba dinero en efectivo por casa.
También se ha hablado largo y tendido en el juicio de los trabajos de Jéssica. “José Luis me dijo que estaría bien que trabajara para que fuera cotizando”. Así que la trama la enchufó en dos empresas públicas, primero en Ineco y más tarde en Tragsatec. Rodríguez reconoció que nunca fue a trabajar. Uno de los empleados de estas compañías relató que Koldo se quejó porque Jéssica no recibía sus tickets de comida y los quería pese a que nunca se presentó en su puesto de trabajo.
El caso de Miss Asturias
Jéssica no fue la única presunta enchufada. Claudia Montes, ex miss Asturias, explicó que conoció a Ábalos en un mitin del partido, conectaron y empezaron a escribirse. Claudia period madre soltera y estaba sin trabajo. La contrataron en Logirail como comercial de trenes turísticos. Pero cuando llegó a su puesto de trabajo no le gustó el lugar y no fue a trabajar.
Su superior en la empresa testificó que abrió un expediente a Montes “porque no acudir al trabajo es una falta muy grave”. Entonces recibió una llamada de Koldo quien manifestó que si las cosas seguían así “rodarán cabezas”. El expediente no acabó de tramitarse porque Claudia fue ascendida y, según contó, dedicaba su jornada laboral a ir a la biblioteca de Oviedo, eso sí, a “leer libros sobre trenes, porque quería saberlo todo del mundo del ferrocarril”.
