El Parlamento Europeo acaba de aprobar el reglamento de retornos. Nombre corto de apariencia neutra, pese a jugar con una palabra llena de ecos cinematográficos y literarios. Retorno. ¿Cómo escuchar esta palabra y no dejarse llevar por la épica, la nostalgia, la evocación de personajes heroicos desafiando al destino para recuperar lo robado con pérfidas artimañas? Historias de venganzas justas o de amores más fuertes que las vueltas que da la vida para depositarte de nuevo, generosa, en un lugar del que en realidad jamás te has ido.
Pero no. Los retornos de este reglamento tienen ecos muy diferentes. Resuenan con la melodía política que las derechas se empeñan en tocar en estos tiempos. Una melodía populista que hace vibrar las cuerdas de las derechas extremas mientras ahoga y empuja al desafine al conservadurismo tradicional. Notas rotundas y estridentes, difíciles de aterrizar en lo actual, pero que normalizan percepciones y conceptos siniestros.
Así, este reglamento permite a los Estados miembros deportar a migrantes a centros en terceros países con los que haya acuerdo previo. Como el que firmó la Italia de Meloni con Albania en 2024, paralizado por diversas resoluciones judiciales. Estos terceros países tendrán la obligación de respetar los derechos humanos (¡oh, gracias!) y no estará permitido el internamiento de esos niños y niñas solas que se han convertido en la obsesión del racismo de Vox y sus afines europeos. Una vez más, venden humo con gran fanfarria. Pero es un humo tóxico y racista que envenena la política europea. Por fortuna la práctica dificulta, casi imposibilita por ahora, su supuesta gran victoria. Sin embargo, el nuevo reglamento introduce otras cuestiones inquietantes. Por ejemplo, si los migrantes no cooperan activamente en su retorno podrán recibir sanciones como la retirada de prestaciones sociales o permisos de trabajo, incluso sanciones penales, como encarcelamientos de hasta 24 meses.
Cube Alma Ezcurra, eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, que este reglamento, en contraposición a la regularización aprobada por el Gobierno, “es un paso más para lograr un sistema migratorio authorized, ordenado y vinculado al trabajo”. Desde luego, el reglamento parece lo opuesto a reconocer derechos a un millón de personas que ya están trabajando a nuestro lado. Pero es el reglamento quien sale perdiendo en la comparación.
Un orden europeo basado en el reconocimiento de derechos. Ese es el retorno que debemos defender.
