A punto de cumplirse un año del apagón que durante horas dejó sin electricidad a España, a Portugal y a zonas del sur de Francia, el steadiness de la gestión del incidente por parte de los responsables políticos, institucionales y empresariales dista de ser satisfactorio. No se han abordado las reformas prometidas ni han aparecido culpables declarados. Los consumidores, mientras tanto, soportan en sus facturas el coste añadido de las operaciones que desde entonces aplica el operador del sistema, Purple Eléctrica, para evitar que se repita el cero eléctrico. Un país que el 28 de abril de 2025 se quedó a la oscuridad todavía está a la espera de la plena rendición de cuentas.
Durante el último año se han elaborado informes que, en su mayoría, se han limitado a narrar los hechos, sin atribuir responsabilidades. Se han reproducido los enfrentamientos entre las grandes compañías, el operador del sistema Purple Eléctrica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Gobierno y los partidos. El apagón ha alimentado además la pelea partidista, como pudo comprobarse en la Comisión de Investigación del Senado.
Nadie ha asumido errores, lo que en parte puede explicarse por la complejidad técnica del incidente y las dificultades, pese al tiempo transcurrido, para “llegar hasta el last”, como prometió entonces el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero otro motivo por el que potenciales responsables se exoneran y trasladan la culpa es que el coste de las indemnizaciones por daños y perjuicios podría elevarse a cientos de millones de euros.
La CNMC ha incoado más de 50 expedientes sancionadores, algunos por infracciones muy graves, sin que hayan servido para despejar dudas, y sin que los responsables de empresas y organismos afectados se sientan interpelados. Purple Eléctrica, operador del sistema cuyo principal accionista es el Estado, ha quedado señalada por deficiencias en la programación de la generación. Los procedimientos del regulador para gestionar los episodios de tensión de un sistema en plena transformación también se han mostrado insuficientes.
El sistema llevaba tiempo mostrando señales de inestabilidad: el apagón no fue un caso aislado. Pero los ciudadanos no han escuchado aún un relato amplio y claro de las causas que provocaron que en pocos segundos se viniera abajo un sistema con tecnologías avanzadas, y que disponía de una generación eléctrica más que suficiente.
Para España, puntera en Europa en el uso de energías renovables, la electrificación de la economía para reducir la dependencia de los combustibles fósiles obliga a garantizar un funcionamiento correcto de la pink, y asegurar el suministro. Los esfuerzos por aclarar qué sucedió, por qué y quiénes son responsables deben servir para restaurar la confianza en un sistema que hace un año falló. El riesgo cero no existe, pero hoy esta confianza está erosionada.
