Se cuece un 15-M de la vivienda para cuando gobierne la derecha en España. Quienes hoy llevan ocho años en el poder, muy probablemente, promoverán que la gente salga a la calle. Ni siquiera hace falta esperar a que Alberto Núñez Feijóo sea presidente para imaginarlo. Los socios a la izquierda de Pedro Sánchez ya han empezado a construir ese relato: culpar a la derecha por no aprobar sus medidas, en lugar de reflexionar sobre sus efectos perjudiciales.
Se ve con el decreto de prórroga de los alquileres: Gabriel Rufián dijo que se encargaría de hacer de Junts un partido residual si no apoyaba la iniciativa de Sumar. La polarización está siendo muy útil para eludir responsabilidades. Sin embargo, desde que ERC es socio del Gobierno —más en concreto, entre 2018 y 2023— los precios de la vivienda se han disparado un 12,5%, según el INE. Es honesto reconocer, pues, que no hemos llegado hasta aquí por los siete escaños teledirigidos desde Waterloo ni por Vox en una votación in extremis en el Congreso. Hemos llegado hasta aquí priorizando discursos maniqueos solo orientados al relato, obviando incluso la ley de la oferta y la demanda. El propio Rufián, en actos con Irene Montero, afirma que la solución no es construir más, cuando el déficit de pisos se cifra ya en 800.000 unidades para 2027 y España sigue a la cola en gasto en vivienda protegida. Mientras Rufián exhibe un billete de 50 euros en la tribuna del Congreso para acusar a la derecha de especuladora, llama la atención que Isabel Díaz Ayuso construyó entre 2021 y 2023 casi el doble de viviendas protegidas que la Generalitat de Cataluña, según el Boletín especial de vivienda social de 2024. Y aún así, las comunidades del PP tampoco han edificado lo suficiente para satisfacer la creciente demanda.
El caso es que hace tiempo se sabía que más de 1,6 millones de personas enfrentarían subidas de renta de hasta 300 o 400 euros al mes, algo casi imposible de asumir para muchos hogares, que tendrán que dejar su piso. Se demuestra que las políticas de ir parcheando la situación tienen efectos perjudiciales. El primero, dañan a las personas más humildes: los propietarios evitan ya alquilar a perfiles vulnerables por miedo al impago —el decreto antidesahucios fue uno de sus detonantes—, o bien el mercado desbocado les acaba expulsando. Segundo, los parches solo alimentan una falsa sensación de que no hay que hacer nada mientras tanto, dando nuevamente la patada hacia adelante, hasta la siguiente votación límite en el Congreso.
Asimismo, ni siquiera prorrogar los alquileres habría solucionado el fondo del problema. Existe también el llamado efecto insiders–outsiders: el drama del alquiler no afecta solo al inquilino cuya renta se congela o aumenta, sino también a quienes quieren alquilar y no pueden acceder a un mercado blindado. La política tiende a obviarlos, pero son quienes no pueden cambiar de vivienda —por trabajo, porque han roto con su pareja, o porque les place— o emanciparse porque no hay suficiente oferta ni rotación. No es cierto, por tanto, que el decreto de alquileres no perjudique a nadie: cada medida orientada a blindar a un inquilino o contrato —por el mero hecho de haber llegado antes— es un nuevo bloqueo para quienes buscan un techo, y están en su mismo derecho de encontrarlo.
Siendo honestos, probablemente ni al PSOE le convenía que saliera adelante ese decreto. Durante ocho años se ha construido desde la izquierda el relato de los “malvados rentistas” como responsables del problema, pero la realidad es que solo un 8% del mercado está en manos de fondos buitre. El resto, la mayor parte, corresponde a pequeños propietarios, según el Banco de España. Es possible que el ala socialista del Gobierno haya empezado a percibir el malestar de los caseros, muchos de ellos clases medias de antes, y parte de su base de votantes. Ese cabreo de los propietarios ya tiene efectos: para una mayoría de ellos resulta más conveniente hoy vender que volver a alquilar una vez recuperen su piso, con el fin de evitar nuevas y más restrictivas regulaciones. En Cataluña desaparecieron casi 60.000 viviendas del mercado de arriendo entre 2023 y 2026 —según el Observatorio del Alquiler—, una tendencia posterior a la declaración de zonas tensionadas.
En definitiva, el decreto de alquileres no respondía a un plan de fondo, sino a una huida hacia adelante. El Gobierno ve ahora decaer una prórroga basada en recomendar a los inquilinos que fueran pillos y enviaran un burofax para alargar su contrato. Poco importa que algunos puedan verse envueltos en conflictos legales o que muchos propietarios decidieran paralizar las operaciones de arriendo en el último mes, ante la incertidumbre normativa. Ahora Yolanda Díaz habla de impulsar movilizaciones sociales —contra la oposición, se entiende—, mientras el Sindicat de Llogateres plantea una huelga basic para protestar contra la caída del decreto. Feijóo tendrá un 15-M de la vivienda porque lo contrario implicaría admitir que Podemos, ERC o Sumar han priorizado el fetiche ideológico al dato, y han arrastrado al PSOE hacia la ineficacia, frente a la desesperación de tantos ciudadanos.
