La posición centrada exclusivamente en el “no a la guerra” es, en sí misma, defendible. Sin embargo, sin mecanismos jurídicos y políticos concretos, corre el riesgo de permitir la continuidad de un sistema responsable de violar de forma sistemática los derechos humanos. Reducir la cuestión iraní a la mera oposición a la guerra puede abrir un espacio para la prolongación de prácticas contrarias al derecho internacional. Así, la eventual normalización de relaciones diplomáticas sin condiciones claras y verificables —en materia de derechos humanos y rendición de cuentas— puede interpretarse como legitimación implícita. No basta con evitar la guerra; es necesario impedir la impunidad.
