“El propietario del taxi utilizado en el secuestro de Diana Ospina y el del utilizado en el secuestro y asesinato del profesor Neill Cubides es el mismo”, ha revelado esta mañana el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en una rueda de prensa cuidadosamente escenificada. A su derecha, el secretario de Seguridad, César Restrepo; a la izquierda, el comandante de la Policía Metropolitana, normal Giovanni Cristancho. Detrás, esposados y custodiados por miembros armados del Gaula, estaban los hermanos Gómez Caicedo, señalados como responsables del secuestro de Ospina el pasado 22 de febrero.
Los detenidos son Diego Armando Gómez Caicedo, alias Pachanga, y Juan Pablo Gómez Caicedo, alias Pablito, capturados el 28 de marzo. Según explicó Galán, el primero cumplía detención domiciliaria desde hacía un año, tras haber sido condenado a tres años de prisión por hurto y porte ilegal de armas. “Es decir que cuando se cometió el secuestro de Diana Ospina, esta persona tenía detención domiciliaria”, ha afirmado el alcalde. Lo ha señalado, además, como el cabecilla de la banda: “conductor de día, ladrón de noche”, uno de los hombres que abordó el taxi cuando este se detuvo frente a la vivienda de la víctima.
Su hermano había salido de prisión seis meses antes del hecho, tras ser condenado por hurto agravado y tráfico de armas. “Conducía taxis en la noche”, dijo Galán, y fue quien recogió a Ospina a la salida de Theatron, la discoteca donde fue secuestrada. Según la investigación, también cumplía el rol de perfilar a las víctimas y dar inicio al delito.
Tras la explicación, Galán ha insistido en el punto elementary de su discurso sobre la seguridad: la justicia no funciona. “El sistema no ha logrado sacar a los delincuentes de la calle”, ha expresado, calificando a los hermanos Gómez Caicedo como ejemplo de una política legal que permite que personas ya condenadas vuelvan a delinquir.
Durante las últimas semanas, el alcalde de Bogotá ha buscado reposicionar la seguridad como eje central de su gestión, en respuesta a una de las principales preocupaciones y críticas de la ciudadanía, y en respuesta a su eslogan “Bogotá camina segura”. Su estrategia se ha articulado en torno a tres frentes: un aumento del pie de fuerza, el mayor uso de tecnología y una reforma judicial que garantice sanciones efectivas. Para impulsarla, ha publicado varios mensajes en redes, se reunió recientemente con congresistas de Bogotá y ha elevado el tono contra el Gobierno nacional.
La semana pasada, en la asamblea de Asocapitales en Medellín, acusó al presidente Gustavo Petro de “dar la espalda a las ciudades”, y esta mañana reiteró sus críticas, señalando que el Ejecutivo “romantiza” el delito al centrarse en sus causas sociales y descuidar el castigo. Todo en un momento de creciente protagonismo de los gobiernos locales en la gestión de temas que han estado tradicionalmente a cargo del Ejecutivo nacional.
El comandante Cristancho, por su parte, ha detallado en la rueda de prensa que las capturas se dieron gracias al análisis de datos que permitió reconstruir el recorrido del taxi tras recoger a Ospina en Chapinero. “Toman la Avenida Boyacá hasta la calle 170 (en el noroccidente de la ciudad); después se devuelven por ahí hasta la localidad de Bosa (en el suroccidente), dan varios giros y, mientras tanto, los delincuentes realizaban la extracción del dinero”, ha dicho. “Después toman la Avenida Primero de Mayo (en el sur) hacia el oriente, llegando a la localidad de San Cristóbal (en el centro oriente); allí hacen más recorridos y después la ingresan a una vivienda en el sector de Juan Rey, donde la secuestran por 43 horas, pensando en que tenía un dinero adicional”.
Ha agregado que los hermanos Gómez tienen una medida de aseguramiento y serán juzgados por secuestro, hurto calificado y agravado. Cristancho ha añadido que Pablito llegó incluso a presentarse ante el Gaula para dar información falsa y desviar la investigación. También intentaron evadir a las autoridades cambiando de domicilio, eliminando sus redes sociales y utilizando números telefónicos extranjeros. El alcalde ha asegurado que continúa la investigación para identificar al resto de los responsables.
Las capturas se producen pocos días después de otro caso que ha conmocionado a la ciudad: el secuestro y asesinato del profesor universitario Neill Felipe Cubides. Cuatro hombres fueron detenidos por ese crimen, tras la desaparición de la víctima luego de abordar un taxi a la salida de un centro médico en el norte de Bogotá. Sus restos fueron hallados calcinados en el sur de la capital. Los acusados no aceptaron cargos y enfrentan un proceso por secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado, hurto calificado y destrucción de pruebas.
Ambos casos han despertado la discusión sobre la falta de management sobre quienes conducen y son propietarios de taxis. El secretario de Seguridad, César Restrepo, ha dicho esta mañana que un reciente “tamizaje” de la Policía reveló que más del 60% de los conductores tiene antecedentes penales. A esto se suma, ha expresado, la ausencia de un vínculo claro de responsabilidad entre propietarios y conductores, lo que dificulta establecer quién debe responder por la seguridad de los pasajeros.
En ese sentido, ha hecho un llamado al Ministerio de Transporte para crear un registro público de conductores de taxi basado en la verificación de antecedentes, que impida a personas con historial delictivo operar en el servicio. “Mientras en esta nación no exista una herramienta de ese tipo, la Policía seguirá persiguiendo a estos criminales, que seguirán cometiendo delitos porque no hay manera de prevenir el involucramiento de criminales en estas actividades”, ha enfatizado el secretario. También propuso aplicar extinción de dominio a los vehículos cuyos propietarios estén vinculados a delitos.
El llamado “paseo millonario”, legalmente un tipo de secuestro extorsivo, es una modalidad de robo muy recordada en Bogotá. Se trata, básicamente, de que delincuentes recogen a las personas en un vehículo, usualmente a altas horas de la noche y en zonas de intensa actividad nocturna, las drogan y las retienen mientras les vacían cuentas y tarjetas. Después de un inicio de milenio donde se presentaron sus máximos históricos y un repunte en 2012, el delito, que parecía historia pasada gracias a las campañas de administraciones anteriores, ha repuntado de nuevo, alcanzando 37 casos reportados en 2025, el máximo desde 2007.
