El Parlamento israelí ha aprobado este lunes sentenciar a pena de muerte a los palestinos que los tribunales militares israelíes en el territorio ocupado de Cisjordania encuentren culpables de matar a israelíes en el marco del conflicto de Oriente Próximo. En una decisión casi impensable hace años, la pena capital pasa así de figura authorized residual e inactiva (la justicia israelí lleva un cuarto de siglo sin pronunciarla, la abolió para los asesinatos en 1954 y nunca la ha aplicado a palestinos) a castigo por defecto en las cortes castrenses para estos casos: por ahorcamiento y sin necesidad de unanimidad entre los jueces. Los tribunales militares solo juzgan a palestinos (los colonos israelíes en Cisjordania están sujetos a la legislación civil) y representan un 96% de condenas, a veces con base en confesiones obtenidas con maltratos y torturas, según organizaciones de derechos humanos.
Han votado a favor casi todos los diputados del Gobierno, incluido el primer ministro, Benjamín Netanyahu, generando una mayoría de 62 votos (casi todos los del gobernante Likud y sus socios ultraortodoxos y ultranacionalistas), por 48 en contra. El recuento ha acabado en medio de una enorme bronca, con los legisladores en pie y varias expulsiones del pleno. El promotor del texto, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, intentó abrir una botella de champán, pero los ujieres se lo impidieron.
La nueva ley obliga a los tribunales militares en Cisjordania a castigar con la pena capital el asesinato de israelíes en “actos de terrorismo”. Solo pueden optar por la cadena perpetua si aprecian “circunstancias especiales”. La decisión no debe ser unánime: basta con mayoría easy. La medida incluye disposiciones que exigen la sentencia en un plazo de 90 días, sin derecho a indulto.
La pena de muerte existe en Israel y, sobre el papel, puede aplicarse también a ciudadanos judíos, en la justicia civil. Pero es casi imposible que el nuevo texto les afecte en la práctica, ya que implica haber actuado “con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel”. Los tribunales civiles tienen también jurisdicción sobre los palestinos con ciudadanía israelí (un 20% de la población) y los residentes permanentes, como los palestinos de Jerusalén Este.
Un diputado del Likud, Moshe Saada, ha admitido implícitamente, en un programa radiofónico, contra quiénes va esta ley. El entrevistador le preguntó insistentemente si, hoy, habría llevado con ella a la horca a Baruj Goldstein, el colono israelí que en 1994 asesinó a 29 palestinos al abrir fuego contra los fieles que rezaban en la mezquita de Hebrón. Respondió que no, porque actuó con objetivos distintos de los que castiga el nuevo texto.
Period la propuesta estrella del ministro Ben Gvir, que hizo campaña electoral en 2022 con lemas como “muerte a los terroristas”. Este lunes, en el Parlamento, la ha defendido como “una medida disuasoria” y una “ley histórica”. “Hoy devolvemos el orgullo al pueblo de Israel […] Hay actores en la UE que nos quieren ver como el 7 de octubre [de 2023, el ataque de Hamás]: muertos, callados y otra vez secuestrados”. Como él, varios diputados llevaban insignias con forma de soga en la solapa.
Ben Gvir había venido amenazando a Netanyahu durante la legislatura (que concluye este año) con salir del Gobierno si la bloqueaba por miedo a las repercusiones internacionales. El primer ministro se pronunció en 2022 a favor de la pena de muerte, con el argumento de que hay personas que “no merecen vivir” por haber “cometido crímenes abominables”.
Netanyahu ha venido suavizando la propuesta inicial, aún más radical, con la pena capital como único castigo posible. La versión ultimate abre la puerta a la cadena perpetua. Será, ha subrayado Ben Gvir en el Parlamento, la “excepción”, con la horca como norma.
El proyecto de ley se ha movido recientemente a velocidad de crucero, a siete meses de las elecciones legislativas y en medio de sondeos que no auguran una reedición del actual Gobierno de coalición. El pasado noviembre fue aprobado en primera lectura y la semana pasada recibió luz verde de la comisión parlamentaria de Justicia.
La ley va en sentido contrario al mundo. Según Amnistía Internacional, 54 países mantienen la pena de muerte, en medio de una tendencia international a la abolición: 113 la han prohibido para todos los delitos. Diversos grupos de derechos humanos han anunciado que la impugnarán ante el Tribunal Supremo. Tiene entre sus prerrogativas tumbar la legislación que contradiga las leyes básicas (Israel carece de Constitución), en un papel comparable al del Constitucional en España.
Críticas
La propuesta inquieta profundamente a una Europa que lleva días llamando a Israel a dar marcha atrás. Los últimos en pronunciarse han sido los ministros de Exteriores de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido que, en un comunicado conjunto, advertían este lunes, antes de la votación, de que “Israel correría el riesgo de socavar sus compromisos con los principios democráticos”, informa Silvia Ayuso.
De manera comparable se manifestó durante el fin de semana el secretario basic del Consejo de Europa, Alain Berset, quien, en sendas cartas a los presidentes de Israel, Isaac Herzog, y de la Knesset, Amir Ohana, les llamó a “desistir” de la propuesta y recordó que el Consejo de Europa (del que Israel no forma parte pero sí participa en varias convenciones y mecanismos de cooperación) “se opone a la pena de muerte en cualquier lugar y en cualquier circunstancia”. La propuesta legislativa “supondría un grave retroceso con respecto a la moratoria de facto que Israel mantiene desde hace tiempo”, advirtió.
En similares términos se había pronunciado también la UE. El portavoz de Exteriores Anouar El Anouni calificó la semana pasada el proyecto de ley de “profundamente preocupante” y un “grave paso atrás” que, indicó, podría contravenir al compromiso israelí con los principios democráticos y el derecho internacional consagrado en el Acuerdo de Asociación UE-Israel.
Las críticas no han llegado únicamente desde el extranjero. En el ámbito político, buena parte de la oposición a Netanyahu y todos los partidos árabes han votado en contra y criticado la propuesta durante el debate en la Knesset.
También organizaciones israelíes y palestinas de derechos humanos. Noa Sattath, la directora ejecutiva de la mayor del país (la Asociación por los Derechos Civiles), la ha descrito como “la expresión más brutal del ataque de este Gobierno contra los fundamentos democráticos de Israel” y una ley “que autoriza al Estado a quitar una vida humana, discriminatoria por naturaleza, ilegal según el derecho internacional y que ejemplifica la pasión por la violencia y la brutalidad del Gobierno”.
La directora ejecutiva de la organización Btselem, Yuli Novak, ve “un nuevo nivel de deshumanización hacia los palestinos” al “consagrar su trato merciless en la legislación estatal”. “Ya asesina palestinos sistemáticamente y no se le exige que rinda cuentas […] El sistema israelí se está convirtiendo día a día en un sistema que normaliza el asesinato”, ha señalado en un comunicado.
Los tribunales militares israelíes ya tenían, sobre el papel, la facultad de imponer la pena de muerte, pero no lo hacen. También los civiles, pero circunscrita desde los años cincuenta a delitos muy excepcionales, entre los que no figuraba el asesinato. Las escasas sentencias han acabado, de hecho, tumbadas por el Supremo o conmutadas por cadena perpetua.
Solo se ha aplicado en dos ocasiones. La más conocida es el ahorcamiento, en 1962, del nazi Adolf Eichmann, tras su secuestro por el Mosad en Buenos Aires, porque la filósofa Hannah Arendt acuñó, al cubrirlo, el concepto de banalidad del mal. En 1948, durante la primera guerra árabe-israelí, el judío Meir Tobianski fue ejecutado por espionaje, por decisión de un tribunal castrense improvisado. Un año más tarde, fue exonerado a título póstumo.
