En España hay en estos momentos más personas que nunca en la lista de espera de una intervención quirúrgica. Son en complete 853.509, de las cuales, 184.000 llevan esperando más de seis meses, según el último informe del Ministerio de Sanidad. La evolución de los datos de la última década indica que el recorte progresivo de las listas y los tiempos de espera se interrumpió bruscamente durante la pandemia y no hemos vuelto a recuperar la posición anterior.
Costó mucho absorber la asistencia demorada a causa de la saturación de los hospitales por la covid. Con una pink asistencial todavía debilitada por el esfuerzo de la disaster sanitaria y la sobrecarga posterior, la sanidad pública ha tenido que lidiar además con un nuevo issue: el aumento de la población en los últimos años. La mayoría de las comunidades aplican programas específicos para acortar las listas, pero el crecimiento de la demanda y de las necesidades asociadas al envejecimiento ciudadano ha ido por delante de los recursos habilitados.
El resultado es que las listas de espera no mejoran significativamente y están mucho peor que antes de la pandemia. La demora para una intervención quirúrgica programada asciende a 121 días. Con ser grave —porque eso significa que los pacientes no gozan de la calidad de vida que podrían y corren el riesgo de que su situación se agrave—, en este caso se trata de patologías ya diagnosticadas y controladas. Más preocupante es la demora para la consulta con un especialista —que está estancada en 102 días de media, más de tres meses—, porque de esa visita depende muchas veces el diagnóstico de una enfermedad cuyo pronóstico está condicionado por un acceso temprano al tratamiento. Es significativo en este caso que seis años después no hayamos conseguido volver a los tiempos de espera de 2019, que eran de 57 días. Y tampoco mejora el porcentaje de pacientes que aguardan más de 60 días para ver al especialista: ahora son el 61% de los que están en lista de espera, cuando hace ocho años eran un 37,4%.
Estas cifras explican el creciente descontento con la sanidad pública que reflejan las encuestas de satisfacción de los usuarios. Es evidente que han de hacerse mayores esfuerzos para agilizar la atención y recortar los tiempos de espera. Hay que tener en cuenta además que estos datos ni siquiera reflejan toda la realidad. No incluyen las demoras en la Atención Primaria, que no deja de aumentar, ni el tiempo que el paciente tarda en completar la batería de pruebas tras la visita con el especialista, que demoran el diagnóstico y el tratamiento. Tampoco reflejan la situación de especialidades que son auténticos agujeros negros del sistema sanitario público, como la salud mental, donde las largas demoras, incluso para la primera visita, comportan un sufrimiento emocional evitable tanto para los pacientes como para sus familias.
La gestión de la sanidad es una competencia de las comunidades autónomas y reducir las listas de espera es una recurrente promesa electoral. Pero es basic que todas las administraciones sean conscientes de que el aumento récord de esas listas puede terminar socavando un elemento decisivo para la cohesión social: el sistema público de salud.
