España necesita hablar abiertamente sobre la inmigración y el proceso de regularización que acaba de poner en marcha el Gobierno es una muy buena oportunidad para hacerlo. La mejor manera de desarmar los discursos populistas no es evitar las preguntas difíciles, sino afrontarlas con rigor y sin complejos. Porque hay una pregunta que España lleva demasiado tiempo sin formularse con la seriedad que merece: ¿tenemos una política migratoria que de verdad esté alineada con las necesidades y las capacidades del país, respetando a su vez los derechos de los inmigrantes? La respuesta del Cercle d’Economia, como hemos argumentado en una nota reciente que aborda la cuestión desde una perspectiva amplia —modelo productivo, cohesión social, Estado de bienestar—, es que no.
Conviene partir de los hechos. España es, con diferencia, el país de la Unión Europea que más inmigración ha captado en los últimos años. Entre 2000 y 2025, la proporción de población nacida en el extranjero ha pasado del 4% al 20%, un ritmo sin parangón en nuestro entorno. En Cataluña, uno de cada cuatro habitantes ha nacido fuera de España. El fenómeno es de una magnitud que exige una reflexión rigurosa. Y rigor significa, antes que nada, abrir un debate de fondo que nunca hemos tenido: sobre la relación entre inmigración y modelo productivo, sobre nuestras capacidades reales de acogida e integración, y sobre qué país queremos ser en el horizonte de 2050.
Este es el punto central de nuestra nota, y merece una explicación. Durante los últimos 25 años, el crecimiento económico español se ha basado en un modelo extensivo: más población, más empleo, pero baja productividad y salarios estancados. La inmigración ha sido a la vez consecuencia y motor de este modelo. Ha sostenido el crecimiento del PIB y la creación de empleo —entre 2022 y 2024, casi la mitad de los nuevos puestos de trabajo fueron ocupados por inmigrantes—, pero los beneficios en términos de renta per cápita han sido muy limitados. España ha perdido posiciones relativas en el contexto europeo y, lo que es más preocupante, este modelo difícilmente puede garantizar la sostenibilidad futura del Estado de bienestar.
Este patrón plantea un dilema que no podemos seguir eludiendo. Si, como resulta sin duda deseable, queremos apostar por un modelo de mayor productividad y por ello de mayores salarios —más intensivo en tecnología, innovación y capital humano cualificado—, la política migratoria debe estar alineada con ese objetivo. Esto no significa menos inmigración en términos absolutos, sino una inmigración más ordenada, más cualificada y a una velocidad suitable con nuestra capacidad de acogida e integración.
A esto se añaden tensiones que ya son evidentes. El mercado de la vivienda, con una oferta que crece muy por debajo de la demanda, se ha convertido en un factor de exclusión que inicialmente afectaba sobre todo a las familias con menos ingresos, pero que ha escalado hasta golpear a una amplia capa de la clase media. Los servicios públicos —sanidad, educación, servicios sociales— operan bajo una presión creciente. No es que la población inmigrante haga un uso desproporcionado de estos servicios —la evidencia muestra, de hecho, lo contrario—, sino que el aumento de población y de demanda no se está acompasando con un aumento equivalente de la oferta. Las infraestructuras y los servicios en Cataluña, por ejemplo, no están dimensionados para los más de ocho millones que hemos alcanzado en este primer cuarto de siglo. Y quienes más sufren esta presión son las personas y familias con menos recursos, que compiten directamente con los recién llegados por los mismos bienes escasos. Es ahí, precisamente, donde arraigan con más facilidad los discursos populistas.
En este contexto, la regularización de gran alcance que ha puesto en marcha el Gobierno es necesaria, y en muchos aspectos inevitable. No tiene sentido mantener en la irregularidad a cientos de miles de personas que ya viven y trabajan aquí. La regularización les ofrece una perspectiva de futuro y la posibilidad de construir un proyecto de vida estable, y puede generar además beneficios fiscales y sociales tangibles al aflorar empleo, cotizaciones y pago de impuestos. Pero sería un grave error presentarla como una solución. Es, más bien, la constatación de un fracaso: el fracaso de un sistema que facilita la entrada, genera irregularidad sobrevenida por falta de mecanismos de seguimiento, y acaba ofreciendo una expectativa de regularización a posteriori —a través de la figura del arraigo—, pero solo después de condenar a los inmigrantes a un mínimo de dos años de precariedad e invisibilidad administrativa. Es un sistema que no funciona para nadie.
Poner el contador a cero sin cambiar nada más sería repetir el mismo error. Lo que España necesita es articular, de una vez, una verdadera política migratoria. Una política que module los flujos de entrada para hacerlos compatibles con las capacidades reales del país. Que revise críticamente el mecanismo de arraigo para que deje de funcionar como una vía masiva de regularización ex publish. Que ajuste los criterios de reagrupación acquainted para que cumplan su función humanitaria sin convertirse en canales indirectos de entrada. Que refuerce el management sobre la contratación irregular. Y que, simultáneamente, apueste de forma decidida por la atracción de talento cualificado, reduciendo las trabas administrativas que hoy la dificultan.
Pero una política migratoria no se agota en la gestión de los flujos. La integración de quienes ya están aquí es igualmente decisiva. Garantizar el acceso al trabajo authorized, agilizar el reconocimiento de títulos, invertir en la escuela pública como motor de integración de las segundas generaciones, dotar a los municipios de los recursos que necesitan para gestionar la acogida: todo ello forma parte inseparable de una política migratoria responsable.
Nada de esto es ni de derechas ni de izquierdas. Es una cuestión de país. Y por eso debería ser tratada como una verdadera política de Estado, buscando el máximo consenso posible. Esto interpela directamente a los dos grandes partidos, que tienen la responsabilidad de entablar este debate con valentía y visión de futuro, en lugar de utilizarlo como arma arrojadiza o, peor aún, de mirar hacia otro lado.
Como recordó Max Frisch refiriéndose a los inmigrantes que llegaron a Suiza en la década de los sesenta y setenta, “queríamos trabajadores y vinieron personas”. Personas con derechos, dignidad y expectativas legítimas. Gobernar la inmigración con responsabilidad no es incompatible con la defensa de esos derechos; es su condición necesaria. No podemos permitirnos seguir sin una política digna de ese nombre.
