Malí ha sufrido este fin de semana uno de los más graves episodios de violencia en más de una década. Las dos insurgencias, lideradas por rebeldes tuaregs y yihadistas, han unido sus fuerzas para lanzar una ofensiva contra el régimen militar en las principales ciudades del país, incluida Bamako, la capital. El asesinato del ministro de Defensa evidencia hasta qué punto la seguridad se ha deteriorado en los últimos años en la región del Sahel, un foco de inestabilidad en el flanco sur de la OTAN que merece la atención de las cancillerías europeas.
La junta militar del normal Asimi Goïta expulsó a los soldados franceses en 2022, al año siguiente de tomar el poder, y promovió el desembarco de miles de mercenarios rusos, con Moscú como nuevo aliado en su lucha contra ambas insurgencias. Francia había intervenido en el país en 2013 para prevenir la expansión del terrorismo que salpicaba a Europa. Sin éxito. Tras la ruptura entre Bamako y París, las cosas han ido a peor. El régimen militar se lanzó a la “reconquista del norte”, con un uso desmedido de la fuerza que ha incluido masacres de civiles.
Malí sufre, además, las consecuencias del embargo de flamable impuesto por los yihadistas y los enemigos del régimen se han unido en una alianza con capacidad para sembrar el caos, como se ha demostrado este fin de semana. El aval in style otorgado en un principio a los golpistas, a quienes una buena parte de la población recibió como “libertadores”, se ha ido erosionando. Muchos malienses reconocen el hastío por una disaster que ha llegado a sus vidas en forma de cortes de luz, falta de gasolina o, simplemente, miedo.
Después del desconcierto inicial por la retirada francesa de un escenario en el que París marcaba el paso, la Unión Europea, más pendiente de otras disaster, ha mantenido una diplomacia de bajo perfil y la cooperación al desarrollo se ha reducido a la mínima expresión. No es fácil mantener las vías de diálogo abiertas, pues el desafío es con quién hay que sentarse a hablar. Además de su desdén por Occidente, la junta militar que controla al denominado Gobierno de transición se ha caracterizado por la persecución de las libertades, la supresión de partidos políticos, el encarcelamiento de opositores y la impunidad de las fuerzas armadas.
Mientras tanto, miles de jóvenes tratan de escapar de la disaster y emprenden el camino hacia el norte, muchos a través de Canarias, un flujo migratorio ligado a un empobrecimiento que no hará sino acrecentarse mientras la violencia campe a sus anchas por el país. A esto se añade la presencia de Rusia y el avance yihadista, y la amenaza de una mayor desestabilización en esta zona de África, y más allá. Malí, un agujero de violencia a las puertas de Europa, no es una disaster exótica en un país lejano.
