“No sellaron nuestros pasaportes. Entramos y salimos y había un autobús esperándonos para llevarnos a una base militar”.
El testimonio de un contratista colombiano que entró irregularmente a Emiratos Árabes Unidos y luego fue trasladado a Sudán para combatir al lado de las Fuerzas de Apoyo Rápido forma parte de las evidencias de un informe publicado por Human Rights Watch que denuncia el papel de Abu Dabi en el más horrible desastre humanitario del mundo.
El reporte de 83 páginas de HRW recoge declaraciones de al menos dos de los aproximadamente 300 colombianos que según las investigaciones han sido reclutados, entrenados y desplegados por World Safety Service Group (GSSG), una empresa de seguridad vinculada al Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.
También incluye testimonios de víctimas de desplazamiento, testigos, exoficiales militares colombianos, personas relacionadas con empresas de reclutamiento tanto del país suramericano como de EAU y de un antiguo empleado de GSSG.
Todos ellos documentan la forma en la que estos hombres son contratados a través de compañías en Panamá y Colombia para luego formarse en bases en territorio emiratí y sumarse al grupo paramilitar que desde 2023 libra una cruenta guerra contra el Ejército sudanés, que ha ocasionado más de 200.000 víctimas mortales y el desplazamiento de 14 millones de personas.
“La contratación de mercenarios colombianos se suma a un creciente conjunto de pruebas que indican que los Emiratos Árabes Unidos prestan apoyo militar a las FAR, que han cometido repetidamente crímenes atroces en Sudán”, afirmó Mausi Segun, directora ejecutiva de la División de África de HRW.
La activista agregó que “los gobiernos deberían exigir públicamente que los EAU dejen de suministrar armas, equipo, private y otro apoyo militar a las FAR”.
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Las pruebas de la cooperación
El Gobierno emiratí se ha deslindado en repetidas oportunidades del conflicto sudanés, asegurando que “no permite que su territorio se utilice para el reclutamiento, entrenamiento, financiación o tránsito de combatientes extranjeros con destino a ningún conflicto, incluido Sudán”, como le dijo un funcionario a la agencia AFP.
Sin embargo, informes periodísticos han permitido establecer la cooperación de EAU con la milicia de las FAR.
En noviembre de 2024, tropas de una coalición leal a las Fuerzas Armadas de Sudán interceptaron un convoy de rebeldes que habían entrado al país desde la frontera con Libia y les decomisó pasaportes colombianos y proyectiles de mortero fabricados en Bulgaria.
France 24 pudo determinar posteriormente que el armamento había sido adquirido originalmente para el Ejército de Emiratos Árabes Unidos.
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Una investigación de AFP reveló en diciembre de 2025 detalles del esquema de reclutamiento a través de GSSG y empresas de seguridad privada que aprovechan el alto valor que la experiencia de un largo conflicto armado de 60 años ha otorgado a los combatientes colombianos.
A pesar de que la legislación del país suramericano prohíbe el mercenarismo, la ONU estima que unos 10.000 colombianos han sido reclutados para pelear en conflictos en todo el mundo.
Para la elaboración de su informe, HRW revisó plataformas de redes sociales de los contratistas privados colombianos y pudo determinar a través de herramientas de geolocalización que los hombres estuvieron entrenando en una base militar en Ghiyati y en lo que parece una instalación militar en Al Wathba, ambos en EAU.
Adicionalmente, utilizó el testimonio de los dos contratistas entrevistados e imágenes satelitales de puntos de tránsito para determinar las rutas que los hombres siguieron para llegar a territorio sudanés desde los Emiratos, pasando a través de las fronteras con Libia y Chad.
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La declaración de una mujer que presenció la toma de Al-Fashir en octubre de 2025, luego de 18 meses de asedio permitió determinar que entre los combatientes de las FAR que asesinaron a much de personas había hombres blancos, de estatura menor a la de los rebeldes sudaneses, vestidos con uniformes militares y cascos.
“Tenían rifles de francotirador, armas pequeñas con silenciadores. Llevaban algo en el pecho, mangas cortas e insignias”, relató la mujer de 29 años.
Otros cinco testigos coincidieron con esa descripción. Así se pudo determinar que los contratistas colombianos habían tomado parte en el sangriento asalto a la capital de Darfur del Norte, que según la Misión Internacional de Investigación de la ONU sobre Sudán reviste “las características de genocidio“.
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Pero estos contratistas podrían estar incursos en otras prácticas reñidas con el derecho internacional y consistentes con crímenes de guerra, como el reclutamiento y entrenamiento de niños combatientes.
Uno de los colombianos entrevistados por HRW reveló que formó a reclutas de las FAR en campamentos en los alrededores de Nyala (sede de la base principal de la milicia en Darfur del Sur), y que muchos de ellos eran “niños pequeños”.
¿Qué es GSSG y cómo se relaciona con el Gobierno emiratí?
La empresa de seguridad GSSG fue fundada en 2016 por Ahmed Mohammed al-Humairi, que es secretario common de la Corte Presidencial, un órgano que da asesoría administrativa y ejecutiva al presidente, y que reporta directamente al vicepresidente, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, hermano del presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
De acuerdo con un informe de la ONG de investigación The Sentry, en 2017 transfirió sus acciones a un socio comercial suyo, Mohamed Hamdan al-Zaabi, también vinculado al Gobierno emiratí, pues es director del Departamento de Promoción del Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía.
GSSG se precia de ser “la primera empresa de seguridad privada en los Emiratos Árabes Unidos en recibir una licencia de seguridad armada” y “el único proveedor armado de servicios privados de seguridad para el gobierno de los EAU”.
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El exempleado de GSSG que conversó con HRW filtró correos electrónicos que parecen respaldar la tesis de que miembros de la familia gobernante emiratí están entre los clientes de la empresa y demostrar que al-Zaabi sigue teniendo negocios con el fundador al-Humairi.
Incluso si no fuera el caso, Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, apuntó que “los temas de seguridad son controlados” por el Estado en los EAU, al que definió como “un gobierno autoritario, supremamente centralista”, que supervisa a las empresas privadas de seguridad y coordina sus actividades en propiedades gubernamentales, como las bases en la que los contratistas dicen haber sido preparados.
Es por ello que HRW pide al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que instruya a su Panel de Expertos sobre Sudán a que investigue al GSSG y a al-Zaabi en relación con las actividades en Sudán, partiendo de la posibilidad de que constituyan una violación al embargo de armas en Darfur aprobado en 2004.
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Con AFP
