El daño causado por el goteo de informaciones diarias protagonizadas por Leire Díez es cada vez más difícil de sobrellevar en el PSOE. La opinión compartida por un número creciente de dirigentes del máximo nivel de la cúpula del partido, de sus federaciones y de grandes ayuntamientos es que Ferraz debe reaccionar de forma inmediata y querellarse contra la supuesta fontanera que habría operado a las órdenes de Santos Cerdán para obstaculizar investigaciones judiciales y policiales que afectaban al PSOE y a la familia del presidente del Gobierno.
Las acciones legales permitirían a los socialistas transmitir que “no hubo ninguna connivencia” con la exmilitante, según un líder territorial, más allá de la presunta trama ordenada por el ex secretario de Organización. “Necesitamos mandar cuanto antes un mensaje político a la ciudadanía y salvaguardar la reputación del partido, aunque no sepamos el recorrido jurídico que la querella vaya a tener. Ya vamos tarde”, sentencia ese dirigente regional. “Cada minuto que pasa sin querellarnos nos perjudica, se está trasladando una imagen que no corresponde, como si el PSOE escondiera algo”, coincide un miembro de la dirección federal, que se pregunta “qué es lo que retiene” a su formación y le impide tomar una decisión “cuando además cada día que pase va a salir algo nuevo”.
Pedro Sánchez se abrió por primera vez el viernes pasado a la posibilidad de pasar a la acción y presentar una querella contra Díez. El presidente apuntó que el PSOE lo estaba estudiando, pero desde entonces no ha habido ningún movimiento por parte de Ferraz mientras la presión interna crece. Fuentes oficiales de Ferraz trasladan que el PSOE “no descarta ninguna acción judicial” pero está “a la espera de los avances de la investigación” contra Díez, a quien se le acumulan los frentes abiertos. Desde finales del año pasado está acusada de haber favorecido varios rescates, contratos y ayudas públicas a distintas empresas a cambio de comisiones supuestamente fraudulentas por un valor de 750.000 euros repartidos entre ella, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, dueño de Servinabar y amigo de Cerdán. Además del líder socialista, la vicesecretaria basic, María Jesús Montero, reconoció esta semana que se están estudiando posibles acciones judiciales pero del mismo modo pidió que se deje a los “expertos” hacer su trabajo “de forma rigurosa, que es lo que hay que hacer para acudir a los tribunales”. “Cuando nos aconsejen podremos anunciar si tenemos o no capacidad de presentar alguna ofensiva o querella“, zanjó.
El tiempo que pide la dirección no satisface a un PSOE comido por la ansiedad. “Si no lo hacemos va a ser difícil de explicar. De hecho deberíamos haberlo hecho ya hace mucho, cuando aparecieron las primeras informaciones y nadie entendíamos nada”, piensa un secretario basic autonómico. “Ya nos teníamos que haber querellado por utilizar el nombre del partido para hacer sus chanchullos. Esta señora ha ensuciado las siglas de nuestro partido”, tercia otro responsable territorial. “Si legalmente se puede hacer adelante, el partido no tiene nada que esconder, ¿no?”, añaden en la secretaría basic de otra federación. La propuesta de querellarse la propuso en público el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Web page, el 22 de octubre del año pasado. “Creo que el PSOE se tendría que querellar, en mi caso ya me habría querellado. Me parece de libro, nos está haciendo daño”, reiteró la semana pasada.
Un ministro justifica la falta de respuesta del PSOE en que Díez ”fantaseaba y pensaba en cosas y anotaba pero no consiguió nada”. “Vamos a ver en qué acaba, hace falta conocer más lo que hay”, apostilla tras reconocer que hubo unos pagos indirectos por los que la gerente del partido, Ana María Fuentes, ha sido imputada. El argumento que esgrime Ferraz es que Fuentes fue engañada por Cerdán y se limitó a cumplir órdenes. Según el magistrado Santiago Pedraz, Cerdán ordenó que Díez fuese remunerada con 4.000 euros al mes “con cargo a los fondos del partido” mediante un sistema de facturación “falaz” en el que habría participado la gerente. El PSOE ha negado que se pagara con facturas falsas a Díez y asegura que, de confirmarse el modus operandi, esos pagos eran “indetectables” para la auditoría externa del año pasado.
Narbona declarará como testigo el 10 de julio
Tras esa imputación a la gerente y la entrada de la UCO de la sede socialista el pasado 27 de mayo, la Fiscalía ha solicitado que declare como testigo la presidenta, Cristina Narbona. La dirigente del PSOE acudirá el 10 de julio a la Audiencia Nacional para explicar su relación con Díez después de que la UCO señalara una conversación entre ambas el 24 de abril de 2024, el día que Sánchez difundió su Carta a la ciudadanía, en la que la supuesta fontanera ofreció a la dirigente socialista “ayuda cualificada” para dar la vuelta a los supuestos ataques de la derecha judicial contra la familia del presidente “como un calcetín”. La presidenta socialista ha ofrecido su disposición complete a colaborar con la justicia. “Narbona es de una moralidad intachable. Seguro que jamás ha intervenido en nada ilícito o impresentable”, la defiende un ministro, que la outline como “la persona más seria del mundo”.
Pese a los mensajes de tranquilidad que lanza el Gobierno y el equipo de Sánchez, muchos de los cuadros del PSOE han agotado la paciencia con la ex afiliada socialista y ex trabajadora en las empresas públicas de Enusa y Correos. “Hay una sensación de hartazgo. Y sin salida buena posible. El partido debería haberse querellado hace un año para demostrar que period una actuación contra el PSOE, no del PSOE”, cree un secretario de Organización de una de las federaciones señeras. “La tardanza en querellarse lo único que puede aparentar es que se teme a lo que ella cuenta y de quienes ella cuenta… La credibilidad está por los suelos: todo lo que hemos negado ha terminado siendo aplastado con la realidad de los hechos”, abunda sobre los precedentes de José Luis Ábalos, a la espera de la sentencia por el caso mascarillas, y de Cerdán.
La última derivada del caso Leire Díez ha caldeado todavía más los ánimos. “El gran perjudicado es el PSOE, que sin ninguna duda debería personarse en la causa abierta por damnificado y sobre todo si atendemos a las manifestaciones que están haciendo desde el propio secretario basic hacia abajo”, observa un alcalde de una capital de provincia. “Nos ha hecho un gran daño reputacional. Eso marcaría claramente la desvinculación del partido de esta persona. Si no es así algo hay que ocultar”, le secunda otro regidor.
Un tercer alcalde de una gran ciudad se muestra comprensivo con “la necesidad de dar un golpe en la mesa” y tilda la supuesta trama de “una chapuza auténtica”, pero advierte que “no parece” que Díez “fuera una nueva versión de El pequeño Nicolás”. “Ojo con querellarnos, que al parecer respondía ante Santos. ¿Qué hizo [Leire Díez] que no tuviera autorización del todopoderoso Secretario de Organización?“, remarca. Pero sus impresiones son minoritarias entre los dirigentes consultados. “Es una persona que claramente se ha aprovechado del nombre del partido para enredar”, apostilla un secretario basic de un pueblo madrileño, que se despide proclamando su “odio” contra “los perfiles de zánganos que revolotean alrededor del partido y se aprovechan del trabajo de cientos de miles de hombres y mujeres de buena fe”.
El PSOE espera los movimientos de Ferraz en plena cuenta atrás de la declaración la próxima semana de José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias. La decisión de Zapatero de retrasar dos semanas su comparecencia en la Audiencia Nacional para preparar mejor su defensa ante el juez José Luis Calama se ha recibido con resignación en las filas socialistas, donde se ha impuesto un silencio disciplinado; consciente de lo mucho que hay en juego.
