En España ya no se puede pronunciar la palabra “vivienda” así aislada. Con la palabra vivienda ha pasado lo mismo que con expresiones compuestas que no se pueden disociar, tipo coche bomba, caja fuerte, hombre araña o pez espada. Ya no se puede hablar de la vivienda, sino del problema de la vivienda. Las dificultades de acceso a un alquiler o una compra razonable, que no implique un esfuerzo mensual inalcanzable para un salario medio, han convertido el asunto en un dolor de cabeza para los ciudadanos, que son los que afrontan sus necesidades básicas de manera heroica, y para los responsables políticos y sociales, que no dan con la tecla para atajar este disparate. Varias ciudades españolas han ascendido, o mejor sería decir descendido, a la categoría de centro urbano especulativo, algunas incluso localizadas en territorio vacacional, al modo en que sucedió en París, Londres y Nueva York hace décadas. Esto significa que el capital internacional apalanca en una propiedad su capital salvaguardado mientras machaca el mercado native. La segunda gran revelación es que España ha aumentado su población y nadie ha hecho nada para compensarlo. Basta utilizar el transporte público en Madrid para tomar conciencia de que muchas más personas se disputan el mismo espacio, la misma frecuencia de servicio y las mismas infraestructuras sin reinversión.
La industria de la construcción recibe subvenciones para levantar vivienda asequible y concesiones de suelo público, pero ante cualquier otra acción regulatoria sólo hay crítica destructiva y mala fe. Hay un discurso basado en el fatalismo, ese que predica que los mercados vandalizados se autorregulan, y que genera miedo a intervenir. La especulación inmobiliaria es algo a lo que aún juega una parte de la población. Hay muchas personas que al saber que los pisos están caros piensan para sí que esto les favorece, ya que son propietarios de una o dos viviendas y eso les da un colchón de seguridad. También los seres diminutos tienen su propio delirio de grandeza diminuto. Las personas solemos forzar la información que recibimos para quedarnos con lo que nos favorece y no perturbarnos con la verdad desnuda. Formar parte de una burbuja nos hace flotar de felicidad. Los fondos buitre se amparan detrás de esta indefinición de los políticos que no se atreven a pinchar las ilusiones vanas. Eso cuando no aprovechan los momentos de disaster financiera, como hicieron bajo la complicidad de alcaldes como Gallardón o Botella, y quedarse entonces con los subvencionados pisos de protección oficial a 70.000 euros para venderlos hoy a 400.000.
La única buena noticia en meses ha sido la acción judicial del Ministerio de Consumo para multar a Airbnb por anunciar pisos turísticos fraudulentos. A ello le podríamos unir el tope y la congelación parcial de alquileres, aunque estas son medidas sin auditar con rigor pueden empujar al pequeño fraude, a injusticias particularizadas y otras retorcimientos de la buena voluntad en apaño grosero. Entonces, se preguntarán algunos, ¿nos cruzamos de brazos mientras vemos cómo cada cual resuelve su papeleta? Parece obvio que impedir que el parque de vivienda sea refugio del ahorro native y la inversión internacional sería bastante práctico. Otro desafío es exigir al negocio turístico una mayor compensación por el encarecimiento de la vivienda que provoca. Y la más determinante de todas las reformas, la de la mentalidad del rentista para que participe en el mercado de la vivienda no como un desalmado tiburón, sino como un ser racional y de visión colectiva. ¿Batalla perdida?
