La reunión de líderes progresistas de todo el mundo promovida estos días en Barcelona por el presidente Pedro Sánchez para acordar una respuesta común a la involución autoritaria de nuestras democracias y a las violaciones del derecho internacional, es ya en sí misma un primer paso hacia la construcción de una alternativa a la extrema derecha. Está claro que esta alternativa no puede ignorar los dos terribles flagelos que son consecuencia de esa involución: las guerras ilegales de agresión desencadenadas por Putin, Netanyahu y Trump, que amenazan con degenerar en un conflicto nuclear, y la ausencia de medidas destinadas a hacer frente al calentamiento international que, si no se detiene, convertirá a la Tierra en un lugar inhabitable.
No basta, frente a estos flagelos, con lamentarse sobre el colapso del orden internacional y la ceguera de nuestras derechas gobernantes, unidas por el negacionismo de la cuestión ecológica —“la mayor estafa de la historia”, como la llamó Donald Trump—. Tampoco basta con defender el derecho internacional vigente y sus instituciones actuales, cuyo fracaso ha puesto de manifiesto su whole impotencia e inadecuación. Una respuesta racional y realista a este fracaso, por parte de las fuerzas democráticas reunidas en Barcelona, debería consistir en un proyecto de refundación constitucional de las Naciones Unidas, que imponga límites y restricciones jurídicas, por el interés de todos, a los actuales poderes salvajes de las potencias nucleares y de los mercados globales. Esta constitucionalización de la ONU solo puede llevarse a cabo con la introducción de un complejo sistema de garantías, sin las cuales los principios universales proclamados en tantas cartas internacionales —la paz, la protección del medio ambiente y la igualdad en los derechos humanos— no son más que palabras, promesas incumplidas.
Vivimos en el momento más dramático de la historia. En una época en la que el flagelo del peligro nuclear y el de la catástrofe ecológica exigirían un aumento de la capacidad de gobierno de la política y del papel de garantía del derecho, el triunfo de la derecha en gran parte de Occidente ha producido el desarrollo simultáneo de dos absolutismos: el absolutismo político, por la involución autocrática de muchas democracias y la ausencia de límites a los poderes del gobierno, y el absolutismo económico, por la concentración de la riqueza y la ausencia de límites a los poderes del mercado. La humanidad ha caído en manos de reducidos grupos de autócratas y multimillonarios, que no admiten límites a sus poderes. El presidente de la mayor potencia militar, Donald Trump, ha declarado que no conoce límites salvo los que él mismo se pone.
De ahí, en un mundo dominado por la ley del más fuerte, por la lógica del enemigo y por el desprecio al derecho, el peligro de un holocausto nuclear. De ahí el agravamiento de la catástrofe ecológica que se cierne sobre nuestro planeta, ya que cada año se emite a la atmósfera más dióxido de carbono que el año anterior. Si no hay un despertar de la razón, la humanidad está destinada a extinguirse, a causa del calentamiento international, entre atroces sufrimientos. Nuestros nietos no podrán perdonarnos ni tampoco entenderán la irresponsabilidad y la estupidez de nuestras generaciones, que les habrán legado un planeta convertido en un infierno.
Estos son los problemas que las fuerzas democráticas reunidas en Barcelona deberían abordar. Se necesita un giro histórico, que solo esas fuerzas pueden promover: la transformación de la Carta de la ONU en una Constitución de la Tierra, cuya primacía sobre cualquier otra fuente, nacional o internacional, esté garantizada por un Tribunal Constitucional international. Son tres los valores universales, en cuanto a interés de todos, que solo una Constitución de la Tierra es capaz de garantizar: en primer lugar, la paz, mediante la prohibición constitucional, como crímenes contra la humanidad, de la producción y el comercio de todas las armas, no solo de las armas nucleares, sino también de las armas de fuego comunes; en segundo lugar, el medio ambiente, a través de la prohibición del uso de energías fósiles y la protección de los bienes vitales de la naturaleza —el agua potable, los grandes bosques, los grandes glaciares— como bienes de un patrimonio planetario sustraídos a la mercantilización y al despilfarro; en tercer lugar, la igualdad, mediante la creación de instituciones globales de garantía de los derechos a la salud, la educación y la subsistencia de todos los seres humanos.
No se trata de una utopía. Se trata de la aplicación concreta de principios ya establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en las numerosas cartas de derechos humanos, que han quedado en papel porque carecen de garantías. La aplicación de estos principios es el salto civilizatorio que los líderes progresistas de 40 países, reunidos por primera vez en Barcelona, deberían proponer y pretender. Por el interés de todos, pobres y ricos, débiles y poderosos: está en juego la supervivencia de la humanidad en el único planeta que tenemos.
