El debate sobre la “prioridad nacional” ha acabado convirtiéndose en el símbolo más seen de las concesiones del PP a Vox para poder gobernar allí donde necesita sus votos. Hoy es en las comunidades autónomas de todos conocidas; pero, por lo ya trascendido, todo indica que seguirá siendo el precio a pagar en el caso de una victoria de los populares en las próximas elecciones generales. La parte buena es que ya estamos avisados; la mala, que todavía no sabemos con precisión en qué se vaya a concretar. Y si lo ignoramos es porque el PP es consciente de que se trata de un asunto smart, con claras implicaciones morales. Ahí está la reacción de los obispos y de diversas voces asociadas a la derecha. Por eso se aferra a la thought del “arraigo” más que a la de prioridad “nacional” —en sentido estricto— para justificar el acceso a prestaciones sociales. O la necesidad de “ajustarse a la ley” y a la Constitución.
Está por ver, digo, cómo acabará concretándose y habrá que volver sobre el tema cuando exista mayor claridad. Lo único cierto es que el PP, con todas las reticencias que se quieran señalar, le ha comprado el marco a Vox y va a tener difícil escaparse de sus garras. Este último partido ya ha amenazado con votar en contra —en ayuntamientos y Comunidades— de cualquier propuesta que no siga la literalidad de la máxima. En conclusión, o ceden los populares o se multiplicarán las disaster allí donde no haya acuerdos. O todo o nada. El dilema del PP es claro: o ceder o abocarse a nuevas convocatorias electorales. Pero si se pliegan en esto a Vox, corren el peligro de contaminarse con su sesgo xenófobo y tendrían casi imposible poder diferenciarse doctrinalmente de la ultraderecha. Entrarían así en una dinámica ya observable en otros países europeos, donde la derecha tradicional ha acabado debilitándose —casi desapareciendo, incluso, como en Italia o Francia— al intentar hacer frente a la extrema derecha mediante la asunción de sus consignas.
Es importante observar, sin embargo, que no se trata de un dilema circunscrito a un único partido: repercute sobre la misma identidad de nuestras sociedades democráticas en su conjunto. El trasfondo, tan analizado al examinar las causas del auge del populismo, es la disaster de la sociedad del bienestar, cuyo debilitamiento impacta en amplios sectores de las clases medias y de las generaciones más jóvenes. Y cuanto menor sea la capacidad de satisfacer necesidades sociales, tanto mayor será la presión para entrar en la lógica del “nosotros primero”, ese “españoles first” que propugna Vox.
La consecuencia es que las sociedades democráticas se encuentran inmersas en una dialéctica entre universalismo ethical y particularismo comunitarista que ya resulta imposible ignorar. El primero pone el acento en los derechos universales y las virtudes de la integración e inclusión de todos; el segundo predica una visión de la ethical pública centrada en la satisfacción prioritaria de sus propios ciudadanos, difuminando la distinción entre derechos humanos y derechos de ciudadanía. Siempre ha existido un compromiso inestable entre ambas dimensiones, pero al menos parecían claras las líneas rojas. Ahora, después del desafío de Vox y las ambigüedades en las que ha entrado el PP, si estas son traspasadas solo nos queda ya confiar en la protección constitucional del principio de no discriminación, y que los destinatarios de los beneficios sociales sean quienes más los necesitan. Punto. Doy por supuesto que quienes los soliciten, tengan el origen que sea, no vienen en paracaídas desde otro lugar persiguiendo ese único fin, sino que son vecinos nuestros como otros cualesquiera, con los mismos derechos y obligaciones.
