Las guerras en Irán y el Líbano se han entrelazado en el tiempo para provocar el desconcierto basic. Ya apenas nadie puede seguir la lógica que guía a la gran potencia militar de Estados Unidos, desnortada por una cúpula política vanidosa e inconsecuente. El Gobierno israelí sí parece maniobrar con claras prioridades. Otra cosa es la desolación que causa su estrategia, pues indica que aquellos que estuvieron detrás ideológicamente del asesinato de Isaac Rabin 30 años atrás se han apoderado de las instituciones del país mientras desmantelan los controles institucionales y las libertades democráticas. Como bien han comprobado los húngaros tras los 16 años de mandato de Orbán, nada es más fácil que corroer la democracia desde dentro. Estos personajes, cuyo paradigma son los Netanyahu, Trump y Putin, ejemplifican el perfil de hombre fuerte tan seductor para algunos ciudadanos que confunden autoridad con autoritarismo. La única fortaleza que estos líderes encarnan es la de aferrarse al cargo, pues después de elegidos no hay quien los despegue del poder ni con espátula.
Nos hemos acostumbrado a escuchar sus soflamas patrióticas y religiosas, pero algún día nos gustaría que se les aplicara la advertencia authorized de que cualquier cosa que digan podrá ser usada en su contra. Llevarlos ante los tribunales internacionales de justicia va a ser tarea imposible, entre otros motivos porque el Gobierno de Estados Unidos es el primero interesado en no juzgar los crímenes de guerra. Su presidente se vanagloria de cometerlos, amparado también en ese Dios que sirve para todo menos para hacer el bien. Uno de los detalles más chocantes tiene que ver con el maltrato que han recibido relatores de la ONU y fiscales del Tribunal Penal Internacional por asumir la causa contra Netanyahu y sus colaboradores. Son más de una docena los que han visto prohibida su libertad de desplazamiento y se les han cancelado cuentas y el servicio de tarjeta de crédito gestionado por las multinacionales norteamericanas. Se les ha inhabilitado incluso para servirse de compañías como Amazon, PayPal o Netflix, algo que tiene más de humillación que de daño. Resulta un modo de extorsión para que todo funcionario público entienda que no hay otra opción que la de situarse a favor del crimen y la impunidad.
Este discurso se ha trasladado a los ciudadanos europeos en su conjunto. Aceptamos que se hable de disaster económica y de inflación, pero no de muerte de inocentes. Nos informan al segundo del precio del barril de Brent, pero no obtiene el mismo rango de relevancia la cifra de personas muertas por los bombardeos en el Líbano y en Irán. Un mundo tan corporativista como es el gremio judicial, capaz de saltar en tromba cuando alguien somete a crítica una sentencia, los modos de un interrogatorio o la sospecha de actuación prevaricadora, sin embargo ha permanecido ajeno al castigo contra estos juristas internacionales. El silencio gremial ante este acoso es una muestra de cobardía llamativa. Sería cabal y hasta elegante que los más de cien países que colaboran con el Tribunal Penal Internacional respondieran con contundencia a estas empresas, a los gestores de tarjetas de crédito y a los bancos que han participado en el boicot estadounidense contra los servidores públicos, estos pequeños héroes de nuestra baqueteada civilización. La fortaleza de la legalidad internacional es la única respuesta a los crímenes de guerra. Si renunciamos a ello, nos vamos dejando comer el terreno y pronto no tendremos suelo firme en el que pisar porque los asesinos estarán matando en nuestro nombre.
