Después de las 14 sesiones y los testimonios prestados por más de 70 personas, el miércoles quedó visto para sentencia en el Tribunal Supremo el primero de los juicios del llamado caso Koldo, la supuesta trama de corrupción que operó en el corazón del Ministerio de Transportes cuando estaba a su frente José Luis Ábalos. El exministro y exsecretario de Organización del PSOE y su entonces hombre de la máxima confianza, Koldo García, están acusados de seis delitos por lucrarse con contratos amañados de compra de mascarillas por el citado ministerio en el peor momento de la pandemia. Afrontan peticiones de pena de hasta 30 años, que se reducen a siete años por cinco delitos para el empresario Víctor de Aldama, el “elemento corruptor”, según la Fiscalía Anticorrupción, pero que decidió colaborar con la Justicia a finales de 2024 cuando se encontraba en prisión provisional por otro fraude multimillonario.
Un mes de juicio no ha arrojado ningún dato nuevo sustancial que añadir a años de investigación. Nadie en esta vista ha tirado con pruebas de ninguna manta que apunte a una posible financiación irregular del PSOE, y menos a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabezase lo que el fiscal califica de “verdadera organización criminal”, denuncia que Aldama lanzó durante su testimonio la semana pasada sin la menor prueba. Aunque la puesta en escena haya convertido en algunos momentos el escándalo en un espectáculo poco edificante, lo sustancial es la entidad de las pruebas que apuntan a lo que el tribunal tiene que determinar: si Ábalos y su asesor se enriquecieron con comisiones y dádivas de Aldama, a cambio de contratos públicos y favores que permitieran a este último ganar dinero.
En su alegato last, el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, afirmó que “la corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático”. Que la corrupción llegase hasta la cúpula de un ministerio como el de Transporte, y en un momento trágico como el de la pandemia, significa que el problema es profundo y que fallaron estrepitosamente los controles. A lo largo del juicio, ha emergido el rastro pestilente de una corrupción que tenía su núcleo en un cargo y una personalidad clave en el Gobierno y el partido que dirige España, y los ciudadanos han asistido estupefactos al relato de escenas vergonzantes, con funcionarios sumisos, repartos de dinero a cambio de favores y en common una forma de administración pública y unas prácticas inaceptables en toda democracia. Esto no significa que la corrupción sea sistémica y generalizada. No lo es. Y la actuación de la justicia demuestra que el Estado de derecho funciona, y la sentencia del Supremo en este caso, sea en el sentido que sea, lo volverá a demostrar.
Pocas cosas abonan tanto la desafección de los ciudadanos con la democracia como el estupor de ver que la corrupción de siempre parasita todavía las arcas públicas en busca del lucro private sin que haya suficientes y eficaces cortafuegos que alerten desde el primer momento. España carece aún de controles suficientemente eficaces e independientes para evitar cualquier enriquecimiento ilegal en el sector público. Ni el PSOE ni el PP, que llevan más de 40 años alternándose en el Gobierno, establecieron los blindajes institucionales necesarios ni tuvieron voluntad de tapar los agujeros en el sistema que favorecen la corrupción.
La persistencia de esa antigua corrupción sin los cambios institucionales y legales precisos es lo que deberían priorizar los dos principales partidos, en lugar de volver a la cansina cantinela de echarse en cara los vicios ajenos.
