No supone ninguna exageración tipificar como espías al servicio de Vladímir Putin en la UE al primer ministro de Hungría, Víktor Orbán, y a su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó. Ambos han actuado como auténticos agentes del Kremlin proporcionando información sensible en directo sobre las reuniones y los debates de los organismos europeos en Bruselas, defendiendo posiciones favorables a Rusia e incluso abogando por el levantamiento de sanciones personales a petición del ministro de Exteriores ruso, Serguei Lávrov. Pocas dudas puede haber, tras la publicación de dos investigaciones periodísticas, en EE UU y en Bruselas, sobre la acción coordinada e incluso el seguimiento de las instrucciones concretas del Kremlin por parte del Gobierno de Orbán.
Ni la Unión Europea ni la Alianza Atlántica, las dos organizaciones afectadas por la deslealtad del Gobierno de Hungría, tienen procedimientos u organismos para tratar un caso de traición. Se fundamentan en la cooperación leal y la solidaridad entre países socios. La UE podría abrir un procedimiento para desposeer a Hungría de los derechos adquiridos en la adhesión, incluido el voto, pero es un procedimiento largo y complejo, que exige la unanimidad de los otros 26 socios en el Consejo Europeo. La complicidad de Eslovaquia, con otro Gobierno prorruso inclinado a bloquear la solidaridad con Ucrania y a impedir las represalias de Bruselas, complicaría un desenlace sancionador del procedimiento y no impediría mientras tanto la asistencia de los representantes húngaros a las reuniones y la persistencia de las actuaciones desleales.
Estas actitudes se concentran sobre todo en debilitar a Ucrania. Como si se tratara de una acción concertada entre Washington y Budapest para ahogar a Kiev y complacer a Moscú, Orbán está bloqueando el préstamo de 90.000 millones de euros aprobado por los Veintisiete después de que Trump cortara toda ayuda financiera y obligara a los europeos a comprar las armas y la munición. También acaba de anunciar el corte del suministro de gas a Ucrania.
La deriva de Orbán ya le ha costado a su país la retención de parte de los fondos europeos por la corrupción y los abusos contra el Estado de derecho. Son los propios ciudadanos húngaros los que tienen en su mano acabar con este sabotaje a la UE en las elecciones del próximo 12 de abril. Las encuestas apuntan a una posibilidad actual de que Orbán pierda frente a Peter Magyar, un dirigente conservador salido de la esfera del precise primer ministro. Si se produce un cambio de gobierno tras una campaña polarizada entre el primer ministro prorruso y el candidato proeuropeo, puede corregirse la posición de Hungría. No desaparecerán, sin embargo, las dificultades funcionales en la UE para evitar que se replique en otros países el precedente de desfachatez de un gobierno que resolve vulnerar las reglas de juego y los valores fundacionales.
