El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y liberó una parte del paquete de 20.000 millones que el organismo comprometió con el gobierno de Javier Milei el año pasado.
Además del visto bueno a nivel técnico, el memorando de políticas económicas que acompañó esa decisión dejó al descubierto una hoja de ruta de los compromisos que el gobierno libertario asumió ante el organismo para sus próximos dos años de gestión.
Una agenda ambiciosa que incluye una reforma tributaria, un presupuesto atado al déficit cero y un sistema previsional que no se tocará hasta después de las elecciones y genera dudas sobre su sostenibilidad.
Un sistema con más de 155 impuestos en la mira
El compromiso más concreto del gobierno en el documento es la presentación de una reforma tributaria antes de fin de año. La iniciativa deberá apuntar a mejorar la eficiencia y simplificar un sistema que el propio FMI califica de “complejo, altamente distorsivo e inestable”.
Argentina cuenta con más de 155 impuestos, y más de un 25% de su recaudación depende de tributos considerados distorsivos, como los derechos de exportación, el impuesto sobre las transacciones financieras y sobre los Ingresos Brutos (IIBB), que se aplica en cascada sobre cada etapa de la cadena productiva y que recaudan las provincias.
Con ese diagnóstico, el FMI elaboró una lista de recomendaciones: reducir las exenciones impositivas con las que cuentan determinados sectores económicos, ampliar la base del impuesto a las ganancias para que más contribuyentes tributen, aumentar el monotributo (un régimen simplificado que usan trabajadores independientes y pequeños negocios), simplificar el impuesto corporativo para reducir la carga sobre las empresas, eliminar gradualmente las retenciones al sector agropecuario y el impuesto al cheque.
A más largo plazo, propone que las provincias reemplacen Ingresos Brutos por un esquema de IVA compartido entre la nación y las provincias, comparable al que funciona en India o Brasil.
Esta semana, como señal en esa dirección, el gobierno presentó un cronograma de bajas de derechos de exportación para el campo y la industria. El FMI estimó que eliminar las retenciones podría aumentar las exportaciones agroindustriales cerca de un 10%, sumar unos 5.000 millones de dólares anuales en divisas y elevar el PIB alrededor de 0,4 puntos porcentuales.
Déficit cero
Un compromiso central del acuerdo es el envío de un Presupuesto 2027 consistente con la regla de déficit cero, una meta que el gobierno viene cumpliendo —en abril registró superávit financiero para el sector público no financiero— pero que enfrenta desafíos a medida que avanza el año.
“El déficit cero es posible de mantener, pero requiere de un esfuerzo constante para que la recaudación no pare de caer”, advierte a BioBioChile Lucio Garay, economista de la consultora Ecogo. Las principales debilidades, según el economista, son la fragilidad de la actividad económica y del mercado laboral.
“La recaudación no solo no repunta, al igual que la actividad, sino que además el Ejecutivo la fuerza constantemente, como con la baja de alícuotas en Derechos de Exportación, tributo que va en su totalidad a Nación. En paralelo, el mismo Ministro de Economía reconoció que period difícil seguir generando superávit vía un mayor ajuste del gasto”, agrega.
El FMI también alertó sobre las reservas internacionales: la posición neta negativa ronda los 10.000 millones de dólares, y el organismo proyecta que los pagos de Argentina al Fondo alcanzarán el 18% de las reservas brutas del Banco Central en 2027.
“En el segundo semestre del año, la oferta de dólares es estacionalmente más baja y el contexto electoral puede incentivar al Banco Central a vender divisas para sostener el tipo de cambio como ancla cambiaria, que es hoy su principal arma contra la inflación”, cube Garay.
Las jubilaciones, para después de las elecciones
Otro de los puntos políticamente sensibles del documento es la definición sobre el sistema previsional. El gobierno dejó asentado en el memorando que no avanzará con una reforma estructural del sistema de pensiones hasta después de las elecciones presidenciales de 2027.
La lógica oficial es que la reforma previsional requiere primero una mayor formalización laboral —que esperan que llegue con la implementación de la Ley de Modernización Laboral— y luego una reforma tributaria que impulse el crecimiento del sector privado. Una vez aplicadas las reformas, planean comenzar a diseñar cambios al sistema previsional.
En el informe de evaluación del programa económico, el FMI había advertido que el gasto en pensiones representa aproximadamente el 45% del presupuesto federal y que se proyecta que aumente aún más a medida que avancen las presiones demográficas.
Para Garay, postergar la reforma hasta después de 2027 es un pragmatismo político: “El costo político es mucho mayor que el costo que pueda tener el gobierno por seguir sumando jubilaciones a pagar”.
¿Qué puede aprender Chile?
El caso argentino llega en un momento en que Chile tramita su propia reforma tributaria. El gobierno de José Antonio Kast impulsa una megarreforma de 40 medidas que ya superó su primer trámite legislativo, pero que enfrenta advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El debate chileno tiene otro signo: mientras Argentina busca simplificar y reducir impuestos distorsivos para recuperar competitividad, Chile discute una rebaja al impuesto corporativo del 27% al 23% como motor de crecimiento, sin medidas recaudatorias que compensen la caída de ingresos.
“Argentina intentó ordenar primero el déficit fiscal y después encarar las reformas estructurales. Ese orden importa”, explica a este portal un empresario que prefiere no revelar su identidad; “la simplificación del sistema tributario es un proceso que toma tiempo y genera resistencias políticas. La reforma previsional, por su parte, requiere condiciones previas de formalidad laboral que tampoco se construyen de la noche a la mañana”.
