“Nos tienen que escuchar, nos deben escuchar”. María Muñoz es madre de un niño con necesidades especiales y la portavoz en Granada de la plataforma con alcance autonómico que las familias de estos menores, los más vulnerables del sistema educativo, han constituido para llamar la atención sobre las carencias de la atención a la diversidad en Andalucía. Las madres y padres de estos alumnos llevan años reclamando mejoras en cuanto a dotación de profesionales especializados, ratios, aulas específicas en los centros y, ante todo, una inclusión actual de estos estudiantes y, después de más de una semana movilizándose en distintas provincias de la comunidad, coincidirán este jueves en Sevilla en una concentración de carácter regional frente al Palacio de San Telmo, la sede del Gobierno autónomo, un día antes de que arranque la campaña electoral. El 10 de mayo se manifestarán en Granada y Jaén.
Las reivindicaciones de las familias de menores con necesidades especiales para que sus hijos e hijas gocen del derecho a una educación inclusiva y de calidad que les reconoce la Ley han sido una constante en las demandas de la comunidad educativa al Gobierno de Juan Manuel Moreno, junto con la reducción de la ratio o la eliminación de aulas en los centros educativos públicos. En el punto de mira, la falta de recursos para garantizar la presencia de suficientes especialistas en los centros de enseñanza —maestros de pedagogía terapéutica (PT), private técnico de integración social en educación (PTIS) y especialista en audición y lenguaje (AL)—; su falta de estabilidad; la necesidad de formación del resto de docentes; la ausencia de una ratio máxima y la dotación de aulas adecuadas para las necesidades que requieren sus hijos e hijas para que no se vean obligados a peregrinar a otros centros. “No son alumnado de segunda, lo único que exigimos es que sus derechos estén cubiertos”, puntualiza Alicia Domínguez, coordinadora de la plataforma en Sevilla.
“El problema son las políticas”, subraya Rocío Bejínez, madre de un niño con necesidades especiales y portavoz de Codapa, la Confederación de asociaciones de padres y madres de colegios públicos de Andalucía. Esta entidad consiguió arrancar a principios de año un compromiso de las cinco formaciones con representación en el Parlamento autonómico de un plan estratégico para garantizar una solución real y efectiva a los problemas para la integración de los alumnos con necesidades específicas. Una hoja de ruta que, como denuncia Bejínez, sigue en blanco casi cuatro meses después. “A pesar de haber solicitado por activa y por pasiva una reunión con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, por parte de la Administración precise de la Junta, el silencio sigue siendo la única contestación”, explica esta madre a EL PAÍS. Ella estuvo presente en la reunión con el delegado de Educación de Sevilla para reclamar más recursos, en la que este espetó a las familias: “¿Para qué quiere un niño con autismo un personal de apoyo? ¿Para aprender a mover la lengua delante del espejo?“. Es el mismo abandono que reprocha Muñoz. “El caso es omiso. Enviamos muchos escritos y no recibimos respuesta, solo nos queda movilizarnos a ver si, a punto de que empiece la campaña electoral, nos hacen más caso”, se lamenta.
“Llevamos muchos años de lucha, muchas concentraciones, citas con las delegaciones de Educación, con la consejería, nos atienden, pero realmente no dan soluciones y esto está siendo desbordante para las familias y para los docentes”, cuenta Rocío García, madre sevillana de una niña de 10 años que lleva seis, desde que se escolarizó, en un aula específica. “Nuestros niños tienen el mismo derecho a tener un futuro que cualquier otro alumno”, abunda. “Queremos una inclusión actual y digna. La palabra inclusión queda muy bonita en el papel y los vídeos, pero queremos que sea de verdad, de palabra ya no nos sirve”, reclama Domínguez.
Los partidos son conscientes de que la atención a la diversidad es uno de los elementos más sensibles de la campaña y sus medidas centran buena parte de sus programas en materia de educación. Mientras el PP y Vox defienden el mantenimiento de los centros específicos —una segregación por la que la ONU ha reprendido a España—, el PSOE pone el foco en la inclusión dentro del sistema ordinario. Todas las formaciones recogen un incremento de la inversión y la contratación de más especialistas; Adelante y los socialistas proponen el fin de las externalizaciones de PTIS y Por Andalucía y la coalición andalucista fijan una ratio concreta. A las familias todas estas promesas les suenan porque las han escuchado antes, pero exigen que eso se traslade a la realidad con la dotación de recursos tangibles.
“Una pelea continua”
Domínguez tuvo que cambiar a su hijo de seis años a un centro público inclusivo adaptado a las necesidades que él requería en el que, aunque sigue habiendo carencia de especialistas, “ha avanzado más en un año que en los dos que pasó en el colegio en el que estaba antes”. “Todos los centros deberían contar con aulas específicas para acoger a ese alumnado que lo necesita, pero eso lo tiene que aprobar la delegación. Hay colegios que a lo mejor cuentan con un aula, pero necesitan otra y obtenerla lleva años y solo se consigue a base de mucho pedir, de repetirlo muchas veces y de esperar” cuenta. “Las madres con niños con necesidades especiales ya tenemos bastantes luchas como para tener que pelear por el derecho a la educación. Es una frustración constante, una pelea continua”, abunda.
“En un centro educativo hay un aula específica con cinco alumnos, pero es que también hay necesidades educativas en las aulas ordinarias, pero en delegación te dicen que ya existe un recurso, pero se trata de un especialista que tiene que atender a alumnos de ambas aulas”, explica García, para ilustrar la importancia de establecer una ratio mínima. “Es una vergüenza que mi hija solo pueda disponer de un AL durante media hora dos días a la semana”, abunda sobre el escaso tiempo que esos profesionales, ante la alta demanda, dedican a cada niño.
“Se dan golpes en el pecho hablando de la inclusión, pero la inclusión actual parte del hecho de que estos niños empiecen la escolarización con todos sus apoyos para que, poco a poco, puedan pasar más tiempo en el aula ordinaria que en la específica”, explica García. Su hija, que padece autismo, ha conocido en los seis años que lleva en el colegio a 15 PTIS y a 12 tutores. “Esto implica volver a empezar a conocer a los especialistas y que estos se adapten a ellos, yo noto un atraso en mi hija, que no se hubiera producido de haber tenido una continuidad de profesionales”, explica.
La Junta de Andalucía defiende que una de sus prioridades es la atención a la diversidad para la que se ha presupuestado para este año 636 millones de euros, lo que eleva la inversión a 7.500 euros anuales por estudiante con necesidades especiales, según los datos facilitados por la Consejería de Desarrollo Educativo. La plantilla de especialistas también se ha incrementado en un 37% más, un esfuerzo que desde Codapa reconocen, pero que se considera insuficiente, teniendo en cuenta que el número de alumnos con necesidades especiales ha subido en un 300%. “Hacen mucho hincapié en que se invierte como nunca, y es verdad que las cifras globales suben, pero ese dinero no está llegando a las aulas, porque hay cada ves más demanda de necesidades educativas y la realidad es que las familias seguimos mendigando horas de PTIS, apoyos de PT, y aunque hay presupuesto, los niños tienen menos horas de atención”, subraya García.
