La prórroga de los contratos de alquiler que el Gobierno aprobó el viernes ha provocado un nuevo choque con el sector inmobiliario. Asociaciones de propietarios, juristas y abogados han recibido con malestar la iniciativa, en vigor desde que se publicara en el BOE el pasado sábado como respuesta a la disaster derivada del conflicto en Oriente Medio.
“Publicaciones como la que nos encontramos el sábado no fomentan la seguridad jurídica”, ha lamentado Cristina Vallejo, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), durante la presentación este martes de la comisión permanente de la asociación de propietarios Asval en Catalunya.
Según la letrada, las normas que se han aprobado en los últimos años, con Catalunya a la cabeza, están generando un desequilibrio entre arrendador e inquilino a favor de éste último. La extensión obligatoria de los contratos va, según su criterio, en esa dirección. Por ello, ha pedido un pacto político por la vivienda que dote al sector de leyes “claras y estables”.
El decreto-ley publicado el sábado indica que los inquilinos cuyos contratos finalicen antes del 31 de diciembre del 2027 podrán solicitar una extensión de hasta dos años adicionales, en las mismas condiciones que el contrato vigente.
El arrendador estará obligado a aceptarla salvo en supuestos acreditados, como la necesidad de recuperar la vivienda para uso propio o la firma de un nuevo contrato entre las partes con condiciones distintas. Además, el texto limita al 2% la subida máxima de las rentas.
Ahora bien, este texto parece tener los días contados. En el Ejecutivo daban por hecho el no del PP y Vox, pero confiaban en convencer a Junts para la convalidación en el Congreso. Sin embargo, los postconvergentes anunciaron el mismo sábado que no lo apoyarán. Si se oponen, la medida decaerá en 30 días desde su publicación en el BOE.
”Que se apruebe un decreto-ley para prorrogar los contratos sabiendo que no se convalidará y que, mientras tanto, tendrá efectos, no contribuye a dar estabilidad ni seguridad”, ha insistido Carlos Muñoz, delegado de Asval en Catalunya.
El acto de presentación de Asval ha reunido en el ICAB a notarios, juristas, abogados y asociaciones de propietarios. Todos han alertado al acabar la jornada del conflicto jurídico que se puede abrir a partir de ahora si el decreto-ley decae, tal y como parece. “No sabemos cómo interpretar esta nueva norma, hay una gran incertidumbre”, han admitido varios de ellos en petit comité. Por ello, la llamada de Yolanda Díaz a aprovechar este periodo para prorrogar los contratos ha molestado especialmente. “Habrá un conflicto jurídico seguro”, han comentado algunos de los asistentes al acto, miembros del sector inmobiliario.
Durante la jornada, han reivindicado también un análisis más preciso del mercado del alquiler a la hora de diseñar políticas de vivienda. “Dejemos de hablar de percepciones e intentemos ir a la realidad de los datos; hay un mercado de alquiler que tenemos que atender no es el que estamos ayudanto en la actualidad”, ha subrayado Josep Oliver, catedrático de Economía de la UAB.
Oliver ha presentado un estudio sobre la accesibilidad al mercado del alquiler con una conclusión clara: los más beneficiados por el precise tope de rentas son los hogares de ingresos altos. “Mientras que el 33% de los hogares más pobres destinan cerca del 43% de su renta a pagar el alquiler, el tercil de mayores ingresos destina solo un 19%”, ha detallado. De ahí que la accesibilidad media en Catalunya haya mejorado. “La limitación de precios no ha ayudado a los que tienen menos ingresos, y es ahí donde deberíamos centrar los esfuerzos”, ha añadido. Desde el sector inmobiliario han advertido también que las rentas altas están capitalizando el mercado del alquiler a causa de la escasez de oferta. Los propietarios eligen siempre a los inquilinos más solventes.
El catedrático ha recordado que el shock de demanda que vive Catalunya se debe principalmente al fuerte aumento de la población por la llegada de inmigración los últimos seis años, a razón de unas 120.000 personas por ejercicio. “Todo apunta en que en los próximos diez años Catalunya recibirá 1,4 millones de inmigrantes más”, ha avanzado Oliver. Mientras tanto, la oferta de vivienda continúa siendo claramente insuficiente para atender toda esta demanda creciente.
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