Esta semana la Contraloría Normal de la República presentó al país el panorama precise de las finanzas públicas. El mensaje central es claro: la economía colombiana necesita ser manejada con prudencia, rigor técnico, responsabilidad institucional y sentido de realidad.
El comportamiento de las principales variables muestra un panorama fiscal y presupuestal preocupante, que impone retos en el corto y mediano plazo.
Los ingresos del Estado dependen cada vez menos de los tributos. Mientras en 2023 representaban cerca del 66 % del complete, en 2025 bajaron al 56 %. En contraste, el financiamiento vía crédito pasó de representar el 16 % al 27 % en ese mismo periodo.
Este fenómeno obedece a una debilidad estructural en la capacidad del Estado de generar recursos propios, vía impuestos, que ayuden a financiar los crecientes gastos, lo que se traduce en mayores niveles de endeudamiento.
El costo de la deuda está absorbiendo una porción del presupuesto, reduciendo el espacio fiscal disponible para inversión pública. Para 2026, el Presupuesto Normal de la Nación ya prevé $ 100,45 billones para el servicio de la deuda, frente a $ 88,45 billones para inversión.
Tampoco puede pasar inadvertida la baja ejecución de la inversión. En 2025 se ejecutó el 91,9 % en funcionamiento, el 92,8 % en servicio de la deuda y apenas el 64,2 % en inversión. Si bien este rubro ha mostrado alguna mejoría frente a años anteriores, sigue siendo el más rezagado, lo que plantea interrogantes serios sobre la capacidad del Estado para convertir recursos en proyectos estratégicos y crecimiento económico efectivo.
Este panorama deja claro que el ajuste fiscal necesario no puede recaer únicamente sobre los ingresos. El comportamiento creciente de los gastos del Gobierno Nacional exige un plan realista y creíble de ajuste que no solo obedezca a unas necesidades fiscales y presupuestales, sino además a criterios de eficacia y eficiencia de la administración pública.
El próximo gobierno, independientemente de su filiación política, tendrá que enderezar el rumbo con un plan de recuperación económica. No solo le corresponderá liderar políticamente el país, sino también fortalecer las finanzas públicas, aumentar la confianza y garantizar la sostenibilidad fiscal en un entorno complejo y restrictivo.
Eso exige decisiones presupuestales y financieras: 1) Depurar las cuentas, reconocer los pasivos acumulados y establecer un plan. 2) Estructurar estrategias de ingresos, combatiendo la evasión, modernizando la administración fiscal y ampliando la base tributaria 3) Transformar la calidad del gasto, priorizando, evaluando los programas y eliminando las duplicidades. 4) Cerrar las brechas en la ejecución presupuestal, reduciendo la ineficiencia entre lo aprobado, comprometido y lo pagado. 5) Mantener la disciplina fiscal, aumentando la confianza de los mercados, de los ciudadanos y de los organismos internacionales.
El próximo gobierno, independientemente de su filiación política, tendrá que enderezar el rumbo con un plan de recuperación económica
Un gobierno que no honra sus deudas debilita todo el sistema. Entre los principales pasivos se encuentran, por ejemplo: en salud, 32,9 billones de pesos; energía y gasoline, 10 billones; educación, 14,4 billones; fallos judiciales por pagar, 14,9 billones; pasivo pensional en regímenes especiales, 15,6 billones; víctimas, 133 billones; nuevos cupos penitenciarios, 7 billones; vigencias futuras vencidas en infraestructura, 1,4 billones; en regalías, el déficit de este bienio es de 908 millones, y en agricultura, 1,9 billones por subsidios pendientes.
En esa dirección, el país necesita una transformación profunda en la calidad del gasto. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Se trata de recuperar la capacidad de ejecutar con oportunidad y de administrar con responsabilidad. Este nuevo ciclo de gobierno será recordado no por la magnitud de sus anuncios, sino por la capacidad de sus decisiones.
CARLOS HERNÁN RODRÍGUEZ
Contralor common de la República
