El desbaratamiento del orden world establecido tras la Segunda Guerra Mundial también afecta al comercio y a las reglas del juego compartidas que, a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), buscaban garantizar condiciones equitativas para todos los jugadores. En esta nueva period, Europa debe estrechar la vigilancia sobre las prácticas comerciales desleales y afinar sus instrumentos de defensa comercial (IDC), sobre todo las investigaciones y los controles, para combatir amenazas como el “exceso de capacidad industrial sistémico y estructural” de algunos países, según reclaman Francia y España en un documento de trabajo trasladado a Bruselas y que está firmado también por Italia, Países Bajos y Lituania.
El non paper, como se conoce en jerga europea este tipo de documentos que buscan abrir la discusión sobre nuevas estrategias o medidas, no cita explícitamente qué países son considerados como los principales “disruptores” de las reglas globales del mercado. Pero en la mente de todos, más allá de los embates del Gobierno de Donald Trump a la OMC, está China, en la mira de Bruselas precisamente por su exceso de capacidad en sectores industriales como el del acero, lo que hace bajar los precios y provoca una competencia desleal para los fabricantes europeos. De hecho, este viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se dispone a lanzar un “debate de orientación sobre las relaciones UE-China” —una discusión estratégica a puerta cerrada del Colegio de Comisarios para discutir iniciativas que se quieren convertir en propuestas legislativas concretas—, en el que podría proponer algún tipo de instrumento contra este “exceso de capacidad” que le permita a la UE restringir el acceso de China —que ya ha advertido de represalias si Bruselas concreta esos planes— a determinados sectores del mercado europeo.
En su documento de trabajo, las capitales prevén medidas inmediatas, pero también otras más estructurales que tardarán tiempo en implementarse, si se llega a un acuerdo para ello. Todo con el objetivo de afinar más las investigaciones y conseguir que Bruselas actúe con más rapidez, vistos sus a menudo largos tiempos para actuar, así como con mayor eficacia, ampliando el espectro del análisis a lo largo de la cadena de valor, en vez de concentrarse en productos aislados.
A corto plazo, las capitales piden “más recursos para las unidades y equipos” dedicados a implementar las herramientas de defensa comercial para poder acelerar el trabajo y “priorizar casos y sectores”. También quieren que la Comisión abra “más a menudo” investigaciones de salvaguardia, que examinan las tendencias de las importaciones y si causan (o amenazan con causar) un perjuicio grave a los productores de la UE, caso en el que Bruselas puede iniciar una investigación a petición de uno o más Estados miembros. Los países critican en este sentido la práctica de la Comisión de realizar investigaciones anti subsidios y antidumping “producto por producto”, algo que consideran “particularmente ineficaz para disrupciones que afectan a varios segmentos de la cadena de valor” y abogan por que pasen a ser investigaciones sectoriales. Finalmente, la UE “debería mostrarse más proactiva y plantearse impugnar de forma más sistemática ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC cualquier medida que sea claramente incompatible con los acuerdos o normas pertinentes”, recoge el documento.
Con algo más de tiempo, a medio plazo, la UE debería estudiar algunos “ajustes quirúrgicos” a su marco authorized de defensa comercial, señalan los firmantes, con vistas a “restablecer” la competencia leal y la igualdad de condiciones en el mercado de la UE. En este sentido, además de añadir la “seguridad económica” de la UE como criterio para lanzar las medidas defensivas ahora centradas en cuestiones como el dumping, consideran como “prioritario” realizar una “revisión, reinterpretación y refuerzo” de la herramienta antielusión. Esta además debería venir acompañada, agregan, por una revisión a la baja de los umbrales que activan los mecanismos de defensa comercial europeos, como reducir el precise umbral del 60% de componentes originarios del país sujeto a la medida de defensa comercial al 50%. Así, señalan, “sería imposible que más de la mitad de un componente del producto closing procediera del país sujeto a la medida de defensa comercial”.
Estos cambios deberían ser completados con varias “reformas profundas clave” a más largo plazo. En este sentido, consideran que la UE debería estudiar cómo abordar mejor la actividad transnacional de las empresas procedentes de países afectados por distorsiones significativas, que están sujetas a medidas de defensa comercial en su país de origen. De igual modo, proponen que se estudie la “compatibilidad con las normas de la OMC” de una “mejora” del instrumento antisubvenciones que permita a la Comisión aplicar derechos compensatorios a nivel de empresa, en lugar de a nivel combinado de país y producto, lo que actualmente facilita su elusión.
El objetivo de las medidas propuestas en el documento de trabajo, señalan las cinco capitales europeas signatarias, es “reforzar la capacidad de la Unión para hacer frente a las prácticas comerciales desleales, preservando al mismo tiempo las ventajas de una economía abierta y competitiva”. Para ello, subrayan, la UE debería trabajar con los países que compartan sus principios, especialmente con aquellos con los que está firmando acuerdos comerciales, agregan apenas dos días después de que la UE y México firmaran un Acuerdo International Modernizado. Esta cooperación podría “mejorar la eficacia y legitimidad de nuestras respuestas al comercio injusto, a la par que apoyarían los mercados abiertos y cadenas de suministro resilientes”, sostienen.
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