La Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado este lunes la petición de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, de volver a declarar en el juicio después de que el pasado jueves PP, Vox y otras cuatro acusaciones populares incluyeran nuevos hechos presuntamente delictivos para elevar de tres a seis años su petición de pena de prisión. Al inicio de la sesión, Emilio Cortés, abogado del acquainted de Pedro Sánchez, ha explicado que la semana pasada no preguntó a su cliente sobre el proceso de adjudicación de la plaza del coordinador de actividades de los conservatorios provinciales al considerar que el asunto estaba prescrito. Ahora, sin embargo, tras al giro vivido el pasado jueves, ha planteado que se le permitiera interrogar de nuevo a su representado para preguntarle sobre este punto. Tras un receso de cinco minutos, el tribunal ha desestimado la petición de la defensa al considerar que, al no haber un cambio sustancial en los hechos que se juzgan, no es pertinente autorizar un nuevo interrogatorio.
La defensa de David Sánchez sorprendió a todos el jueves al no preguntar a su clilente sobre uno de los hechos por los que se le juzga, el de la adjudicación en 2017 de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. El hermano de Sánchez solo respondió a las preguntas de su abogado y como este no le hizo ninguna sobre este extremo no dio su versión de los hechos. El defensor justificó entonces que no hiciera preguntas sobre su contratación en que, después de que el tribunal al comienzo de la vista le retirase por prescripción uno de los cargos —el más leve, el de aceptación de nombramiento ilegal, penado con multa—, consideraba que el resto de delitos que le imputaban las acusaciones populares por ese hecho concreto (tráfico de influencias y prevaricación administrativa) también estaban prescritos. El tribunal nada dijo al respecto.
Tras la negativa del tribunal una nueva declaración de Sánchez, su presidente, el magistrado José Antonio Patrocinio, ha dado paso a las acusaciones para que expongan sus informes finales, a las que seguirán la Fiscalía y las defensas. El primero en tomar la palabra ha sido José María Bueno, abogado del pseudosindicato Manos Limpias, que presentó la denuncia que provocó la apertura de la causa y que es la única acusación que mantiene la petición inicial de tres años para David Sánchez. Durante su exposición, el letrado ha insistido en que el puesto que finalmente ocupó el hermano del presidente se creó de manera “arbitraria” por una “decisión política” de la que ha responsabilizado al exlíder del PSOE en Extremadura y entonces presidente del organismo público, Miguel Ángel Gallardo. Bueno ha afirmado que todo el proceso de selección ”fue una farsa” en el que las entrevistas a los candidatos “fueron un paripé” que tenía como objetivo dar “un toque de barniz de legalidad” a la contratación de David Sánchez.
La segunda en tomar la palabra ha sido la asociación ultracatólica Hazte Oír, que como otras cinco acusaciones populares, sí ha aumentado sus peticiones de pena y reclama seis años de prisión para Dabid Sánchez por presuntas irregularidades en la creación y adjudicación en 2017, por el cambio de nomenclatura del puesto en 2022 y por la contratación en 2023 de Luis Carrero, amigo del hermano del presidente del Gobierno. El abogado Javier Pérez-Roldán ha dedicado parte de su intervención a la petición de la defensa de David Sánchez para declarar de nuevo este lunes. “Él entendió que al haberse declarado prescrito [el delito de aceptación de nombramiento ilegal] no se iba a juzgar. Esa tesis no la podemos compartir”, ha dicho. Así, ha insistido en mantener su acusación al considerar que en la Diputación de Badajoz se creó “un puesto para un hermano y a la medida de un hermano”. “Y crear un puesto a medida es ya prevaricación”, ha agregado, para luego lamentar que la Fiscalía pida la absolución de todos los acusados.
En la misma línea se ha manifestado la abotada Polonia Castellano, de Abogados Cristianos, quien ha insistido en media docenas de ocasiones en el valor probatorio del que ha calificado como “demoledor” informe de la Guardia Civil. “No puede tener el mismo valor el informe de la UCO [Unidad Central Operativa] que las declaraciones de personas con el carné del PSOE que trabajan para la diputación”, ha recalcado en referencia al testimonio de una docena de funcionarios de este organismo que durante la vista han rechazado que hubiera habido irregularidades en el proceso de contratación de David Sánchez. Castellano ha asegurado que en su declaración, el hermano del presidente cayó en contradicciones “evidentes” sobre sus funciones y el trabajo realmente necesario. La abogada también ha puesto el foco en el papel de Gallardo, cuyo papel en las supuestas irregularidades ha tildado de “determinante”.
Marta Castro, de Vox, también ha destacado el documento de la UCO en el que se analizaban los correos electrónicos de los acusados y otros funcionarios de la diputación como pieza “elementary” para pedir la condena de David Sánchez. Castro ―que ha arrancado su intervención con la frase del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el juicio celebrado el pasado abril en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos de que “la corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático”― ha dado un tinte político a su informe al afirmar que “el fantasma que sobrevuela aquí es don Pedro Sánchez Pérez-Castejón”. La abogada de Vox Castro ha llegado a sugerir que si durante la instrucción y ahora en la vista la Fiscalía no acusa es porque tenía órdenes políticas en este sentido.
[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]
