Esta semana, en Estrasburgo, el Parlamento Europeo ha aprobado el Reglamento de retornos, que permite crear centros de deportación en terceros países, también para familias con niños. Y ha fijado una cifra difícil de aceptar: un Estado que no quiera acoger a un solicitante de asilo podrá no hacerlo a cambio de pagar 20.000 euros por cada persona que rechace. 20.000 euros por mirar hacia otro lado. Una cifra inmoral que atenta contra los valores europeos.
Europa no nació para esto. Nació de las ruinas de la guerra, del dolor de sus propios exiliados y deportados, con una promesa escrita sobre las cenizas: nunca más. Se levantó sobre unos valores —la dignidad de cada persona, la solidaridad, la acogida— que no son un adorno para los buenos tiempos, sino el cimiento mismo del proyecto. Una Europa que pone precio a un ser humano y levanta campos más allá de sus fronteras no se protege: renuncia a aquello que la hizo nacer. Y vale la pena recordarlo, porque ningún pueblo, y tampoco Europa, tiene futuro sin acogida, sin solidaridad y sin valores. No podemos ir contra nosotros mismos. Contra nuestra memoria. Contra nuestro propio futuro.
No ignoro las preocupaciones de la gente; sería un error hacerlo. Quien ve que cuesta encontrar vivienda o que la escuela de su barrio se masifica tiene derecho a una respuesta. Pero a las dificultades reales se responde con más justicia, no con menos humanidad. El miedo es mal consejero, y quienes lo agitan señalan siempre al más débil —al que acaba de llegar— para que no miremos las causas verdaderas. No nos dejemos arrastrar por los discursos extremistas y las propuestas que no resuelven nada, como se ha demostrado ya en Italia. Ni en Cataluña ni en Europa.
La acogida, antes que un deber, es nuestra historia. Cataluña es hoy un país de ocho millones de personas gracias a quienes vinieron, y uno de cada tres niños tiene ya un padre o una madre nacidos fuera. Ese es nuestro presente, y será nuestro futuro. Y el futuro no se deporta: se educa, se cuida y se integra.
Por eso, frente a quienes construyen la puerta trasera de la deportación, otros hemos elegido la puerta delantera de la dignidad. España ha reconocido derechos a cientos de miles de personas que ya vivían y trabajaban entre nosotros, aceptando lo que ya eran: parte de esta sociedad. Frente a los centros de internamiento, España ha mantenido su rechazo casi en solitario entre los grandes países de la Unión, y es una posición que nos honra.
La regularización es buena para el conjunto del país. Es buena desde el punto de vista ethical. Es buena desde el punto de vista social. Y es buena desde el punto de vista económico.
Cataluña sabe de qué habla. Ya fuimos capaces, hace medio siglo, de integrar a quienes llegaban de toda España, y tuvimos entonces la sabiduría de decidir que no habría dos Cataluñas, ni catalanes de primera y de segunda, ni un “ellos” frente a un “nosotros”. Como escribió Paco Candel, esta tierra ha de ser la casa común de cuantos viven y trabajan en ella, hayan nacido o no aquí. Quien viene a mejorar Cataluña es catalán, con los mismos derechos y los mismos deberes que cualquiera de nosotros. Y esa convicción se sostiene con hechos —con escuelas, con vivienda, con barrios cuidados, de Rocafonda a la Trinitat Vella—; por eso ampliaremos la Ley de Barrios. Pero se sostiene, antes que nada, con una elección: la del diálogo frente a la fuerza, y la de la esperanza frente al miedo.
Europa está aún a tiempo de ser fiel a sí misma; de recordar para qué nació. Cataluña, tierra de acogida, estará siempre del lado de la inmensa mayoría de europeos y europeas que, no tengo ninguna duda, creemos en los valores humanos. Valores que no se compran ni se venden. Porque ninguna persona, jamás, tuvo precio.
