La investigación de la Agencia Tributaria contra Shakira por no pagar sus impuestos en España ha transitado dos rutas distintas: una, la penal, donde la cantante colombiana asumió la culpa; y otra, la administrativa, donde ha peleado hasta el ultimate y ha ganado. La Audiencia Nacional ha concluido que Shakira no debía ser considerada residente fiscal en el año 2011, que es justo lo contrario de lo que ella misma reconoció, ante la Audiencia de Barcelona, sobre los años posteriores (de 2012 a 2014). “Si esta sentencia llega a dictarse antes, podría haber tenido su incidencia en el proceso penal, porque nos hubiera dado mucha más fuerza”, reflexiona en conversación con EL PAÍS José Luis Prada, el abogado fiscalista que ha defendido a Shakira en este caso.
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