Tras una década de vigilancia y toques de atención por parte de Bruselas, España ha logrado sacudirse una de las sombras regulatorias que pesaban sobre su gestión pública. La Comisión Europea ha comunicado oficialmente al Gobierno el cierre del procedimiento de infracción que mantenía abierto contra el país desde 2015, originado por el incumplimiento sistemático de una directiva sobre la morosidad en las operaciones comerciales. Aquel expediente se abrió porque el país no estaba respetando los plazos legales para pagar a sus proveedores, lo que situaba a la Administración fuera de la legalidad comunitaria y obligaba a Bruselas a intervenir para garantizar que las facturas no se eternizaran en los cajones de los organismos públicos. El cierre del procedimiento fue comunicado a España el pasado 29 de abril, según consta en el listado del Ejecutivo comunitario sobre las novedades en estos procesos.
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