El respeto a las tradiciones ha servido una vez más como falaz argumento para discriminar a las mujeres: los cofrades de Sagunto votaron este domingo en contra de que procesionen en Semana Santa. Las 267 negativas frente a 114 síes impidieron que prosperara la sustitución de “varones” por “personas” en los estatutos de la cofradía valenciana, un cambio que hubiese permitido a las mujeres participar plenamente en las celebraciones. El Ministerio de Turismo anunció este lunes que va a iniciar el procedimiento para revocar la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional que en 2004 le fue concedida a la Semana Santa saguntina. El departamento de Jordi Hereu comunicó que no cumple uno de los requisitos necesarios para poseer ese título: que en las fiestas participe toda la ciudadanía, sin exclusión.
Con el argumento de que “no se puede romper una tradición”, los cofrades (todos hombres) votaron mantener sus privilegios y seguir condenando a las mujeres a las labores de servicio: limpiar la ermita de La Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist, arreglar las vestas (los trajes que lucen los hombres) o ayudarlos a vestirse para la procesión, el gran momento que ellas tienen vedado. A la perplejidad que provoca que hoy siga existiendo semejante exhibición de poder sobre las mujeres se añade un dato inquietante: el domingo votaron en contra de la igualdad 28 cofrades más que hace cuatro años.
El caso de Sagunto no es nuevo. La resistencia de las cofradías a la plena participación de la mujer ya fue superada en ciudades con arraigadas celebraciones penitenciales como Sevilla o Málaga. También fue sonada la polémica con los tradicionalistas que se negaban a que las mujeres desfilaran en los Alardes de Irún y Hondarribia. Pero, al margen de la reflexión colectiva que merece ese pertinaz ejercicio de machismo, conviene centrar el foco en las herramientas que nuestro Estado de derecho tiene para combatirlo.
El Tribunal Constitucional —en aplicación, entre otros, del principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Ley Fundamental— lo dejó claro cuando sentenció, en un caso related, que una cofradía de La Laguna (Tenerife) había vulnerado los derechos de asociación y a la no discriminación de una mujer cuyo ingreso fue vetado por los socios. El tribunal de garantías tampoco aceptó como argumento el carácter privado de la entidad: el veto, precisó, no queda amparado por “la libertad de autoorganización de las asociaciones privadas cuando estas ocupen una posición de dominio en los citados ámbitos económico, cultural, social o profesional”. Blandir la primacía de costumbres del pasado para vulnerar derechos básicos como la igualdad no parece la mejor manera de construir unas tradiciones defendibles en la España del futuro. Los anacronismos discriminatorios no pueden ser parte de una sociedad igualitaria y libre. “La tradición es la tradición”, dicen los cofrades. Y la Constitución es la Constitución.
