La investigación de EL PAÍS sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica eleva a más de 3.000 los casos contabilizados. Es un escándalo en el que todavía resulta necesaria la plena colaboración de la jerarquía católica tanto en el esclarecimiento de los hechos, como en la depuración de responsabilidades y en la reparación de las víctimas. La respuesta de la Iglesia hasta ahora ha sido insuficiente.
Los nuevos datos figuran en el sexto informe sobre los abusos que elabora este periódico desde 2021, en lo que supone el mayor esfuerzo llevado a cabo en España para esclarecer los hechos. Como en los casos anteriores, el documento se ha entregado al Vaticano, a la Conferencia Episcopal Española (CEE) y al Defensor del Pueblo. La investigación sigue hoy abierta y puede consultarse en una base de datos pública de este diario.
Tras la última actualización, el número de religiosos y laicos acusados se eleva a 1.613, el 1,46% de los 110.000 sacerdotes y religiosos que ha habido en España desde 1940, según las propias estadísticas de la Iglesia. El número whole de casos alcanza los 3.084, y este sexto informe recoge los testimonios de 58 víctimas (48 hombres y 10 mujeres) que acusan a 50 sacerdotes, religiosos y laicos. Es además el primer expediente que se le hace llegar a León XIV. Los otros cinco terminaron sobre la mesa del papa Francisco. En Roma, el texto también se ha enviado a la sección disciplinar del Dicasterio de Doctrina de la Fe, el departamento vaticano encargado de inspeccionar los casos de abusos sexuales y pederastia en todo el mundo católico.
Por justicia hacia las víctimas, sería deseable un cambio de actitud de la jerarquía católica española, que tras la publicación de los cinco informes anteriores decidió no responder a las acusaciones documentadas. Y eso cuando no ha tratado de desacreditar abiertamente la investigación periodística y a sus profesionales. Los informes incluían, en algunos casos, el encubrimiento de los acusados por parte de obispos y dirigentes de órdenes religiosas.
Durante su pontificado, Francisco delegó la gestión del escándalo en la Conferencia Episcopal, pero esta ha optado hasta la fecha por la opacidad y por minimizar la gravedad del problema. La visita de Robert Prevost a España a principios de junio constituye una ocasión inmejorable para demostrar que las cosas verdaderamente han cambiado.
Por primera vez, EL PAÍS ha elaborado un informe que contiene 21 testimonios contra 24 acusados por delitos cometidos en ocho países de América. Más de la mitad de los episodios documentados han sucedido en Colombia y el resto pertenecen a Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México y Venezuela. Entre otros, figuran los casos de religiosos españoles que, bajo sospecha, fueron trasladados a Latinoamérica, donde pudieron seguir perpetrando sus delitos. Se trata de la triste constatación de que en casi toda la Iglesia católica de Latinoamérica aún está todo por hacer. También estos datos obran ya en poder del Vaticano.
Los datos aportados siguen apuntando en la misma dirección: la jerarquía católica puede haber dado el paso de condenar en sus declaraciones los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos. Pero es necesaria una investigación propia y en profundidad de los hechos y la asunción de responsabilidades en vez de, como ha sucedido hasta ahora, una táctica dilatoria que solo va en perjuicio de las víctimas.
