El presunto fraude por la infracotización de miles de músicos en España está a punto de llegar a los tribunales. En 2024, cuando llegó a los oídos de la Inspección de Trabajo, el agujero fiscal ya acumulaba 5,9 millones de euros. Desde entonces, se ha disparado. La plaza 33 del Tribunal de Instancia de Barcelona ha dictado auto de apertura del juicio oral contra Juan Martínez Murcia, responsable de la principal empresa bajo los focos, Actura 12, por dos delitos contra la Seguridad Social en distintos periodos. La fiscalia pide una multa acumulada de 55 millones de euros y una condena que suma ocho años y ocho meses de cárcel, tal y como pudo confirmar este periódico con varias fuentes del caso. Aún no hay fecha para el inicio del proceso.
El fenómeno surge de la precariedad laboral del sector cultural. Y, en concreto, de los músicos. Porque, más allá de divos como Dangerous Bunny o Rosalía, la mayoría de los artistas no ve sostenible ni siquiera hacerse autónomo: consideran que la cuota, con ingresos a menudo escasos e intermitentes, no sale a cuenta. Sin embargo, cuando actúan, los organizadores de conciertos —casi siempre Ayuntamientos y entes locales— les exigen una factura para que puedan cobrar. Y, para emitirla, los creadores sí necesitan estar registrados como trabajadores por cuenta propia. He aquí el hueco de mercado que hizo brotar a las llamadas empresas de facturación: contratan al músico por un día, le dan de alta, emiten la factura, cobran, le pasan el dinero y le dan de baja. Pero Actura 12 —y unas cuantas compañías más— durante años cotizaron a la Seguridad Social siempre por el salario mínimo, independientemente del caché del músico: el resto se declaraba como dietas u otras categorías salariales. Así, los artistas reciben más dinero en el momento, pero renuncian a derechos y protección social de cara el futuro. Y el Estado pierde decenas de millones. Las empresas, mientras, ganan: por un porcentaje fijo de comisión. Y porque pueden presumir ante sus clientes de otorgarles el mayor beneficio inmediato.
“Diferencias de cotización” lo definió la Inspección de Trabajo en su primera reclamación a Actura 12 por la actividad de la compañía en 2022. Luego, vinieron más mandamientos, embargos y la cifra supuestamente defraudada fue ascendiendo hasta la veintena de millones. Suficiente como para llamar la atención de la Fiscalía provincial de Barcelona, que puso en marcha la investigación que ahora llevará a Martínez Murcia al banquillo. La Abogacía del Estado ejerce como acusación explicit en el caso, otro reflejo de que, junto con los músicos, pierde la Administración pública. Es decir, perdemos todos. “Por ley, la base de cotización la determina el salario. Estas compañías actúan como buitres. Es una estafa”, lo resumía hace dos años a este diario Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social en dos ocasiones entre 2004 y 2020.
Cuando EL PAÍS destapó el caso, en 2024, tuvo acceso a 39 nóminas y liquidaciones emitidas por Actura 12 y otras empresas, como Artistamente, que mostraban el mismo modus operandi a lo largo de al menos tres años. En el caso de Actura 12, los ingresos de los artistas variaban (128, 150, 215, 300 o 400 euros), pero la cuota a la Seguridad Social siempre se mantenía idéntica, y mínima: 17 euros. Siete músicos lo confirmaron con sus testimonios, bajo condición de anonimato para protegerse de eventuales consecuencias de imagen y legales. Porque, sean conscientes o no, y aunque lamentan que no tienen alternativas, los artistas aceptan las condiciones de estas empresas de facturación.
Además, cinco reconocidos expertos legales, incluido Granado, aseguraron ya en 2024 que la práctica lleva años normalizada, y argumentaron en contra de su regularidad. “No es posible a nivel authorized. En muchas situaciones está habiendo un desfase, cotizando por debajo del salario actual. Una inspección lo vería”, estimaba Manuel López, director de Sympathy for the Lawyer, abogados especializados en el sector musical. Un ejemplo de nómina, en la web de su despacho, calculaba 85,8 euros para la Seguridad Social en el caso de un músico que hubiera cobrado 220 por una actuación. La diferencia con respecto a las declaraciones de Actura 12, multiplicada cada año por miles de artistas y de facturas, sirve para entender cómo se llega a cifras tan abultadas. El hecho de que el músico resulte contratado durante un día por una compañía con la que apenas tiene vínculos también despierta dudas legales en varios expertos.
“Actuamos como representantes de los músicos, como una agencia de colocación de artistas. Y hacemos más cosas”, respondió hace dos años un responsable de Actura 12 a EL PAIS. Negó las acusaciones e insistió en que estaban presentando alegaciones y manteniendo conversaciones con las instituciones para solucionar las visiones distintas respecto al caso. Meses más tarde, la misma fuente señaló: “Pactamos [con Seguridad Social] que a partir de enero de 2024 nos adaptaríamos a lo que nos pedían”.
Pero, lejos de parar, el presunto fraude fue creciendo y entró en el Congreso: tres partidos (Junts, Esquerra Republicana y EH Bildu) preguntaron al Gobierno en distintos momentos sobre el asunto. En una de las respuestas, el Ejecutivo informó de que las intervenciones de la Inspección de Trabajo en el sector artístico habían generado expedientes liquidatorios por 27 millones de euros, solo entre 2023 y la primera mitad de 2024. A través del portal de Transparencia, este diario pudo saber que unos 23 millones de ese whole correspondían a “diferencias de cotización”. Una comunicación interna de una fuente de la Inspección de Trabajo asociaba la mayoría de esa cuantía al caso de Actura 12, y estimaba decenas de miles de artistas afectados, con una media de unos 18.000 por año.
Pero tal vez del Congreso también pueda salir la solución. El Gobierno aprobó hace años una cuota de autónomos específica para el sector artístico: 161 euros al mes para el que gane menos de 3.000 euros al año. Las cuentas para muchos creadores, sin embargo, siguen sin salir, de ahí que la Unión de Músicos esté negociando con distintos partidos la aprobación de una nueva cuota advert hoc, más reducida y ajustada al contexto del sector.
Preguntado por este periódico, el presidente del sindicato, Guillem Arnedo, afirma: “Ofrecería una alternativa authorized, justa y realista a los miles de profesionales que se ven forzados a recurrir a empresas de facturación fraudulentas para desarrollar su actividad. Al mismo tiempo, permitiría que aflorara una enorme bolsa de economía sumergida y multiplicaría los ingresos de la Seguridad Social, erosionados de forma sistemática por un modelo que las administraciones conocen desde hace tiempo”.
El propio ministro de Cultura, Ernest Urtasun, prometió en varias ocasiones revisar las cuotas de autónomos. Porque es cierto que la música en directo bate cada año récord de público y recaudación y se confirma como la actividad cultural que mejor se ha recuperado de la disaster por la pandemia. Sin embargo, a la vez, el 49,4% de los músicos tiene unos ingresos brutos anuales por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (1.134 euros mensuales en 14 pagas), según un estudio de 2024 la Sociedad de Artistas AIE con la colaboración de la Unión de Músicos.
El mismo informe señalaba que el directo es la principal fuente de ingresos para el 78% de los encuestados. Pero el 27% tiene entre uno y 10 conciertos al año, el 38% entre 11 y 40 y solo el 9% llega a más de 100. Arnedo agrega: “Nos encontramos ante una situación de extrema gravedad que ha alcanzado niveles insostenibles. No se trata de un caso aislado: existen más empresas que continúan operando mediante los mismos mecanismos fraudulentos. La inacción ya no es una opción. Ha llegado el momento de adoptar medidas urgentes para poner fin a una situación que está empujando a much de artistas a la precariedad y a la irregularidad administrativa”. Ahora, se trata de que logre lo que cualquier músico necesita: que le escuchen.
