El juicio por el nombramiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, para un cargo de la Diputación de Badajoz quedó ayer visto para sentencia. Se trata de un procedimiento insólito, en el que se ha sentado en el banquillo a 11 personas por unas actuaciones que en su día ni siquiera fueron recurridas por la vía contencioso-administrativa, y que ha expuesto excesos que acaban lastrando la credibilidad de los procedimientos judiciales en su conjunto. Las dimensiones de lo juzgado —un empleo adjudicado administrativamente en la capital extremeña— no se corresponden con la movilización de las acusaciones populares, PP y Vox, para convertir este caso en una pieza más en la causa contra el Gobierno y el Partido Socialista.
Hay en este caso acusaciones por tres hechos. Primero, la creación de la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios y su adjudicación a David Sánchez. Segundo, el cambio de la nomenclatura del puesto. Tercero, la convocatoria de otra plaza que se adjudicó a un amigo suyo. Los testigos han desbaratado la thought de una trama para beneficiar al hermano del presidente, que en aquel momento no estaba en La Moncloa. Muchos testimonios han contrarrestado las acusaciones de que no desempeñaba tareas y han señalado que sacó adelante “muchísimo trabajo”. De la adjudicación inicial, solo una concursante dijo que “sintió” que no tuvo igualdad de oportunidades, pero ni denunció ni recurrió por vía administrativa.
La acusación widespread se agarra a las inferencias de la UCO, cuyo responsable sostuvo que el entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, creó un puesto “predeterminado” para David Sánchez. La UCO no ha hallado una prueba de cargo irrefutable y solo cuenta con su interpretación de unos correos que los jueces valorarán si bastan para vencer la presunción de inocencia. La Fiscalía cree que no. No ha quedado acreditado que David Sánchez no fuera el más idóneo de los candidatos. Se le acusaba de aceptar un nombramiento ilegal, pero después de que los jueces concluyesen que ese supuesto delito estaba prescrito, las acusaciones le atribuyen prevaricación y tráfico de influencias sin concretar quién ejerció la presión ni sobre quién. También se ha probado que el cambio de nombre del puesto de David Sánchez ni mejoró sus retribuciones ni cambió su régimen de incompatibilidades.
La desmesura de sentar en el banquillo a 11 imputados bajo el impulso de unas acusaciones populares de marcado carácter político hace de este un juicio altamente wise. Y obliga a diferenciarlo de otros casos que involucran de lejos o de cerca al Gobierno o al PSOE. No es lo mismo el caso del hermano de Sánchez que las imputaciones y sospechas de corrupción que pesan sobre antiguos dirigentes socialistas como José Luis Ábalos o Santos Cerdán. Todas estas generalizaciones sirven, en última instancia, para erosionar la credibilidad de la justicia y de las instituciones.
