No parece discutible la mirada sospechosa del constitucionalista ante la propuesta de la “prioridad nacional” que algunos están haciendo o consintiendo, si esta conlleva, como parece ser el caso, una desconsideración o reducción de la protección de los derechos sociales de los emigrantes. Por el contrario, las exigencias del constitucionalismo de hoy deberían orientarse en otra dirección: la equiparación jurídica de los extranjeros, en la medida de lo posible, con la situación de los nacionales. La razón no es otra que considerar que la dignidad de la persona, eje del nuevo constitucionalismo, requiere la igualdad entre todas. Sin duda, dicha dignidad exige asegurar un determinado umbral de bienestar y seguridad —unas condiciones de vida, en suma— que alcancen a todas las personas.
