Los inquilinos con contratos hasta finales de 2027 pueden pedir una prórroga de dos años a los propietarios, que tendrán que aceptarla obligatoriamente. Es lo que sostiene el Sindicat de Llogateres de Catalunya amparándose en el Actual Decreto que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada. Todo apunta a que el pleno del Congreso lo tumbará en menos de un mes, pero, mientras siga vigente, los inquilinos pueden solicitar la prórroga y deberá cumplirse por mucho que el decreto decaiga después.
Esto asegura el Sindicat de Llogateres y, por este motivo, han puesto en marcha el altavoz para que todos los inquilinos conozcan y aprovechen la medida. “Que nadie se duerma durante este mes. Estamos intentando que llegue a todo el mundo para que pidan la prórroga ya”, ha declarado la portavoz Carme Arcarazo en RAC1.cat.
Sin embargo, insisten en que el requisito para poder optar a la ampliación del contrato de alquiler es comunicar al propietario la solicitud de la prórroga mientras el decreto está vigente. Hay que hacerlo formalmente: “Con un burofax, por si después te llevan a juicio, que tengas el comprobante”.
Para facilitar el trámite, el Sindicat de Llogateres ha publicado esta mañana una guía y un formulario para realizar la petición. A partir de ahí, indican un detalle primordial: “El propietario no tiene que responder”. Se podrán acoger a la prórroga todos los inquilinos con contratos de alquiler que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, independientemente de cuándo se hayan firmado.
¿Y qué ocurre si los propietarios recurren a los tribunales cuando la ley desaparezca? Desde el sindicato no dudan ni un instante y defienden que la justicia debe dar la razón al inquilino. Aun así: “Evidentemente, conocemos los tribunales de nuestro país y puede que haya algún litigio”, cube Arcarazo. En este caso, argumenta que desde el sindicato trabajarán para luchar legalmente los casos en los que les pidan ayuda.
De hecho, lo tienen tan claro porque el Actual Decreto no es la única protección de los inquilinos a la hora de alargar el contrato. La ley por el derecho a la vivienda catalana del 2023 cube que en las zonas tensionadas (donde vive el 90% de la población de Catalunya) los inquilinos tienen derecho a pedir una prórroga no sólo de dos años, sino de tres. “El apartado 10.3 contempla que todos los contratos en zonas tensionadas tengan tres años de prórroga obligatoria”, señala la portavoz del sindicato.
Además, esta ley confirma que esto vale para los contratos firmados antes y después del 2023, cuando entró en vigor: “Durante estos últimos años ha habido mucha discusión si entraban los anteriores al 2023, pero el Gobierno cube que este decreto te aplica si no puedes acogerte ya al 10.3 de la ley de vivienda”. Esto demuestra, asegura la representante, que el Govern ha interpretado su propia ley dejando claro qué contratos abarca. De esta forma, hablan de “doble protección”. Un doble escudo que sólo tendríamos en Catalunya. En el resto del estado, los inquilinos sólo podrían contar con las prórrogas previstas en el nuevo decreto.
La medida también limita la subida anual del precio del alquiler al 2%, aunque es necesario diferenciar entre pequeño y gran propietario. En el caso del pequeño, se puede acordar con el inquilino un 3% de aumento, un supuesto que no beneficiaría en ningún caso al inquilino, que puede pedir el 2%. Es decir, a efectos prácticos es el mismo tope, según ha valorado Arcarazo.
Pese a que desde el Sindicat de Llogateres consideran que el decreto es “un parche” que no soluciona los problemas estructurales de la vivienda, creen que en basic es una buena medida, “una burbuja de oxígeno para muchísima gente”. Por eso, no se quedarán de brazos cruzados si el Congreso de los Diputados dinamita la norma: “Ahora estamos muy concentrados en pedir estas prórrogas. Si no lo aprueban, deberemos ir a un escenario de movilizaciones”.
La entidad recuerda que en Catalunya este año finalizan unos 150.000 contratos: “Más de 400.000 personas podrían ser expulsadas de su casa. Desafortunadamente, tenemos un sistema authorized que permite que echen a personas que han pagado toda la vida religiosamente”.
Por su parte, el gobierno español pide a Junts que apruebe el decreto de la vivienda, que debe votarse a finales de abril, sin fecha concreta. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha manifestado en una entrevista en El món a RAC1 este jueves su confianza en que el Actual decreto ley se apruebe.
Eso sí, “en caso de no tramitarse, confiamos en que la administración de justicia sepa observar el planteamiento más beneficioso para la ciudadanía”. En esta línea, ha destacado que estamos transitando por circunstancias inéditas: “Sí que se habían producido prórrogas más cortas y nadie se escandalizó cuando lo hicimos en la pandemia o por la guerra de Ucrania”.
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