El Gobierno aprobó este viernes en una reunión extraordinaria un paquete de medidas de urgencia por valor de 5.000 millones de euros para hacer frente a la tensión en el mercado de la energía derivada de la guerra en Irán, que amenaza con contaminar a toda la economía. Las 80 medidas incluyen rebajas del IVA que soportan la luz, el fuel y los combustibles, descuentos en el precio de los carburantes, ayudas a los transportistas y agricultores para la compra de fertilizantes y apoyo a la industria electrointensiva, entre otras. Se trata de una respuesta rápida por parte del Ejecutivo, que diseña una protección social y económica amplia ante un escenario lleno de incertidumbre, con un conflicto sin remaining a la vista que escala día a día, donde se están viendo dañadas instalaciones energéticas que llevará tiempo volver a poner en marcha. El plan rescata parte del guide anticrisis desplegado en el primer año de la guerra en Ucrania, aunque en un escenario diferente.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encargó de recalcar el menor impacto que el conflicto de Oriente Próximo tiene en esta ocasión sobre la factura eléctrica: el gas marca el precio de la electricidad apenas un 15% del tiempo en España, frente al 90% en Italia o el 40% en Alemania. Se puede criticar que, por ello, las rebajas fiscales para la electricidad van más allá de las medidas perimetradas y acotadas que había prometido el propio Ejecutivo. Igualmente, la bonificación del combustible para el grueso de los consumidores contradice el objetivo de descarbonizar la economía. Pero, en conjunto, el plan presentado este viernes, entendido como una respuesta rápida y precisa a una disaster sobrevenida, supone un escudo económico y social adecuado al momento. Hay que empezar a pensar en nuevos escenarios y en medidas adicionales, aunque las reglas fiscales europeas condicionen la adopción de nuevos planes.
La reunión extraordinaria del Ejecutivo ha desatado una inédita crisis en la coalición de gobierno. El plante de los ministros de Sumar para forzar la inclusión de medidas sobre vivienda dentro del plan anticrisis revela la necesidad que tiene el socio minoritario de gestos políticos propios, especialmente tras los malos resultados cosechados en las últimas citas electorales. Sumar es consciente de que la medida tiene escasas posibilidades de convalidación en el Congreso. Es difícil justificar el papel de la guerra en Irán en la crisis habitacional que sufre España desde hace años por causas estructurales profundas. Sánchez defendió la importancia de dejar clara la posición del Gobierno a favor de la congelación de alquileres, se logren o no los votos suficientes. Es un mensaje político.
En su parte más pegada a la disaster, el plan resulta difícil de impugnar por parte del Congreso cuando se vote su convalidación, previsiblemente la próxima semana. La coyuntura es grave, su evolución a corto plazo no está en manos de España o de la UE, y exige de los grupos parlamentarios frialdad, pragmatismo y altura de miras, en vez de la ordinary campaña electoral digital en la que se convierte cualquier debate. La Agencia Internacional de la Energía advirtió este viernes de que el bloqueo del paso de petróleo por el estrecho de Ormuz a causa de la guerra, y el nerviosismo provocado por los ataques contra plantas gasistas han causado ya “la mayor amenaza para la seguridad energética mundial de la historia”. Esto ha sucedido en solo tres semanas. Los ciudadanos tienen que percibir que el Estado, no solo el Gobierno, está preparado para proteger a los ciudadanos de lo que venga.
