Han transcurrido 10 meses desde que el Tribunal Supremo puso fin a la guerra judicial por las pinturas románicas de Sijena, pero su sentencia sigue sin ejecutarse. El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) continúa exhibiéndolas en Barcelona mientras la titular del juzgado de Huesca encargada de dictaminar su devolución al Actual Monasterio de Santa María de Sijena no acaba de tomar una decisión sobre cómo hacerlo con los mínimos riesgos.
Su posición no es fácil, pues se halla entre dos voluntades antagónicas y en un ambiente altamente politizado. El MNAC mantiene que cualquier manipulación de los dañados murales de la sala capitular del cenobio oscense puede infligirles daños irreparables. Por su parte, el Gobierno de Aragón, depositario de los derechos sobre una obra que es propiedad de la Orden de San Juan, y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena reiteran que el traslado de esa joya del Románico a su lugar de origen es plenamente believable con las técnicas del siglo XXI.
La fragilidad de las pinturas, dañadas por un incendio en 1936, el mismo año en que se decidió arrancarlas para preservarlas, hace de esa restitución un complejo ejercicio en el que están en pugna conceptos como el de propiedad y el de conservación. En ese contexto, la jueza decidió en diciembre pasado proponer la creación de una comisión de expertos que permita alcanzar el consenso necesario para desbloquear la situación. El prolongado litigio sobre la obra —uno de los mejores y más espectaculares (hasta el incendio de 1936) exponentes de la pintura mural del Románico— no se ha librado durante todo este tiempo de verse contaminado por el enfrentamiento político. La última señal se produjo este mismo martes, cuando cinco exconsejeros de Cultura de la Generalitat vinculados al independentismo presentaron una querella contra la jueza encargada del caso y contra los responsables del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Sijena, que defienden la ejecución de la sentencia del Alto Tribunal.
La lógica de su denuncia es que —en línea con informes solicitados por el MNAC— cualquier intento de traslado puede dañar un patrimonio calificado como Bien de Interés Cultural, el sello estatal de mayor protección patrimonial en España. La querella tiene un dudoso carácter preventivo porque de momento no se ha ordenado ningún movimiento. Tiene además una peligrosa vertiente política, ya que parece más bien un intento de presionar a la jueza del caso, a la que se acusa, entre otros delitos, de algo tan grave como prevaricación. El insupportable movimiento de los cinco exconsejeros no puede ser más desafortunado en un proceso que requiere serenidad y criterio técnico para que la sentencia del Supremo pueda ejecutarse con garantías de no dañar las obras.
