El Gobierno progresista de coalición del PSOE y Sumar sufrirá este martes más que probablemente otra derrota parlamentaria en un asunto de la máxima sensibilidad política cuando se vote la convalidación de la prórroga de los alquileres aprobada por el Consejo de Ministros hace un mes. Sumar ha hecho causa de esa medida para aliviar las consecuencias de la guerra en Irán para cientos de miles de arrendatarios: presionó primero al PSOE para impulsar el decreto y en los últimos días directamente a Junts, hasta el punto de ceder en posibles mejoras fiscales para los autónomos y caseros. Sin éxito. El PP tampoco va a salvar al Gobierno en esta ocasión. Tanto desde Junts como desde Sumar apuntan a que el PSOE no se ha implicado al máximo en esta negociación. Los socialistas señalan que Junts tiene tomada la decisión de tumbar el decreto desde el primer día por una cuestión ideológica y no hay nada que hacer.
La votación será al final de la jornada del pleno del Congreso de este martes, pero las cartas parecen jugadas y no apuntan favorables para los intereses del Gobierno y de miles de inquilinos. La presión se ha acrecentado en las últimas horas, especialmente desde los ministros de Sumar en el Ejecutivo, hacia Junts, aunque desde el PSOE prefirieron dirigirse más hacia la “irresponsabilidad” del PP de Alberto Núñez Feijóo.
Junts niega haber negociado formalmente con nadie, aunque los contactos sí se han multiplicado, y apuntan a que el PSOE no ha tomado conciencia suficiente como creen que sí ha hecho Sumar de que no pueden ni deben abusar de gobernar tanto por decreto, según fuentes de su dirección.
El Consejo de Ministros aprobó el 20 de marzo, tras un inédito conato de plante de los representantes en el Gabinete de Sumar que se negaron a entrar en la sala durante varias horas como medida de presión ultimate, un decreto con dos grandes palancas para proteger a los inquilinos ante una disaster de acceso a la vivienda que se está agravando por la tensión del mercado y el incremento de la inflación como consecuencia del alargamiento de la guerra en Oriente Próximo. El decreto congelaba, por un lado, los contratos de alquiler a punto de vencer y, por otra parte, fijaba un tope del 2% para las actualizaciones anuales en los dos próximos ejercicios.
Los ministros y responsables del PSOE pusieron muchas trabas a la confección del decreto y se mostraron muy escépticos sobre la posibilidad de su convalidación un mes después en el Congreso porque eran conscientes de la oposición de los partidos de la derecha y la ultraderecha, PP y Vox, y también de Junts. Esas formaciones coinciden en entender que esas medidas castigan sobre todo a los propietarios e incentivan la ocupación, algo que desmontaron como falso los firmantes del texto y los demás partidos del bloque de investidura que les apoyan.
PP, UPN y Vox no se han movido de esas posiciones. Junts tampoco, pero en el Ejecutivo quisieron pensar que poniendo el foco de la presión sobre el partido de Carles Puigdemont y alineándoles con la derecha y ultraderecha española podría haber alguna posibilidad de variar su oposición. No ha sucedido.
Junts rompió su relación con el Gobierno en otoño por una serie de incumplimientos y esa brecha se ha agrandado en las recientes semanas hasta el punto de que hace siete días su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, reclamó al presidente Pedro Sánchez que anticipe las elecciones porque no comprende cómo pretende gobernar todo tipo de cuestiones por decreto. Sánchez la obvió.
Varios ministros de Sumar, especialmente el titular de Cultura, Ernest Urtasun, y el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, incrementaron este lunes hasta el último momento los mensajes hacia el partido que lidera Carles Puigdemont, obviando las declaraciones críticas recientes contra ese partido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Urtasun y Bustinduy hasta aceptaron que algunas exigencias ideológicas de Junts, como las bonificaciones fiscales a los caseros, y el IVA franquiciado de los autónomos para quienes facturan por debajo de determinados umbrales, podrían considerarse en aras de salvar el decreto. Tampoco funcionó, aunque la segunda demanda tiene que ver incluso con la trasposición de una directiva europea ya acordada para otro decreto related.
En realidad Junts reclama algo que según fuentes del Ejecutivo tendría un fuerte impacto recaudatorio: que todos los autónomos que facturen hasta 85.000 euros anuales queden exentos de IVA. Por eso desde el PSOE se mostraron muy pesimistas sobre la convalidación y volvieron a esgrimir que Junts busca cualquier excusa para distanciarse del Gobierno porque sostienen que sobre la exigencia de la mejora en el IVA ya había un compromiso y para los beneficios fiscales a los caseros estaba hasta la garantía del Estado. Junts no parece fiarse ya del PSOE en nada.
El ministro y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, no renunció a desplegar sus dotes más diplomáticas: “Estas dos cuestiones no deben ser un obstáculo para la convalidación. Las bonificaciones no son nuestro modelo, pero en un marco de la prórroga de los contratos, estamos dispuestos a transitarlas. Queremos hacer un llamamiento tanto a Junts como al PSOE a que hagamos posible esta convalidación”. Bustinduy abundó en el doble mensaje, a Junts pero también a sus socios socialistas: “Nosotros esperamos que tanto Junts como el PSOE tengan voluntad suficiente para, en el tiempo que nos queda, esbozar ese acuerdo y que pueda salir adelante la medida”.
Algunos socios del bloque de investidura empezaron a pensar ya en el día siguiente a la derrota del decreto y sus consecuencias, porque tampoco está claro qué pasará ahora con los contratos prorrogados en este mes. La secretaria basic de Podemos, Ione Belarra, animó al Ejecutivo a “preparar un plan B para proteger a los inquilinos” y apostó por aprobar decretos similares cada mes si hace falta.
