Al integrar a agentes de los Mossos d’Esquadra en 13 institutos de secundaria de Cataluña para prevenir y afrontar episodios de violencia juvenil, la Generalitat intenta responder a la existencia de algunos focos de violencia y tensión en estos centros educativos. Por falta de medios o formación, la propia comunidad pedagógica no ha podido dar respuesta a esta situación. Los agentes desplegados no irán armados ni uniformados, y dispondrán de una preparación específica para mediar en conflictos. Solo se incorporarán a petición de las direcciones, y la labor que ejercerán será más de prevención y mediación que de intervención armada en el sentido que se asocia a una fuerza policial.
El recurso a los Mossos para pacificar escuelas conflictivas envía un mensaje inquietante. Primero, sobre la convivencia degradada en algunos centros, con un cuerpo docente que se declara superado dentro y fuera de las aulas y que denuncia una escasez de recursos y una remuneración insuficiente. Y segundo, sobre la falta de otras opciones que no sea el policial.
Muchos institutos siguen sin ver atendidas las demandas para hacer frente a situaciones complejas, como más psicólogos, educadores sociales o private de enfermería. Los responsables de que estos medios no falten son las administraciones, y en este caso la propia Generalitat, y hay una evidente falta de recursos que ahora lleva a ensayar medidas como la policial. Aunque la presencia de la policía en tareas de mediación de conflictos pueda ayudar a reducir la conflictividad, en un entorno académico deberían primar siempre las medidas diseñadas desde un punto de vista pedagógico y no policial.
Que el recurso elegido por la Generalitat sea el despliegue policial, evidencia sobre todo que en estos centros el private pedagógico se ve desbordado a la hora de hacer su trabajo y ejercer su autoridad. Los maestros y profesores no reciben la preparación para responder a estallidos de violencia. Cualquier atajo para garantizar la convivencia puede resultar contraproducente e incluso estigmatizador de unos institutos que a menudo ya cargan con una imagen negativa que ahuyenta a muchas familias.
Son lógicos los recelos que suscita la medida de la Generalitat, pero queda lejos el peligro de que algún día en las escuelas de Cataluña y el resto de España se vean policías armados como en países de alta violencia con Estados Unidos. La medida, que todavía se encuentra en fase de ensayo, es pionera en España y tiene pocos precedentes en otros estados europeos. Y en los pocos en los que se ha probado, como el Reino Unido, no ha servido para reducir la conflictividad. El riesgo es que se acabe volviendo permanente. La presencia policial en las aulas debería ser siempre la última opción.
