Cinco de los nueve departamentos que conforman Bolivia votarán este domingo en una segunda vuelta para elegir gobernadores. En cuatro de los enfrentamientos, uno de los competidores representa al partido del presidente Rodrigo Paz, Alianza Patria. La disputa clave sería en La Paz, sede de Gobierno, pero, en un inédito suceso, la organización opositora declinó su postulación después de conflictos con su candidato. El tribunal electoral proclamó entonces ganador al aliado de Paz, Luis Revilla. En el resto de las contiendas, el mandatario se enfrenta a una evaluación después de cinco meses en la presidencia, en los que una pasajera estabilidad económica ha comenzado a ceder ante los reclamos sociales de cambios estructurales.
Cerca de 3,5 millones de electores de los departamentos de Santa Cruz de la Sierra, Chuquisaca, Oruro, Beni y Tarija vuelven a las urnas después de que ningún candidato consiguiera al menos el 40% de los votos el pasado 22 de marzo. El presidente anunció que, después de esa fecha, se venían las leyes de fondo para revertir la recesión económica que el Fondo Monetario Internacional pronostica en un decrecimiento del 3,3% para este año. Sabrá en la noche del domingo si ha conseguido una estructura territorial para respaldar sus reformas o tendrá que negociar con poderes autónomos locales, caracterizados por su pragmatismo y desideologización.
Para la socióloga y analista política Luciana Jáuregui, la segunda vuelta ha abierto un escenario —excepto en Santa Cruz de la Sierra— con candidatos de corrientes afiliadas al oficialismo frente a fuerzas autonómicas. “Las opciones oficialistas buscan alinearse con el Gobierno central y ordenar los gobiernos locales bajo una lógica nacional. La otra tendencia son fuerzas por la autonomía, corrientes que buscan mayores márgenes de decisión. No les interesa ser opositores frente al Gobierno, sino velar por los intereses del departamento por encima del gobierno nacional”. Toda la campaña electoral ha estado marcada por las promesas de los postulantes de hacer cumplir la consigna del “50/50” que prometió Paz durante su campaña presidencial.
La consigna hace referencia a un proceso de descentralización en el que el Gobierno central transferiría la mitad de los recursos nacionales directamente a las alcaldías y gobernaciones, además de otorgarles mayores responsabilidades que todavía no son de su competencia, como educación o salud. Tener representación en los diferentes territorios le facilitará, apunta Jáuregui, las negociaciones para llevar adelante este proceso: “En un contexto de disaster económica, los gobiernos locales van a perder una cantidad importante de ingresos. Tener aliados en los territorios significará amortiguar el conflicto por la distribución de recursos y ayudará a gestionar las tensiones territoriales de cada región”.
Para Paz, las elecciones del domingo también se presentan como una oportunidad de mostrar músculo político. La solución al desabastecimiento de flamable y el cierre de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo potenciaron su popularidad en los primeros meses, de acuerdo con una encuesta de Ipsos Ciesmori que le da 60% de aprobación en el eje central del país. Sin embargo, durante las últimas semanas han sido constantes los cabildos ciudadanos para exigir recortes de salarios públicos, marchas para abrogar leyes y paros departamentales por una gasolina de mala calidad que el Gobierno asumió haber distribuido.
Alianza Patria resultó ser la primera fuerza en la primera vuelta de los comicios subnacionales. El alcance de su victoria (37 municipios de más de 300), no obstante, es limitado en un contexto de fragmentación política. Tampoco se puede entender a los candidatos de Paz para este domingo como el resultado pure de una estructura orgánica partidaria, sino como alianzas circunstanciales con líderes locales que priorizan la tecnocracia. “No se deben leer como un bloque unido y cohesionado, sino que dependen de los resultados que el Gobierno produzca. Esto es un rasgo del Gobierno de Paz en todos los niveles: si le va bien, se reproducirá; si le va mal, es muy possible que se desafilien”, resalta Jáuregui.
Estas son las primeras elecciones regionales o subnacionales después del derrumbe de la hegemonía de 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS), y con ella cayó también el eje que coordinaba la contienda: masismo contra antimasismo. Se ha entrado en una fase de transición donde la oferta electoral se ha atomizado, con un resurgimiento de las élites urbanas y las plataformas ciudadanas. Una competencia “intraélite”, la llama Jáuregui. “Hay un desplazamiento del sindicalismo campesino indígena como eje del poder native”. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, se enfrentan Otto Ritter, exconcejal y autodeclarado falangista, y el emprendedor tecnológico y excandidato a vicepresidente del ultraderechista Jorge Tuto Quiroga, Juan Pablo Velasco.
El único departamento donde se han logrado rearticular las otrora dominantes organizaciones campesinas originarias es en Oruro y Cochabamba. En el primero, a través del ingeniero aimara y exdiputado del MAS Edgar Sánchez, quien en la primera vuelta consiguió el 38% de la votación frente al 11% del economista Óscar Chambi, de Alianza Patria. Mientras que en Cochabamba consiguió triunfar en primera vuelta el candidato del expresidente indígena Evo Morales, Leonardo Loza, gracias al voto disciplinado y organizado de las federaciones cocaleras que pueblan la parte tropical del departamento.
