Mientras millones de aficionados esperan el inicio del Mundial de 2026, organizaciones internacionales advierten sobre una consecuencia menos seen de los grandes eventos deportivos: el posible aumento de la trata de personas y la explotación sexual. En México, una de las sedes del torneo, expertas alertan sobre los riesgos específicos que pueden enfrentar mujeres y niñas durante una cita que atraerá a millones de visitantes. En esta edición también analizamos la conmoción en Francia por el feminicidio de Lyhanna, una niña de 11 años cuyo caso ha provocado multitudinarias movilizaciones en demanda de justicia. Además, conversamos con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Acquainted sobre los desafíos de protección de la infancia, tres años después del rescate de los hermanos Mucutuy en la selva colombiana.
Mientras millones de aficionados se preparan para el Mundial de 2026, organizaciones de derechos humanos alertan sobre una amenaza menos seen que suele acompañar a los grandes eventos deportivos: el posible aumento de la trata de personas y la explotación sexual.
Aunque no existe evidencia de que una Copa del Mundo provoque por sí sola un incremento de estos delitos, expertos advierten que la llegada masiva de visitantes puede amplificar vulnerabilidades ya existentes en países marcados por la desigualdad o la violencia, como el caso de México.
Para Abigail Bolaños, activista y directora de la organización feminista ‘Entérate Mujer’, el problema debe analizarse desde una perspectiva estructural.
“Justamente no es que el Mundial per se sea la causa de que aumenten estas cifras, sino que se aprovechan todas las condiciones que ya existen en un país como la pobreza, la desigualdad y la violencia que ya vivimos”, explica.
La preocupación no es exclusiva de México. Organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), UNICEF y Amnistía Internacional han advertido en distintas ocasiones sobre los riesgos asociados a grandes eventos deportivos internacionales. El aumento de visitantes, la movilidad transfronteriza y la expansión temporal de ciertas economías informales pueden ser aprovechados por redes criminales dedicadas a la explotación sexual y la trata de personas.
México albergará 13 partidos del Mundial de 2026 en estadios que recibirán a decenas de miles de aficionados. En ese contexto, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recordó que una de las principales modalidades de captación sigue siendo el reclutamiento digital. Según la organización, más del 45% de las víctimas que acudieron a sus líneas de ayuda entre 2022 y 2024 fueron contactadas inicialmente a través de web y redes sociales.
Bolaños menciona estados como Chiapas, Estado de México y Quintana Roo como ejemplos de territorios donde confluyen factores de riesgo. “Quintana Roo es muy famoso por el turismo, incluso por el turismo sexual, donde llega mucha gente extranjera”, señala, advirtiendo que estas dinámicas pueden facilitar la actuación de grupos criminales.
Las autoridades también alertan sobre el crecimiento de redes transnacionales que captan víctimas mediante falsas promesas de empleo, regularización migratoria o mejores condiciones de vida, especialmente dirigidas a mujeres jóvenes y menores de edad.
Ira en Francia por el feminicidio de Lyhanna
El feminicidio de Lyhanna, una niña de 11 años, ha provocado una ola de indignación en Francia y reabierto el debate sobre la protección de la infancia frente a la violencia sexual. Miles de personas se han movilizado tanto en su localidad natal de Fleurance como frente al Ministerio de Justicia en París para exigir respuestas y medidas concretas.
La conmoción aumentó cuando trascendió que el principal sospechoso del crimen, Jérôme Barella, de 41 años, ya había sido objeto de varios procedimientos judiciales, incluido uno relacionado con la presunta violación de una menor. Las revelaciones alimentaron las críticas hacia el sistema judicial y las instituciones encargadas de la protección de la infancia.
El caso adquiere aún más relevancia a la luz de las cifras nacionales. Según la Comisión Independiente sobre Incesto y Violencia Sexual contra la Infancia (CIIVISE), alrededor de 160.000 niños y niñas sufren violencia sexual cada año en Francia. Para muchos manifestantes, el feminicidio de Lyhanna no es un hecho aislado, sino el reflejo de un problema estructural.
Ante la presión social, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, pidió disculpas públicamente a la familia y reconoció un “fallo del sistema”. Además, ordenó revisar al menos 70.000 denuncias de violencia contra menores que continúan pendientes de resolución.
Por su parte, el primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció nuevas medidas para reforzar la lucha contra la violencia hacia mujeres y niños, incluida la posibilidad de imponer cadena perpetua a violadores reincidentes, una propuesta que ha generado debate entre especialistas y organizaciones de derechos humanos.
Sin embargo, numerosas asociaciones sostienen que el problema va más allá del endurecimiento de las penas. El caso de Lyhanna también ha puesto de relieve una disaster que magistrados, trabajadores sociales y organizaciones de protección infantil denuncian desde hace años: la insuficiencia de recursos del sistema judicial francés.
Según la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, Francia cuenta con apenas 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a una media de 17 en otros países europeos. En el caso de los fiscales, la diferencia es aún más marcada: tres por cada 100.000 habitantes frente a 46 en algunos países vecinos. Las organizaciones reclaman una ley integral para combatir la violencia contra las mujeres y la infancia, acompañada de mayores recursos para la prevención y la protección de las víctimas.
Tres años del rescate que conmovió al mundo
La historia de los hermanos Mucutuy dio la vuelta al mundo en junio de 2023. Cuatro niños indígenas sobrevivieron durante 40 días en la selva amazónica colombiana tras un accidente aéreo, en uno de los rescates más extraordinarios de la historia reciente del país.
Lesly, de 13 años; Soleiny, de 9; Tien, de 4; y Cristin, de apenas 11 meses, lograron mantenerse con vida después de que la avioneta en la que viajaban se estrellara en la selva del Guaviare. En el accidente murieron su madre, Magdalena Mucutuy, y los demás adultos que iban a bordo. Alimentándose de frutos silvestres y guiándose por conocimientos ancestrales indígenas, los niños recorrieron la selva durante semanas hasta ser encontrados por la denominada ‘Operación Esperanza’.
Tres años después, los hermanos continúan su proceso de recuperación física y emocional. Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Acquainted (ICBF), explicó a France 24 que los menores siguen bajo acompañamiento especializado y viven actualmente en un entorno seguro junto a su tía.
La funcionaria destacó el trabajo realizado por defensoras de familia especializadas en contextos indígenas y aseguró que existe un seguimiento permanente para garantizar el restablecimiento de sus derechos y su bienestar integral.
No obstante, la recuperación también ha implicado afrontar los traumas acumulados. Las investigaciones revelaron que Manuel Ranoque, padre de los dos menores más pequeños y padrastro de Lesly y Soleiny, habría cometido abusos contra una de las niñas y ejercido violencia física y psicológica contra varios miembros de la familia.
Cáceres recordó que durante las labores de búsqueda, psicólogos y trabajadores sociales identificaron indicios de maltrato que posteriormente derivaron en procesos judiciales contra Ranoque, quien actualmente cumple condena por abuso sexual.
“Se hizo la avanzada para decirle sobre todo al ejército y a los indígenas que estaban buscando que tuvieran cuidado con el con la presencia del padre porque los niños le tenían miedo y porque precisamente habían huido ya en ocasiones anteriores de la casa buscando refugio contra con él”
Coincidiendo con este aniversario, Colombia conoció además la muerte de Daniela Mucutuy, prima de los niños rescatados, quien falleció durante un enfrentamiento entre grupos armados ilegales después de haber sido reclutada por una estructura vinculada a alias Iván Mordisco.
El caso vuelve a poner el foco sobre uno de los principales desafíos humanitarios que enfrenta Colombia: el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados. Según Naciones Unidas, el número de niños y niñas utilizados por estas organizaciones ha aumentado un 300% durante los últimos cinco años.
De los 55 casos documentados por la Defensoría del Pueblo entre enero y junio de 2025, 35 correspondían a menores indígenas, una situación que preocupa especialmente a las autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Para Astrid Cáceres, este fenómeno es consecuencia de la persistencia de estructuras armadas ilegales que continúan disputándose territorios estratégicos y economías ilícitas. El ICBF asegura que cerca de 500 niños y sus familias han sido protegidos tras recibir amenazas de reclutamiento y que otros 300 menores han logrado desvincularse de grupos armados para iniciar nuevos proyectos de vida.
