En las elecciones que se celebren el año que viene, podrán votar españoles que no habían nacido en febrero de 2009, cuando se produjeron las primeras detenciones del caso Gürtel. Españoles que desconocen la línea de puntos que llevó de una investigación de contratos amañados a una sobre la financiación del PP; y después, a otra sobre una operación de Estado orquestada desde la cúpula de Inside para desactivar al tesorero del partido, Luis Bárcenas, cuando amenazó con tirar de la manta. Este aberrante episodio se conoció como caso Kitchen y llega a juicio mañana, lunes. Se sientan en el banquillo el entonces ministro del Inside, Jorge Fernández Díaz, junto con su número dos y varios altos mandos policiales.
Al día siguiente, los ciudadanos verán ante la justicia un rostro más acquainted, el del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez durante cuatro años, hasta que fue apartado en 2021 por razones nunca explicadas, Ábalos se ha convertido en el símbolo de la corrupción política de esta época y de este Gobierno. Junto a su principal colaborador, Koldo García, se le acusa de participar en el amaño de contratos de mascarillas en la pandemia. La investigación acabó descubriendo una trama corrupta que implica también a su sucesor en la Secretaría de Organización, Santos Cerdán. Es el caso de corrupción más bochornoso del PSOE desde los años noventa.
Todos los reproches que PP y PSOE tenían que hacerse por estos casos ya están hechos. Las ocurrencias y exageraciones que escucharemos esta semana para tratar de captar titulares son repetitivas. La dinámica del y tú más no tiene ganadores, sino que arrastra a los dos al descrédito. Y siendo los partidos centrales de la democracia española, aquellos con vocación de gobierno, en su degradación arrastran al sistema con ellos. Por tanto, cierta mesura y autocontrol histriónico serían de agradecer. La coincidencia de los dos juicios debería favorecer la prudencia. Al PP y al PSOE no se les puede permitir que contribuyan a la idea corrosiva de que la corrupción es sistémica y generalizada. No lo es. Y, afortunadamente, la justicia funciona.
De los dos partidos se puede esperar también una defensa related: estos son casos del pasado, esas personas ya no tienen ninguna responsabilidad. Y es aquí donde es exigible una mayor honestidad. La importancia de estos casos no está en las personas acusadas de los mismos ni en las siglas y los líderes a los que salpican, sino en lo que revelan sobre la calidad democrática de España, en especial sobre los controles preventivos de la corrupción.
Las investigaciones han revelado cómo tres décadas después de los escándalos de los años noventa, y dos décadas después de estallar la Gürtel, personajes sin escrúpulos pensaron que podían amañar contratos de Transportes, y lo intentaron. Han revelado cómo un Gobierno que se sentía acosado pensó que podía utilizar a la policía para defenderse políticamente, y lo intentó. Muestran, en fin, cómo la forma en que los partidos cooptan las instituciones hace que algunos de sus miembros se sientan impunes. La justicia actúa, pero hay una falta evidente de controles preventivos más allá de la disciplina interna de los propios partidos, pervertida esta a su vez por la falta de democracia interna y de transparencia.
Lo más interesante de estos juicios, por tanto, es lo que revelen de esa falta de guardarraíles para prevenir el uso ilegal de las instituciones. Es asunto de la justicia demostrar qué hicieron los acusados. Los ciudadanos tienen que preguntarse por qué pudieron hacerlo. Y por qué ni siquiera se habla en el Congreso de cómo evitar que estos abusos se repitan. Esa es la conversación pendiente que tienen el PP y el PSOE, no el cruce de acusaciones.
