Nicolás Maduro, el expresidente de Venezuela que en enero fue capturado por las fuerzas estadounidenses y llevado a una prisión de Nueva York, se enfrenta a nuevas dificultades en su complicado proceso judicial. La Fiscalía federal de Miami estudia una nueva investigación penal contra el exmandatario, según han publicado en los últimos días medios como CBS y Reuters. No está claro si esa investigación dará lugar a cargos adicionales.
Las nuevas pesquisas llegan tras las crecientes dudas en torno a la viabilidad del proceso abierto con la detención el pasado 3 de enero de Maduro y su esposa, Cilia Flores, por la dificultad de demostrar los cargos presentados en su contra. Hasta este martes, Maduro y Flores se enfrentaban en Nueva York a cargos por narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego. Ahora al exmandatario se le abre un nuevo frente judicial. La noticia fue adelantada por el canal estadounidense CBS.
Esta segunda investigación, impulsada por la oficina de la Fiscalía de Miami, lleva en marcha varios meses, según dos fuentes citadas por Reuters, una del Departamento de Justicia y otra cercana a la investigación.
Estos nuevos cargos se conocen a los pocos días de que el Gobierno de Venezuela anunciara la deportación del empresario colombiano Alex Saab, uno de los principales operadores financieros de Maduro y antiguo ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela.
La orden contra Maduro, emitida por altos funcionarios del Departamento de Justicia, se dictó cuando el exmandatario ya se encontraba bajo custodia en relación con los cargos presentados en Nueva York, según indica la cadena CBS, citando fuentes anónimas.
La nueva investigación se abrió formalmente alrededor de marzo, según las fuentes del canal estadounidense. Para supervisar las diligencias fue asignado Michael Berger, un respetado fiscal con sede en Miami especializado en casos penales internacionales, quien trabaja junto a varios agentes del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Safety Investigations). La División de Investigaciones Criminales del IRS (el servicio de impuestos internos) también participa en el caso.
Hasta hace poco protegido por el régimen, Saab cayó en desgracia tras la captura del mandatario venezolano el pasado 3 de enero. Al mes siguiente fue detenido en extrañas circunstancias. Desde entonces se desconocía su paradero y los cargos que se le imputan. La justicia estadounidense imputa ahora a Saab por su presunto papel en una trama de conspiración para el lavado de dinero, vinculada a un programa venezolano de asistencia alimentaria pública.
Al llegar este lunes a un tribunal federal de Miami, se informó a Saab de que se le acusa de sobornar a altos funcionarios para enriquecerse con lucrativos contratos gubernamentales. Según el documento de la imputación, Saab conspiró, presuntamente, con otros para sobornar a funcionarios públicos venezolanos con el fin de obtener lucrativos contratos del Comité Native de Abastecimiento y Producción (CLAP) para la importación de alimentos a Venezuela.
Saab ya había cumplido dos años de prisión en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, tras haber sido extraditado desde Cabo Verde. Sin embargo, en 2023, el entonces presidente de Estados Unido, Joe Biden, le concedió el indulto, y Saab fue devuelto a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros con el Gobierno de Maduro.
La caída de Saab se produce en un entorno en el que las relaciones entre Washington y Caracas -hasta el pasado enero enemigos acérrimos- par+sa por una luna de miel. En una muestra más de ese deshielo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó el pasado abril las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La Administración de Donald Trump eliminó el nombre de Delcy Rodríguez de “la lista principal de sanciones de Estados Unidos, sección de nacionales especialmente designados (SDN, en sus siglas en inglés)”, en la que figuran aquellos mandatarios o personajes sometidos a sanciones financieras por parte de Estados Unidos.
