Los expertos de Trabajo piden que la responsabilidad social pese más en la contratación pública y ayudas para que las pymes cumplan | Economía

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó en abril del año pasado un grupo de expertos al que hizo un encargo: analizar y actualizar el marco normativo sobre responsabilidad social de las empresas. Les pidió un informe que se ha presentado este miércoles en el ministerio y que contiene 100 propuestas de mejora, entre las que destacan dar más peso a la responsabilidad social en la selección de la contratación pública, ayudas para que las pymes puedan cumplir con estos requisitos, fomentar que las compañías paguen más a los directivos comprometidos, más protección para los empleados que denuncien fallas o articular compensaciones para las comunidades afectadas por los proyectos de multinacionales en el extranjero. Trabajo anunció que el informe sería la base previa para abrir una negociación con los agentes sociales que acabe conduciendo a una reforma legislativa. La misma tiene escasas opciones de éxito, dada la mayoría de la derecha en el Congreso y el rechazo patronal a las propuestas de Díaz.

“Este riguroso informe”, ha dicho Díaz, “es absolutamente oportuno por los cambios geoestratégicos y la disaster del multilateralismo en el mundo”. “Las empresas deben corresponsabilizarse en las democracias con los derechos humanos, con el medio ambiente y los derechos del trabajo”, ha agregado la vicepresidenta segunda en la presentación del informe, donde ha criticado a la Comisión Europea por “poner en cuestión” estos valores. Díaz ha cargado contra el Ejecutivo comunitario por sus recientes proyectos de simplificación administrativa, que en su opinión esconden una rebaja de las exigencias europeas a las empresas. “No estamos de acuerdo”, ha afirmado.

La primera de las 100 medidas que componen el informe es que las empresas “deberán asumir un compromiso de respeto de los derechos humanos”. Esta promesa se concretaría “incorporando dichos compromisos a través de los contratos comerciales, especialmente los que desarrollan su actividad en terceros países”. Para favorecer ese deber, los expertos defienden la “garantía de indemnidad de las personas informantes sobre prácticas contrarias a los derechos humanos”. Es decir, que las personas que adviertan incumplimientos no sufran castigos de la empresa por informar al respecto. El Gobierno acaba de legislar en el mismo sentido para proteger a los denunciantes de corrupción política o empresarial.

El informe insiste en la importancia de la igualdad de trato a todos los niveles, con especial atención a los países en los que menos esté garantizada. Por ello reclama a las empresas, “en especial las transnacionales vinculadas al territorio español”, que apliquen la responsabilidad social “en toda su cadena de valor, de modo que las personas trabajadoras pertenecientes a pueblos originarios gocen de unos sistemas de contratación y unas condiciones de empleo propios del trabajo decente”. En la misma línea, proponen articular la “consulta previa a las representaciones de los pueblos originarios” cuando los proyectos se desarrollen en sus comunidades, así como “garantizar la reparación y compensación de los daños materiales y morales causados”.

En busca de que estos factores sean tenidos en cuenta, los autores del informe sugieren fomentar los complementos retributivos para directivos a favor de la responsabilidad social, así como una trasposición “amplia” de la directiva europea de diligencia debida de las empresas —que depende del Ministerio de Economía—, la creación de comités de partes interesadas, sistemas de alerta interna en las compañías y una mayor participación sindical en estas materias. Para ello piden más recursos para los sindicatos: “Deben tener acceso a los medios adecuados para el desempeño eficaz de sus funciones, como tiempo remunerado para cumplir con sus obligaciones sindicales, acceso a asesoramiento especializado financiado y espacios adecuados para reunirse”. Los especialistas también reclaman que sea obligatorio negociar protocolos de acoso laboral en los convenios y coordinar la prevención de riesgos laborales con la sostenibilidad ambiental.

Cumplir con estas exigencias es más difícil para las pequeñas y medianas empresas. Por ello, el informe plantea establecer subvenciones públicas para ayudarlas, como el lanzamiento de “un Package de Sostenibilidad, similar al Kit Digital, que financie la capacitación y la puesta en marcha de acciones clave en materia de responsabilidad social, así como de planes de transición y de mejora”. Para profundizar en esa concept, también se aconseja “habilitar líneas de crédito blandas, avales o garantías para aquellas pymes que acrediten llevar a cabo acciones de responsabilidad social de acuerdo con los estándares y certificaciones más reconocidos”.

Otra de las claves de la propuesta es profundizar en la exigencia de responsabilidad social en la contratación pública. El informe recomienda “definir objetivos sobre los que se va a incidir a través de la contratación pública desde una perspectiva laboral, social, ambiental y de eficiencia económica”. Entre ellos, menciona el trabajo decente, la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la lucha contra el cambio climático o el comercio ético. Van más allá y requiere “reforzar el cumplimiento efectivo de las previsiones legales en materia de exclusión de los procesos de licitación pública a las empresas que hayan sido sancionadas, con carácter firme, por infracción grave en materia profesional, que ponga en entredicho su integridad”. Con el objetivo de velar por el desarrollo de estas políticas, los expertos recomiendan la creación de una autoridad independiente supervisora.

El informe ha sido coordinado por Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. También han participado María del Mar Alonso-Almeida (catedrática de Organización de Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid), Margarita Barañano (profesora de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid), Silvia Borelli (profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Ferrara), Marta de la Cuesta (catedrática de Economía Aplicada en la UNED), Isabelle Daugareilh (directora de investigación del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia), Beatriz Fernández (profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá), Lára Jóhannsdóttir (profesora de Responsabilidad Social Empresarial en la Universidad de Islandia), Wilfredo Sanguineti (catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Socialen la Universidad de Salamanca) y Orencio Vázquez (profesor de Economía Aplicada en la UNED).