La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una orden de búsqueda y captura contra Ana María O., principal acusada en una presunta macroestafa vinculada a viajes y paquetes VIP para asistir a carreras del campeonato del mundo de MotoGP.
La ausencia de la principal procesada en el arranque de la vista oral esta semana llevó al tribunal a acordar su búsqueda y detención para garantizar su presencia en el proceso judicial. Su pareja, también acusada en el juicio, declarará el próximo miércoles.
Estafa
La pareja de la acusada declarará este miércoles
Ana María O. construyó durante años una imagen de empresaria de éxito rodeada de contactos influyentes, reuniones exclusivas y grandes cifras de facturación. Aseguraban tener relación directa con la familia Hidalgo, propietaria de Globalia, y con Dorna Sports activities, organizadora del Mundial de MotoGP. También afirmaban mover cifras millonarias y operar a gran escala desde su agencia Aupa Journey S.L.
En la vista oral, comparecieron esta semana varios perjudicados, entre ellos representantes de empresas y particulares que aseguran haber entregado grandes cantidades de dinero a la agencia Aupa Journey S.L., convencidos de que adquirían paquetes exclusivos para acudir a circuitos internacionales como Silverstone, en Inglaterra, o Misano, en Italia.
La Fiscalía de Madrid solicita nueve años de prisión para Ana María O. y siete para su pareja, Eduardo, al considerar que ambos idearon “un entramado para captar clientes utilizando una falsa imagen de solvencia empresarial y supuestos vínculos con grandes compañías del sector turístico y del motociclismo”.
Durante la primera jornada del juicio, declaró el administrador único de dos de las empresas perjudicadas, quien explicó al tribunal que llegó a pagar más de 500.000 euros por distintos viajes destinados a clientes de su negocio.
Estafa
En la primera jornada, un empresario contó cómo había pagado más de 500.000 euros por distintos viajes que nunca se celebraron
Según relató ante el tribunal, conoció a Ana María y a su marido en 2019 a través de un sobrino y comenzó a coincidir con ellos en reuniones familiares. Allí, la pareja presumía de tener relación directa con la familia Hidalgo, propietaria de Globalia, y con Dorna Sports activities, organizadora del campeonato de MotoGP.
Los viajes incluían entradas para carreras internacionales, vuelos, hoteles y seguros de cancelación supuestamente respaldados por AXA Seguros. Incluso, según declaró, recibieron documentación con sellos de Globalia que reforzaban la apariencia de legalidad de la operación.
Sin embargo, los desplazamientos nunca llegaron a realizarse y el dinero tampoco fue devuelto. Los afectados recibieron posteriormente certificados de deuda, pero jamás recuperaron las cantidades abonadas.
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Los viajes incluían entradas para carreras internacionales, vuelos, hoteles y seguros de cancelación
La investigación sostiene que la pareja aprovechó las cancelaciones derivadas de la pandemia en 2020 para continuar obteniendo dinero de las víctimas.
Según el escrito de acusación, tras suspenderse los campeonatos, Ana María O. aseguró a los clientes que iniciaría trámites con las aseguradoras para recuperar las cantidades pagadas. Pero antes les exigió nuevos ingresos bajo conceptos como “gastos de cancelación”, “timbres” o incluso pagos relacionados con el “Banco de España”. Algunos perjudicados llegaron a pagar además supuestos importes de IRPF para desbloquear las indemnizaciones.
La Fiscalía considera que todo formaba parte de una estrategia para seguir obteniendo dinero pese a que los acusados sabían que no iban a devolverlo.
El Ministerio Público sostiene que la empresa Aupa Journey S.L., administrada formalmente por Eduardo y propiedad de Ana María O., simuló una estructura empresarial sólida y acuerdos inexistentes con grandes compañías del sector. Entre las víctimas figuran dos sociedades mercantiles y cuatro particulares, que habrían entregado más de 730.000 euros en complete.
La Fiscalía solicita además una multa de casi 2,9 millones de euros para la sociedad mercantil y reclama que los acusados indemnicen a los perjudicados por todas las cantidades supuestamente defraudadas.
