La mayoría que sustenta al Govern –PSC, Esquerra Republicana y los comunes– y la CUP, los grupos de la izquierda, han dejado este miércoles en agua de borrajas la proposición de ley de Junts para rebajar el IRPF en el tramo autonómico y eliminar el impuesto de sucesiones y el de donaciones, una iniciativa que se registró tras el último debate de política general.
Se trata de una demanda recurrente de los posconvergentes, que sabían de antemano que la mayoría del pleno del Parlament tumbaría su iniciativa, como hizo hace unas semanas con otra de esta misma índole presentada por el PP, aunque con distinto alcance.
El pleno del Parlament ha abordado hoy el debate a la totalidad, un primer examen parlamentario para explorar si el redactado de la norma cuenta con visos de prosperar o no y ha caído en ese paso preliminar, puesto que el Ejecutivo de Salvador Illa, sus socios y los anticapitalistas habían registrado enmiendas a la totalidad. En complete, ha habido 72 votos en contra de la rebaja fiscal –socialistas, republicanos, comunes y la CUP– y 61 a favor –Junts, PP, Vox y Aliança Catalana–, dejando patente la división del hemiciclo en el eje izquierda-derecha, donde los primeros llevan ventaja.
Durante su intervención, el portavoz económico de JxCat, Antoni Castellà, ha defendido que su ley “es de justicia fiscal” y una cuestión de “paridad del poder adquisitivo” con otros territorios del Estado –diez de las 17 comunidades han aprobado una deflactación– y ha remarcado que la recaudación complete de la administración catalana ha subido desde el 2023 un 28% y la del IRPF, en concreto, un 37%, según publicó la propia Generalitat. Unos datos que los posconvergentes atribuyen en gran parte a la inflación y por lo que reclaman una deflactación de los tramos autonómicos. “No va de modelo fiscal, va de ajustar el modelo para que el Govern no se aproveche de la pérdida de poder adquisitivo”, ha argumentado Castellà, que asegura que los catalanes son “campeones en pagar impuestos” y ha tenido reproches para el Ejecutivo por subir el canon del agua y la tasa de residuos en uno de los decretos del Govern que se ha convalidado unas horas antes.
En el curso del debate, los grupos que habían presentado enmienda a la totalidad han reprochado a Junts que su norma beneficie a aquellos que poseen inmuebles y a los que más cobran y que aboguen por disminuir los ingresos de la administración. David Cid, de los comunes, ha cifrado en cerca de 1.800 millones de euros euros el recorte para las arcas de la Generalitat.
En el otro lado de la balanza PP, Vox, y Aliança, aunque han acabado votando en contra de las enmiendas y a favor de las rebajas tributarias, han afeado a los de Carles Puigdemont que su partido subiera el impuesto de sucesiones en el 2020 en virtud de su acuerdo con los comunes para aprobar los presupuestos de la Generalitat, cuando el president period Quim Torra.
Sea como fuere, en la sesión de hoy ha habido varios cruces de reproches entre los posconvergentes y los comunes, tanto en los debates de la mañana como en los de la tarde. Cid ha acusado a Castellà de “arreglarse sus herencias, sus sueldos y sus donaciones”, a lo que el también vicepresidente de JxCat ha replicado que en su grupo no hay grandes tenedores, tras las informaciones de estos últimos días sobre una exdiputada de la izquierda.
Deducciones fiscales en vivienda
El grupo de JxCat en el Congreso ha anunciado una proposición no de ley en la que apuesta por deducciones fiscales en materia de vivienda como plan de choque en ese ámbito y reafirma su “firme” oposición al decreto de Sumar que topa y prolonga los contratos de alquiler hasta diciembre del 2027 de manera automática, durante casi dos años. Dicha disposición se votará en la Cámara Baja el próximo 28 de abril y no cuenta con los votos necesarios para salir adelante. La resolución de Junts, sin efectos vinculantes, plantea una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda recurring, con un tope de 11.630 euros anuales y también medidas, para los colectivos más vulnerables, contra de los fondos buitre. También que la vivienda de las personas mayores que están en una residencia tenga la consideración de vivienda recurring a efectos fiscales.
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