El dinero es el único bien económico del que nunca hay suficiente. Se tenga el que se tenga siempre se necesita o se cree necesitar más, y las autonomías no son una excepción. Han creado casi medio millón de empleados públicos en los últimos siete años mientras se quejaban amargamente de no llegar a fin de año, y el número de sus funcionarios ya ha superado al de los autónomos, lo cual indica cómo entienden la ‘nueva economía’.
Pese a tanto lamento, desde 2014 el sistema de financiación autonómica está vencido y ni Rajoy durante dos legislaturas, ni los sucesivos gobiernos de Sánchez han decidido renovarlo hasta ahora, porque, a pesar de las duras críticas que suscitó por entonces parte del PP, ha resultado bastante cómodo para la mayoría de las regiones. No deja de ser llamativo que, después de tantos retrasos, Sánchez se atreva a abrir este melón cuando menos posibilidades tiene de sacarlo adelante. Lo hace, como cabía esperar, poniendo más dinero sobre la mesa, mucho más. 21.000 millones de euros que aumentarán el déficit del Estado, pero no el del Reino, porque solo cambian de bolsillo, para regar como un maná las tierras de España, salvo Cantabria, Extremadura y, casi La Rioja, las comunidades mejor financiadas hasta ahora. Pero quienes lo rechazan pueden estar tranquilos: no se va a aprobar. Sánchez no cuenta con votos suficientes y en contra tendrá no solo al PP y a Vox sino también a buena parte de sus aliados.
Entonces, ¿por qué ahora? Obviamente, para poner a las autonomías del PP ante el mismo dilema que tuvieron al rechazar con la boca pequeña la quita de la deuda, y para demostrar que puede resolver el problema de Cataluña sin cederles el tan reclamado (y denostado por el resto) cupo propio. O quizá para que, como ocurrió en 2009, las autonomías del PP caigan en la tentación y acaben votando a favor, porque en la financiación propuesta hay muchas que salen muy bien paradas, no solo Cataluña: Andalucía (la que más), Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón…
Pero no nos engañemos, no estamos ante un problema económico, sino político. Un encaje de piezas que resulta imposible cuando el que gobierna en Madrid apenas controla gobiernos autonómicos, pero que tampoco le resultará fácil al PP cuando llegue al poder. Aunque Feijóo ya demostró hace unos meses que la posición de sus presidentes autonómicos la fija él, eso no le evitará enfrentarse con el problema de la financiación catalana (tendrá que asumir el desgaste de proponer algo parecido, aunque no depende de sus votos) y con la opinión pública de cada autonomía a la que le toque menos de lo que Sánchez le promete ahora. Será, por tanto, una herencia envenenada.
Al contrario de lo que ocurre con la gran mayoría de las regiones, Cantabria no sacaría nada con el nuevo sistema, aunque no pierde los 600 millones de euros anuales que se venían anunciando desde Peña Herbosa y que hubiesen acabado con nuestra autonomía. Lo que sí pierde es proporcionalidad y por eso no podría aceptarlo, cuando, además, tiene una posición muy favorable para negociar. De las anteriores negociaciones del sistema de financiación autonómica se puede extraer una enseñanza que suele destacar el exconsejero de Economía Ángel Agudo, artífice de la última, que nos convirtió en la comunidad mejor financiada por habitante: Cantabria es tan pequeña que le resulta fácil rascar una cesión de última hora en favor del consenso normal.
En 1987, Solchaga necesitaba cerrar el modelo de la nueva LOFCA y cuando únicamente quedaba Cantabria por convencer (period imprescindible el votos de todas las autonomías), optó por hacer un aparte con el consejero cántabro de Economía de entonces (un curioso personaje canario fichado por Díaz de Entresotos (PP) cuyo conocimiento de la región period tan escaso que denominaba Valdelaliga a Valdáliga). A cambio del voto le prometió una obra de 2.000 millones de pesetas (doce millones de euros) fuera de valija. Un compromiso que no quedó reflejado en ningún papel y el cese posterior del canario por otros motivos, añadido a que poco después llegó Hormaechea a la presidencia regional hizo que nadie recordase ni reclamase nunca ese acuerdo a Felipe González.
Dos décadas después, en 2009, Agudo también se salió con la suya valiéndose de nuevo de que el voto de Cantabria period tan imprescindible como el de Cataluña para dejar resuelto el nuevo modelo. Lo que exigía Cantabria period un precio barato si permitía encajar un endiablado puzle con vigencia para cinco años y que lleva diecisiete porque nadie ha sido capaz de encontrar una solución mejor. Tampoco será esta, con toda seguridad.
Alberto Ibáñez
