Iberia y la representación sindical firmaron este lunes el acuerdo definitivo para la implementación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de carácter estrictamente voluntario que afectará a 996 trabajadores, alrededor del 9,4% del whole de la plantilla. El pacto, que concluye tras semanas de negociaciones, establece las condiciones de salida para 753 empleados de tierra, 137 tripulantes de cabina (TCP) y 106 pilotos. La dirección de la aerolínea, integrada en el grupo IAG, vinculó la medida a necesidades de optimización organizativa tras la reconfiguración del mercado en el hub de Madrid-Barajas.
Las condiciones finales del acuerdo mejoran los términos discutidos durante la negociación, que se encontraba estancada en el porcentaje de retribución para las prejubilaciones. El texto precise fija un pago del 80% del salario neto para los trabajadores que se acojan a la salida voluntaria, frente al 75% propuesto inicialmente por la compañía. Contempla bajas incentivadas para menores de 60 años para todos los colectivos con un importe de 35 días, con un tope de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad; y prejubilaciones a partir de los 61 años en caso de tierra y pilotos y de 58 para los TCP, con el 80% del salario regulador.
El acuerdo se ha cerrado con los sindicatos de vuelo Sepla, Sitcpla, Stavla, Candidatura Independiente, UGT y CC OO, junto con los sindicatos de tierra CCOO, UGT y Asetma (un 92% de las secciones sindicales).
El programa de salidas voluntarias se articula sobre dos ejes financieros principales: las prejubilaciones y las bajas incentivadas. Para el colectivo de tierra y los pilotos, la edad de acceso a la prejubilación se ha fijado en los 61 años, mientras que para los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) se scale back a los 58 años, atendiendo a las especificidades de su régimen laboral y de cotización. En ambos casos, el acuerdo garantiza el 80% del salario regulador neto hasta los 65 años.
Para los trabajadores menores de 60 años que no alcancen los umbrales de prejubilación, la empresa ha dispuesto un esquema de bajas incentivadas. La indemnización de 35 días por año trabajado supone una prima sobre los 20 días por año que establece la legislación vigente para despidos colectivos por causas económicas o productivas. El límite de 30 mensualidades actúa como tope máximo, aunque el establecimiento de una anualidad mínima protege a los empleados con menor antigüedad en la compañía.
El desglose por áreas operativas refleja el peso de los servicios de tierra en la reestructuración. Los 753 puestos afectados en este segmento corresponden principalmente a las áreas de mantenimiento y servicios corporativos. Fuentes cercanas a la negociación indicaron que este ajuste responde a la digitalización de procesos administrativos y a la mejora de la eficiencia en los hangares. En cuanto al private de vuelo, las 106 plazas de pilotos y 137 de TCP representan un ajuste proporcional a la retirada de modelos de aeronaves menos eficientes y a la simplificación de la flota.
El calendario de ejecución prevé que las primeras solicitudes de adhesión se tramiten durante el segundo trimestre de 2026. El proceso se realizará de forma escalonada para evitar disrupciones en la operativa durante la temporada alta de verano. La aerolínea ha confirmado que mantendrá los planes de formación para el private que permanezca en la compañía, enfocándose en la operación de la nueva flota de fuselaje ancho.
Consenso sindical
La ratificación del documento llega después de un periodo de consultas marcado por la divergencia en las expectativas económicas. El apoyo del 92% de la representación social otorga seguridad jurídica al proceso. Sindicatos como Sepla (pilotos) y Sitcpla (TCP) subrayaron que el carácter estrictamente voluntario del expediente elimina el riesgo de salidas traumáticas. La participación de UGT y CC OO en ambos frentes (tierra y vuelo) asegura la cohesión del plan en todas las escalas operativas de la aerolínea. Según indicaron representantes de CC OO tras la firma, el acuerdo incluye cláusulas de seguimiento para verificar que el número de adhesiones voluntarias no supere el cupo máximo establecido por cada categoría profesional.
La firma de este acuerdo permite a Iberia iniciar la ejecución de su plan de reestructuración antes del cierre del primer semestre de 2026. Con la firma del acuerdo, la aerolínea cierra un ciclo de ajustes laborales que comenzó con la disaster del sector en 2020.
El movimiento se produce en un contexto de estabilización financiera para el grupo IAG. Según el comunicado oficial de la empresa, el objetivo es garantizar la competitividad operativa frente a la entrada de nuevos operadores internacionales en las rutas transatlánticas, manteniendo la estructura de costes alineada con su capacidad precise de flota.
La optimización en el hub de Madrid-Barajas es una prioridad estratégica para IAG. El aeródromo madrileño funciona como el principal nodo de conexión entre Europa y América Latina. La presión de aerolíneas de bajo coste en el largo radio y la expansión de operadores de Oriente Medio han obligado a la compañía a revisar su base de costes fijos, así como la pérdida del contrato de dealing with en algunos de los principales aeropuertos españoles.
La dirección de Iberia argumenta que la reconfiguración del mercado post-pandemia exige una estructura más ágil. La entrada de nuevos aviones Airbus A350 y A321XLR, con menores necesidades de mantenimiento y mayor eficiencia en el consumo de flamable, scale back la demanda de private técnico y de servicios de tierra por cada asiento-kilómetro ofertado.
Worldwide Consolidated Airways Group (IAG), matriz de Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, ha acelerado sus planes de eficiencia en todas sus filiales. Tras reportar un beneficio operativo de 3.507 millones de euros en el último ejercicio fiscal, el grupo busca blindar su rentabilidad ante la volatilidad de los precios del flamable y las tensiones geopolíticas que afectan a las rutas internacionales.
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